El CGPJ afronta una profunda renovación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mientras José Ricardo de Prada y Silvina Bacigalupo aparecen entre los candidatos que generan mayor atención política y judicial.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, uno de los órganos judiciales más relevantes de España por su competencia sobre causas penales y aforados, afronta una renovación de gran envergadura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá cubrir varias plazas en los próximos meses mientras continúan las jubilaciones y se incorpora una nueva plaza creada para ampliar la composición de la Sala.
Entre los nombres que concentran mayor atención aparecen el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y la catedrática de Derecho Penal Silvina Bacigalupo.
Libertad Digital, citando fuentes jurídicas no identificadas, sostiene que ambos figuran entre los aspirantes que contarían con especial respaldo dentro del sector progresista del CGPJ y los vincula políticamente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esa caracterización no constituye una posición oficial del Gobierno ni del Consejo y debe atribuirse a dichas fuentes.
Lo que sí está confirmado es que ambos forman parte de los procesos para cubrir plazas de la Sala de lo Penal del Supremo, en un momento en que el CGPJ examina a decenas de candidatos y se prepara para negociar unos nombramientos que requieren una mayoría cualificada.
El CGPJ afronta una renovación extraordinaria de la Sala Segunda
El alcance de los nombramientos resulta excepcional.
El 7 de septiembre, Servimedia informó de que 27 magistrados aspiraban a tres vacantes de la Sala Penal y que las comparecencias ante la Comisión de Calificación del CGPJ se extenderían hasta el 22 de septiembre.
A estas plazas se suma ahora otra.
El 16 de septiembre, el CGPJ acordó convocar una nueva plaza en la Sala Segunda creada después de que el Gobierno aprobara mediante real decreto una ampliación de unidades judiciales. La Sala debía contar hasta ahora con 15 integrantes y pasará a disponer de 16 plazas.
El escenario se complica por las jubilaciones.
La plaza de Miguel Colmenero, jubilado en 2023, seguía pendiente de cubrirse. Durante 2026 se han añadido o añadirán las vacantes derivadas de las jubilaciones de Ángel Luis Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo, mientras existen otras retiradas previstas posteriormente.
El propio BOE confirma, por ejemplo, que el CGPJ convocó el pasado 27 de mayo una plaza correspondiente al turno general por la próxima jubilación de Andrés Palomo del Arco.
Otra convocatoria correspondía a la jubilación de Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
Por qué estos nombramientos tienen tanta trascendencia
La Sala Segunda no es una sala más dentro del Tribunal Supremo.
Entre sus competencias figura resolver recursos en materia penal y también instruir o enjuiciar procedimientos que afectan a determinados aforados, entre ellos miembros del Gobierno, diputados y senadores cuando corresponde legalmente.
Además, fija jurisprudencia en cuestiones penales que posteriormente condiciona la actuación de tribunales inferiores.
La sustitución simultánea de numerosos magistrados puede, por tanto, modificar durante años la composición personal de una de las instituciones judiciales con mayor capacidad de influencia sobre la interpretación del Derecho penal.
Eso explica que las negociaciones internas del CGPJ reciban una atención política muy superior a la habitual.
Sin embargo, la selección no corresponde al Ejecutivo.
Los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados a propuesta del CGPJ, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el reglamento aplicable a los nombramientos discrecionales.
José Ricardo de Prada, uno de los aspirantes más conocidos
José Ricardo de Prada Solaesa es uno de los candidatos con un perfil público más elevado.
Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha intervenido durante su carrera en procedimientos de enorme repercusión, entre ellos la primera gran sentencia del caso Gürtel.
Precisamente esa resolución explica buena parte de la controversia política que rodea ahora su candidatura.
La sentencia de 2018 cuestionó la credibilidad de varios dirigentes del Partido Popular que habían negado la existencia de una contabilidad paralela en la formación y concluyó que existía una “estructura financiera y contable paralela a la oficial”.
Entre quienes habían declarado como testigos figuraba el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El fallo tuvo una enorme repercusión política y fue utilizado pocos días después durante la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Rajoy.
Sin embargo, atribuir a un solo magistrado la caída del Gobierno de Rajoy sería impreciso: la sentencia fue dictada por un tribunal colegiado, y la moción de censura fue posteriormente decidida mediante una votación del Congreso de los Diputados.
Qué dijo después el Supremo sobre la sentencia de Gürtel
El Tribunal Supremo confirmó en 2020 la parte esencial de las condenas de la primera época de Gürtel y mantuvo la responsabilidad civil del PP como partícipe a título lucrativo.
Al mismo tiempo, aceptó parcialmente una de las objeciones planteadas por la formación sobre las referencias a su contabilidad paralela.
El Supremo consideró que determinadas afirmaciones sobre la denominada “caja B” excedían el objeto concreto del procedimiento, ya que esa responsabilidad penal no se estaba juzgando en aquella causa y, por tanto, no había existido acusación ni defensa sobre esa cuestión específica.
No obstante, también señaló que la Audiencia había dispuesto de prueba válida para referirse a una contabilidad extracontable y confirmó la condena económica impuesta al PP como beneficiario a título lucrativo de determinados actos de la trama.
Ese matiz resulta relevante porque el debate político posterior ha dado lugar a interpretaciones muy distintas sobre el alcance de aquella revisión.
De Prada también mostró su apoyo a Baltasar Garzón
Otro episodio que suele aparecer al analizar el perfil de De Prada es su relación profesional con Baltasar Garzón.
En enero de 2012, De Prada fue uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que acudieron al Tribunal Supremo durante el proceso contra Garzón para mostrarle públicamente su apoyo.
Garzón terminaría siendo condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación debido a las escuchas acordadas entre abogados y acusados en prisión durante la investigación de Gürtel.
La presencia de De Prada en aquel apoyo público forma parte de su trayectoria conocida, aunque no determina por sí misma su idoneidad jurídica para una plaza en el Supremo.
Silvina Bacigalupo, catedrática y especialista en Derecho Penal económico
La segunda candidatura que ha adquirido una especial relevancia es la de Silvina Bacigalupo.
Bacigalupo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y su trayectoria académica se ha centrado especialmente en el Derecho penal económico y empresarial, la transparencia, el buen gobierno y la prevención de delitos.
Su vía de acceso es distinta de la de un magistrado de carrera.
En 2025, el CGPJ convocó una plaza de la Sala Segunda correspondiente al turno de juristas, procedimiento reservado a profesionales de reconocida competencia con los requisitos legales establecidos. El anuncio oficial apareció en el BOE en septiembre de ese año.
Diversas informaciones publicadas este verano situaban ya a Bacigalupo entre los 15 juristas que aspiraban a esa vacante.
Bacigalupo asesoró al PSOE de Pedro Sánchez en 2015
Existe además un vínculo político documentado que alimenta el interés alrededor de su candidatura.
En junio de 2015, el PSOE anunció oficialmente la incorporación de Silvina Bacigalupo al grupo de expertos que colaboraría en la elaboración de propuestas de Gobierno para las elecciones generales.
Su responsabilidad concreta fue el área de Transparencia y Ética Empresarial.
Por tanto, no se trata de una relación deducida únicamente de fuentes periodísticas: su colaboración con el equipo de Pedro Sánchez en aquel momento está documentada por el propio PSOE.
Bacigalupo participó en ese grupo en calidad de especialista académica.
Ese antecedente constituye un dato relevante para contextualizar la controversia política actual, pero no equivale jurídicamente a una incompatibilidad ni prueba que su candidatura actual esté dirigida por el Gobierno.
También existen vínculos familiares conocidos
Bacigalupo es hija del fallecido magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo.
También es cuñada de Teresa Ribera, exvicepresidenta del Gobierno de España y actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
Estos vínculos aparecen recogidos en distintas informaciones sobre su candidatura.
De nuevo, se trata de circunstancias biográficas, no de elementos que permitan concluir por sí solos cómo actuaría Bacigalupo en caso de alcanzar la Sala Segunda.
La candidatura ya provocó discrepancias dentro del CGPJ
La candidatura de Bacigalupo no aparece por primera vez ahora.
Durante los primeros contactos para cubrir la vacante de Miguel Colmenero ya se produjeron discrepancias entre vocales del Consejo.
El País informó el pasado julio de que miembros del sector conservador identificaban a Bacigalupo como la candidata preferida de los vocales progresistas y vinculaban su candidatura al Gobierno, mientras el sector progresista negaba esa lectura y atribuía el bloqueo al intento conservador de colocar a otro magistrado de su sensibilidad.
Es importante mantener ambas posiciones porque ninguna constituye una constatación institucional de que Bacigalupo sea la candidata del Ejecutivo.
El desacuerdo sí demuestra que su nombre ya se encontraba en el centro de las negociaciones antes del actual proceso de renovación.
¿Puede el Gobierno “colocar” magistrados en la Sala Segunda?
Formalmente, no.
El Ejecutivo no selecciona directamente a los magistrados del Tribunal Supremo.
Los nombramientos corresponden al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que examina los méritos de los candidatos y debe alcanzar las mayorías requeridas para estas designaciones.
La realidad política del CGPJ es más compleja.
Sus 20 vocales fueron elegidos tras un acuerdo parlamentario y habitualmente se habla de sectores conservador y progresista para describir sus distintas sensibilidades.
La composición aprobada en 2024 quedó configurada inicialmente alrededor de dos bloques prácticamente equilibrados, aunque las votaciones posteriores han demostrado que los vocales no siempre actúan como bloques monolíticos. Por ejemplo, Carlos Hugo Preciado ha votado en diversas ocasiones junto a vocales considerados conservadores.
Por tanto, hablar de nombramientos automáticos del Gobierno simplifica un proceso que exige acuerdos dentro del órgano de gobierno de los jueces.
De Prada y Bacigalupo no son los únicos nombres relevantes
La competencia por las plazas es mucho más amplia.
Entre los aspirantes aparecidos públicamente figura también Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y antiguo magistrado del Tribunal Constitucional.
También se encuentran magistrados de extensa trayectoria judicial como Eloy Velasco, Rosario Esteban Meilán o Samantha Romero, entre otros.
La información proporcionada por Libertad Digital menciona además a Ignacio González Vega, magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, y a Pedro Herrera, también relacionado con esa asociación judicial.
Que determinados nombres reciban más atención mediática no significa que hayan sido seleccionados.
El proceso de comparecencias todavía está en marcha.
Las entrevistas continúan hasta el 22 de septiembre
La Comisión de Calificación del CGPJ comenzó el 8 de septiembre las comparecencias de los candidatos a tres de las plazas vacantes de la Sala Segunda.
Está previsto que ese procedimiento se prolongue hasta el 22 de septiembre.
Cada aspirante expone durante este proceso su currículo, experiencia y proyecto ante los miembros encargados de evaluar las candidaturas.
Después llegará la fase políticamente más delicada: alcanzar los acuerdos necesarios en el Pleno para efectuar los nombramientos.
Las fuentes citadas por Libertad Digital sitúan el inicio de las negociaciones decisivas previsiblemente en octubre, una vez concluyan las entrevistas y los vocales dispongan de los expedientes completos.
Una Sala Penal con un peso institucional extraordinario
La renovación llega además en un contexto de elevada tensión entre el Gobierno, algunos partidos y sectores de la judicatura.
Durante los últimos meses se han sucedido controversias alrededor de la Ley de Amnistía, causas judiciales relacionadas con dirigentes y familiares de responsables políticos y críticas públicas a determinadas resoluciones.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha pedido reiteradamente respeto a la independencia judicial y ha advertido contra las descalificaciones que atribuyen motivaciones políticas a los jueces sin fundamento probado.
Al mismo tiempo, representantes políticos han cuestionado públicamente actuaciones de algunos magistrados y decisiones del propio CGPJ.
Ese clima convierte cualquier renovación del Supremo en un asunto sometido a una atención excepcional.
Siete plazas pueden transformar profundamente la composición de la Sala
La información aportada por Libertad Digital calcula que, teniendo en cuenta plazas todavía sin cubrir, ampliaciones y próximas jubilaciones, el CGPJ podría llegar a designar hasta siete nuevos magistrados dentro de un periodo aproximado de un año.
La cifra exacta dependerá del calendario efectivo de jubilaciones y nombramientos, pero la magnitud de la renovación es indudable.
Solo en este momento existen varias plazas pendientes, y el CGPJ acaba de añadir otra convocatoria como consecuencia de la ampliación de la Sala hasta 16 miembros.
Eso supone que una parte muy relevante de los magistrados que integrarán la Sala Penal durante los próximos años será elegida por el actual Consejo.
El verdadero pulso comenzará después de las entrevistas
De Prada y Bacigalupo representan dos perfiles muy distintos.
De Prada aporta décadas de experiencia jurisdiccional y una trayectoria vinculada a algunas de las causas penales más conocidas de la Audiencia Nacional.
Bacigalupo presenta un perfil fundamentalmente académico, especializado en Derecho penal económico, transparencia y gobierno corporativo, además de una colaboración documentada con el PSOE en 2015.
Sus nombres generan controversia por antecedentes diferentes y por la interpretación política que distintos sectores hacen de sus candidaturas.
Pero a 17 de septiembre de 2026 ninguno está nombrado magistrado de la Sala Segunda.
La decisión corresponde al CGPJ.
Y será después de finalizar las comparecencias cuando pueda comprobarse si los apoyos atribuidos a ambos candidatos se traducen realmente en votos suficientes o si la necesidad de pactar conduce al Consejo hacia otros aspirantes.
Lo indiscutible es la importancia del proceso: la Sala Penal del Supremo afronta una de sus renovaciones más profundas de los últimos años, y los magistrados elegidos tendrán capacidad para fijar doctrina y resolver algunas de las causas penales institucionalmente más sensibles de España durante mucho tiempo.
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