El Ministerio de Defensa reactiva pagos y contratos para General Dynamics Santa Bárbara Sistemas mientras la compañía mantiene su batalla judicial por los grandes programas de artillería y sus trabajadores reclaman el desbloqueo del VAC.
El Ministerio de Defensa ha desbloqueado en las últimas semanas más de 33,6 millones de euros en pagos y adjudicaciones relacionados con General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, pese a que la compañía mantiene abierto un conflicto judicial por los grandes contratos de artillería adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
La situación dibuja una paradoja en la política industrial de Defensa: mientras el departamento dirigido por Margarita Robles continúa recurriendo a Santa Bárbara para mantener sistemas esenciales de las Fuerzas Armadas y conservar capacidades industriales consideradas estratégicas, la empresa estadounidense mantiene su impugnación de unos programas valorados en 7 240 millones de euros.
Al mismo tiempo, los trabajadores de Santa Bárbara en Asturias preparan movilizaciones para reclamar avances en el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un programa que todavía no ha arrancado pese a llevar meses sobre la mesa.
Más de 33,6 millones entre mantenimiento, artillería y vehículos blindados
La cantidad publicada por Vozpópuli procede de varias actuaciones contractuales del Ministerio de Defensa.
Entre las principales figuran:
- 14,62 millones de euros para el sostenimiento integral de los carros de combate Leopard del Ejército de Tierra.
- 11,18 millones de euros para mantenimiento y actualización de los obuses 155/52 SIAC y V07.
- 334 710,74 euros para el sostenimiento de los vehículos Piraña III-C de la Infantería de Marina.
- Un acuerdo marco estimado en 7,2 millones de euros para fabricar y suministrar bocas de fuego destinadas a los obuses 155/52.
La suma de estas actuaciones supera los 33,3 millones de euros. La cifra de más de 33,6 millones manejada en la información original incluye el conjunto de pagos y adjudicaciones señalados por las fuentes consultadas.
Un elemento importante es que no todos esos importes representan nuevos programas. Según fuentes de Santa Bárbara citadas por Vozpópuli, buena parte corresponde a trabajos ya ejecutados cuyo pago se había retrasado. El contrato para las bocas de fuego sí constituye una nueva adjudicación.
14,62 millones para mantener los Leopard
La partida individual más importante corresponde al sostenimiento integral de los Leopard del Ejército de Tierra.
Santa Bárbara obtuvo en 2023 el acuerdo marco correspondiente y la nueva anualidad asciende a 14,62 millones de euros. La adjudicación se produjo el 3 de septiembre de 2026 y, según la información publicada, la formalización se produjo en apenas 24 horas.
El contrato evidencia una cuestión que trasciende el enfrentamiento empresarial: las Fuerzas Armadas necesitan mantener operativa la flota de carros de combate que ya tienen en servicio.
La industria que fabrica o mantiene estos sistemas conserva, por tanto, un papel relevante incluso cuando pierde —o impugna— otros grandes programas de modernización.
Otros 11,18 millones para la artillería 155/52
El segundo gran desembolso corresponde al mantenimiento y actualización de los sistemas de artillería 155/52 SIAC y V07.
La cuantía asciende a 11,18 millones de euros y está vinculada a otro acuerdo marco. La adjudicación se produjo el 7 de septiembre.
Aquí aparece uno de los elementos más sensibles de toda la controversia.
Santa Bárbara ha quedado fuera de los grandes programas de artillería autopropulsada adjudicados a las UTE lideradas por Indra y EM&E, pero continúa siendo necesaria para mantener y fabricar determinados elementos de la artillería que ya utiliza el Ejército.
Es decir, la disputa por los nuevos sistemas no elimina la dependencia de capacidades industriales existentes.
Defensa mantiene abierta la capacidad de fabricar tubos de artillería
A las cantidades anteriores se suma un acuerdo marco aprobado a comienzos de agosto para la fabricación y suministro de bocas de fuego de los obuses remolcados 155/52.
El presupuesto estimado alcanza los 7,2 millones de euros y el plazo de ejecución se extiende entre 2026 y 2028. Cada boca de fuego completa, probada y validada tiene un importe de 709 000 euros con impuestos, según la información publicada.
El contrato tiene especial importancia para la fábrica de Trubia, en Asturias, donde Santa Bárbara dispone de capacidades relacionadas con la fabricación de piezas de artillería.
El Ministerio de Defensa mantiene así una capacidad industrial que resulta relevante para la autonomía de las Fuerzas Armadas en un momento en el que España y otros países europeos están aumentando su inversión en defensa.
Un documento del propio Ministerio de Defensa identifica a Santa Bárbara Sistemas como uno de los principales actores del sector terrestre español y señala su participación en el programa del VCR 8×8 Dragón a través de Tess Defence.
Santa Bárbara y el conflicto por 7 240 millones
El desbloqueo de estos contratos se produce mientras continúa el conflicto judicial entre Santa Bárbara y Defensa.
La compañía presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de los programas de artillería autopropulsada sobre ruedas y cadenas a las UTE formadas por Indra y EM&E.
El valor conjunto de esos contratos alcanza los 7 240 millones de euros. Santa Bárbara había agotado previamente la vía administrativa después de que Defensa rechazara su recurso de alzada.
La resolución administrativa del Ministerio sostuvo que el procedimiento de contratación se había desarrollado conforme a la legalidad vigente. Santa Bárbara, sin embargo, decidió continuar la disputa en los tribunales.
La contradicción resulta evidente: una misma compañía mantiene un litigio multimillonario con Defensa y, simultáneamente, continúa recibiendo encargos necesarios para mantener las capacidades militares españolas.
Indra y Santa Bárbara han intentado acercar posiciones
El conflicto tampoco significa que las dos empresas hayan cerrado completamente la puerta a una solución negociada.
Durante el verano se conocieron conversaciones entre Indra y Santa Bárbara para explorar fórmulas de colaboración industrial en grandes programas militares terrestres.
La posibilidad de una alianza resulta especialmente significativa porque ambas compañías forman parte de un mismo ecosistema industrial español de defensa, pese a haber terminado enfrentadas por los grandes contratos de artillería.
El objetivo de estas conversaciones sería buscar fórmulas que permitan aprovechar las capacidades industriales de ambas compañías en futuros programas.
No obstante, las negociaciones empresariales y el procedimiento judicial son cuestiones diferentes. El recurso de Santa Bárbara no desaparece automáticamente porque existan conversaciones industriales.
El problema que se traslada ahora al VAC
El otro gran frente se encuentra en el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC).
El programa está relacionado con Tess Defence, consorcio integrado por Indra, Santa Bárbara, SAPA y EM&E. Sin embargo, el proyecto continúa pendiente de que Defensa concrete su puesta en marcha.
Según las fuentes citadas por Vozpópuli, los trabajadores de Santa Bárbara en Asturias tienen previsto movilizarse durante octubre y realizar una marcha el 8 de octubre hasta la Delegación del Gobierno en Asturias.
La reivindicación fundamental es clara: que el Ministerio desbloquee el programa y aporte carga de trabajo a las instalaciones industriales asturianas.
Para los trabajadores, el VAC no es únicamente un contrato militar. Su desarrollo condiciona la continuidad de actividad industrial y empleo durante los próximos años.
El Dragón añade presión sobre el nuevo programa
El retraso del VAC se produce además mientras el programa del VCR 8×8 Dragón continúa acumulando dificultades.
Una información publicada este mismo 1 de octubre señala que Tess Defence ha alcanzado recientemente la entrega de la unidad número 100, pero sigue por debajo del calendario originalmente previsto. El consorcio prevé entregar 114 vehículos durante 2026, frente a las 138 unidades comprometidas inicialmente para ese periodo.
El contrato completo contempla 348 vehículos hasta 2028 y tiene un valor aproximado de 2 500 millones de euros.
Las dificultades acumuladas en el Dragón constituyen uno de los elementos que explican la cautela de Defensa respecto a nuevos programas terrestres.
En el caso del VAC, las discrepancias entre Tess Defence y los requisitos planteados por la Secretaría de Estado de Defensa han obligado a revisar las condiciones de la propuesta.
Una industria estratégica atrapada entre contratos y tribunales
El caso de Santa Bárbara pone sobre la mesa un problema mayor para la política española de defensa.
España necesita aumentar su capacidad industrial militar, pero también debe garantizar que los programas públicos cumplen los requisitos técnicos, económicos y operativos establecidos por Defensa.
La tensión aparece cuando una empresa considerada estratégica por su capacidad industrial queda fuera de un gran contrato y decide recurrir la decisión ante los tribunales.
Por una parte, Santa Bárbara sigue siendo un proveedor relevante para el mantenimiento de los Leopard, sistemas de artillería y vehículos blindados. Por otra, el Ministerio ha confiado algunos de los nuevos grandes programas terrestres a otros actores industriales.
La cuestión no es menor: el propio Ministerio de Defensa sitúa a Santa Bárbara dentro de las principales capacidades industriales españolas en vehículos blindados y sistemas terrestres.
El empleo, en el centro de la disputa
Los sindicatos han advertido del impacto que los retrasos en nuevos programas pueden tener sobre las fábricas de Santa Bárbara.
En junio, CCOO alertó de que la paralización y retraso de determinadas actuaciones podía poner en riesgo alrededor de un centenar de empleos, según la información publicada por Vozpópuli.
La presión laboral se concentra especialmente en Trubia, donde los trabajadores reclaman visibilidad sobre el futuro industrial de la planta.
El problema adquiere mayor dimensión porque los contratos de defensa tienen efectos que van mucho más allá del fabricante principal: generan actividad para proveedores, empresas auxiliares, ingeniería, mantenimiento y empleo especializado.
Santa Bárbara sigue siendo una pieza relevante para España
Santa Bárbara Sistemas fue privatizada en el año 2000 y adquirida por General Dynamics. Actualmente forma parte de General Dynamics European Land Systems. La compañía mantiene instalaciones industriales en España dedicadas, entre otras actividades, a vehículos blindados, artillería y sistemas de armas.
La propia SEPI recuerda que la compañía fue integrada en General Dynamics y que su actividad industrial española comprende centros vinculados a vehículos, artillería y componentes, además de otras capacidades.
Por eso, la discusión sobre sus contratos no puede reducirse únicamente a una pugna empresarial.
Está en juego también qué capacidades quiere conservar España dentro de sus fronteras, qué empresas recibirán los grandes programas de rearme y cómo se repartirán las inversiones públicas en los próximos años.
Una paradoja para Defensa: más inversión y más tensión industrial
El contexto europeo está empujando a España a incrementar sus capacidades militares. Pero el aumento del gasto no elimina automáticamente los problemas de ejecución, coordinación industrial y contratación.
El caso de Santa Bárbara concentra varios de esos problemas:
- Contratos de mantenimiento que habían sufrido retrasos en sus pagos.
- Una batalla judicial por programas valorados en 7 240 millones de euros.
- Un programa VAC todavía pendiente de desbloqueo.
- Retrasos en el programa VCR 8×8 Dragón.
- Presión sindical por la carga de trabajo y el empleo.
- Necesidad de preservar capacidades nacionales de fabricación y mantenimiento.
La cuestión de fondo es cómo conseguir que el aumento de la inversión en defensa se traduzca en capacidades militares reales, entregas a tiempo y una base industrial sólida.
Mientras tanto, Defensa sigue recurriendo a Santa Bárbara para mantener material que ya está en servicio y para preservar determinadas capacidades de fabricación.
Y la compañía, pese a continuar su batalla judicial, sigue formando parte de algunos de los proyectos que determinarán el futuro de la industria terrestre española.
El conflicto entre Defensa y Santa Bárbara, por tanto, está lejos de haber terminado. Los más de 33,6 millones desbloqueados alivian parte de la tensión contractual, pero no resuelven la disputa por los grandes programas ni despejan el futuro del VAC.
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