El presidente de Colombia pone fin a las mesas abiertas por Gustavo Petro con varias organizaciones ilegales, revoca las credenciales de los negociadores y da por agotada la vía del diálogo ante la falta de avances.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decidido cerrar varios de los procesos de diálogo con grupos armados ilegales impulsados durante el mandato de Gustavo Petro, dando así un golpe definitivo a una parte de la política de “paz total” que marcó la anterior etapa presidencial.
La decisión afecta a varias mesas de negociación y espacios de conversación sociojurídica que, según el nuevo Gobierno, no lograron acreditar una voluntad real de paz ni avances suficientes hacia la desmovilización y la reinserción.
Además de poner fin formalmente a esos procesos, el Ejecutivo ha revocado los nombramientos de los representantes del Gobierno y los reconocimientos concedidos a los delegados de las organizaciones armadas que participaban en las conversaciones.
De la Espriella cierra las mesas por “ausencia de voluntad de paz”
El Gobierno colombiano sostiene que el presidente de la República tiene la facultad constitucional de decidir cuándo, cómo y con quién se desarrollan acercamientos o conversaciones de paz.
Con ese argumento, la Presidencia ha aprobado varias resoluciones para dar por terminadas las mesas abiertas con distintos grupos armados.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
La justificación oficial se resume en una idea: “ausencia de voluntad de paz”.
Qué grupos quedan fuera del proceso de negociación
Uno de los actores afectados es el EMBF, surgido del entorno de las disidencias de las antiguas FARC.
Este grupo había formado parte del Estado Mayor Central (EMC), considerado durante años una de las principales estructuras disidentes de la antigua guerrilla, aunque posteriormente se separó tras discrepancias internas sobre la continuidad de las negociaciones con el Gobierno de Petro.
También queda fuera de las conversaciones la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización formada a partir de una escisión de la llamada Segunda Marquetalia.
La CNEB está integrada por estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
Según una de las resoluciones citadas, durante el desarrollo de la mesa se produjeron hechos que debilitaron el proceso hasta el punto de que el Gobierno concluyó que no podía seguir constatándose una voluntad real de paz y reincorporación a la vida civil.
Revocadas las credenciales de negociadores y delegados
La ruptura no se limita a una declaración política.
El Gobierno también ha decidido retirar formalmente las credenciales de los funcionarios y negociadores designados para representar al Estado en estos procesos.
Del mismo modo, ha dejado sin efecto el reconocimiento concedido a los delegados de los grupos armados para participar en las mesas.
Uno de los afectados es Armando Novoa, que ejercía como jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la CNEB.
Novoa calificó la decisión de innecesaria al considerar que los representantes gubernamentales ya habían presentado su renuncia irrevocable el 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión de De la Espriella.
El fin de una de las principales apuestas de Petro
La llamada “paz total” fue una de las principales banderas políticas de Gustavo Petro.
El proyecto pretendía abrir simultáneamente vías de negociación con distintas guerrillas, disidencias y organizaciones criminales con el objetivo de reducir la violencia y avanzar hacia procesos de desmovilización.
Sin embargo, varios de esos contactos terminaron debilitándose o suspendiéndose.
Entre ellos estuvieron los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el propio Estado Mayor Central, procesos que ya habían atravesado crisis durante la etapa de Petro por incumplimientos, enfrentamientos internos y acusaciones de falta de voluntad negociadora.
La estrategia también contemplaba conversaciones con disidencias de las FARC y fórmulas de sometimiento a la Justicia para organizaciones como el Clan del Golfo, una de las mayores estructuras criminales del país.
De la Espriella cambia por completo la estrategia de seguridad
El nuevo presidente ya había anticipado durante la campaña y antes de asumir el cargo que no mantendría el mismo modelo.
De la Espriella aseguró que su Gobierno no ofrecería “concesiones inaceptables” a organizaciones armadas y defendió una estrategia basada en un endurecimiento de la política de seguridad.
En su discurso de investidura llegó a señalar que, a su juicio, “la opción del diálogo está completamente agotada” con los grupos armados ilegales.
El cierre de las mesas confirma ahora ese giro.
Colombia pasa así de una estrategia centrada en intentar negociar simultáneamente con diferentes actores armados a una política que previsiblemente dará mayor protagonismo a las operaciones militares, policiales y judiciales.
Una decisión que abre un nuevo escenario en Colombia
El gran interrogante es qué efectos tendrá el cierre de estas negociaciones sobre el terreno.
Los defensores de la política de Petro argumentaron durante años que negociar podía reducir la violencia en determinadas regiones y ofrecer una vía de salida a grupos armados enquistados durante décadas.
Sus críticos, en cambio, denunciaron que algunas organizaciones aprovecharon los procesos para ganar tiempo, reforzar sus estructuras o expandir su control territorial sin asumir compromisos suficientes.
De la Espriella se ha alineado claramente con esta segunda interpretación.
Con las nuevas resoluciones, el presidente da por terminada una parte esencial del modelo de “paz total” heredado de Gustavo Petro y marca una ruptura nítida con su antecesor.
El mensaje del nuevo Ejecutivo es inequívoco: sin una voluntad verificable de abandonar las armas, no habrá mesa de negociación.
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