Ante el juez Zamarriego, dos personas presentes en una reunión de febrero de 2025 confirman que los audios difundidos sobre negociaciones con el empresario Alejandro Hamlyn se corresponden con lo ocurrido. El testimonio refuerza la acusación de operaciones de cloaca.
Dos personas que participaron en una reunión celebrada el 3 de febrero de 2025 en el despacho del abogado Jacobo Teijelo han declarado este viernes ante el juez Arturo Zamarriego que los audios difundidos por medios de comunicación sobre el encuentro reflejan fielmente lo que escucharon. Según dichas fuentes jurídicas, los testigos confirmaron el contenido de grabaciones en las que Leire Díez, exmilitante del PSOE, hablaba de recopilar «información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía». En la misma reunión, con el empresario Alejandro Hamlyn conectado por videoconferencia desde Dubái, se abordaron supuestas maniobras para desacreditar a mandos policiales clave en investigaciones que afectan al Gobierno de España. La declaración de estos testigos constituye un punto de inflexión en una investigación que busca esclarecer si operaciones de descrédito contra jueces, fiscales y policías respondieron a órdenes o intereses del PSOE.
La reunión del 3 de febrero: contexto y actores
La reunión que ahora cobra importancia judicial se desarrolló en circunstancias particulares. Alejandro Hamlyn, empresario prófugo de la justicia residente en Dubái, fue condenado por la Audiencia Nacional por fraude de hidrocarburos y se negó a comparecer ante juzgados españoles cuando fue citado por videoconferencia en febrero de 2025. Hamlyn consideraba que disponía de «información valiosa» y buscaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre su estrategia jurídica en las causas pendientes.
Según el relato de los testigos, la reunión se convocó con una pretensión legítima: que Hamlyn recibiera asesoramiento jurídico sobre cómo negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, en el transcurso de la reunión, el abogado Jacobo Teijelo hizo pasar a Leire Díez y al empresario investigado Javier Pérez Dolset desde otra sala del despacho. Los testigos han indicado que esta incorporación ocurrió cuando la conversación derivó hacia «supuestas irregularidades policiales», momento en el que fueron invitados explícitamente a participar.
Lo que dicen los audios: la acusación contra la UCO
El contenido de los audios, repetidamente publicados en medios nacionales desde que fueron revelados por El Confidencial, incluye expresiones de Leire Díez de particular gravedad. En una intervención, Díez señala a Hamlyn que ha sido «víctima de la Camorra», pero «de la Camorra de la Guardia Civil». Añade que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país».
En otro pasaje, Díez asegura: «Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él».
El teniente coronel Antonio Balas, jefe operativo de la UCO, se convierte así en el objetivo explícito de una operación de descrédito. Los audios sugieren que Díez buscaba información que pudiera comprometer a Balas y a otros mandos de la UCO implicados en investigaciones que alcanzaban al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Aunque posteriormente tanto Díez como Hamlyn negaron haber hablado de estos términos, los testigos han ahora confirmado su autenticidad.
El testimonio de los testigos: especificidad y medidas de seguridad
Uno de los testigos declaró ampliamente y con detalle sobre lo ocurrido; el otro lo hizo de forma más breve. Las fuentes jurídicas indican que ambos fueron citados bajo «determinadas medidas de seguridad»: sus caras fueron pixeladas en la grabación oficial de la sala y sus voces distorsionadas. Esta precaución responde a que ambos colaboraron en su día con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y requerían protección de identidad.
Según han relatado a las fuentes presentes, uno de los testigos era amigo de Alejandro Hamlyn y puso al otro, que es abogado, en contacto con el empresario para que ofreciera una segunda opinión jurídica sobre los procesos en los que Hamlyn estaba inmerso. Este detalle es relevante porque subraya que la reunión tenía, al menos inicialmente, una justificación profesional legítima que fue derivada hacia operaciones de inteligencia política.
La investigación judicial: delitos y actores
El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, investiga a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Las acusaciones giran en torno a maniobras para obtener «información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales».
El juez sospecha que el objetivo de estas operaciones era «anular o malbaratar» investigaciones que afectaban a políticos y empresarios, pero especialmente aquellas que alcanzaban al PSOE o al entorno familiar de Pedro Sánchez. Esta última sospecha es crucial: apunta a que las maniobras pudieron no ser iniciativa únicamente de los investigados, sino responder a directivas de niveles superiores dentro del partido.
El antecedente documentado: Gaspar Zarrías paga 16.000 euros a Leire Díez
Una semana antes de la declaración de estos testigos, emergió información que contextualiza la investigación. El exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías admitió ante el mismo juez Zamarriego que pagó 16.000 euros a Leire Díez entre junio y septiembre de 2024 por la elaboración de un informe sobre si el excomisario José Manuel Villarejo estuvo «detrás» del caso ERE.
Zarrías fue condenado en el caso ERE (presuntamente por prevaricación y malversación), aunque el Tribunal Constitucional anuló su condena, devolviendo el asunto a la Audiencia Provincial de Sevilla. El testimonio de Zarrías es significativo porque demuestra que, incluso después de su absolución técnica en julio de 2024, continuó pagando a Leire Díez para que investigara sobre un excomisario. El informe entregado constaba de «muchas páginas» compuesto únicamente de «información pública» y, según el propio Zarrías, «no logró demostrar» la tesis sobre Villarejo.
Este patrón sugiere que Díez operaba con una red de financiadores políticos (Zarrías es investigado como testigo por su contratación de Díez en su consultora Zaño SL), proporcionando informes de valor cuestionable que servían propósitos de descrédito político.
La cronología sospechosa: febrero de 2025 y el caso Begoña Gómez
Un detalle temporal resulta particularmente relevante. Aunque la reunión Díez-Hamlyn se celebró en febrero de 2025, desde ese mismo mes comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre las presuntas actividades irregulares de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Las publicaciones se intensificaron en marzo y abril de 2025.
El 24 de abril de 2025, el juez Juan Carlos Peinado abrió oficialmente diligencias contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida. Un día después, el 25 de abril, Leire Díez se reunió con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en la sede de Ferraz. Según la declaración del propio Cerdán (actualmente encarcelado en la causa Koldo), el objetivo era informarle de «las gestiones realizadas y de la información obtenida» por Díez.
Esta secuencia temporal plantea una interrogante política crucial que la investigación debe esclarecer: ¿operaba Leire Díez como fontanera de Ferraz recopilando información contra magistrados y policías que investigaban al círculo cercano al presidente? ¿O actuaba de forma autónoma?
Las negativas posteriores y la estrategia de defensa
Tanto Leire Díez como Alejandro Hamlyn negaron posteriormente los extremos contenidos en los audios. Díez ha sostenido que no se reconoce en las grabaciones y que son «información pública manipulada». Su defensa ha intentado desacreditar los audios argumentando que carecen de autenticidad verificable.
Sin embargo, la declaración de dos testigos que estuvieron presentes, bajo medidas de protección, corrobora la autenticidad sustancial de lo que se escucha en las grabaciones. La estrategia de Díez de negar su participación o sus palabras se ve ahora más debilitada por este testimonio.
Consecuencias esperables: contradicción probatoria y presión procesal
La declaración de los testigos sitúa a Leire Díez en una posición procesal más vulnerable. El juez Zamarriego ha basado gran parte de su investigación en los audios y los vídeos; ahora dispone de testimonios corroboradores que refuerzan su viabilidad como prueba.
Es probable que la defensa de Díez apele a que los testigos pudieron ser influenciados o que sus recuerdos son imprecisos después de más de un año desde la reunión. Sin embargo, la especificidad de sus declaraciones y las medidas de seguridad adoptadas sugieren que el juez les otorga credibilidad.
La opinión de El Vértice
El caso Leire Díez trasciende el ámbito penal. Es una investigación sobre las fronteras entre la política legítima y la operación clandestina contra adversarios institucionales. Tres hechos emergen de las declaraciones de esta semana:
Primero, el contenido de los audios es sustancialmente auténtico, según testimonio directo de personas presentes. No se trata de montajes o ediciones maliciosas, sino de grabaciones que captan lo que allí se habló.
Segundo, existe un patrón financiero documentado de políticos PSOE pagando a Leire Díez por servicios cuya utilidad práctica es cuestionable (informes sobre Villarejo, búsqueda de «trapos sucios» contra la UCO y la Fiscalía). Esto sugiere que los pagos respondían a objetivos políticos, no informativos.
Tercero, la coincidencia temporal entre las maniobras de Díez contra la UCO y el inicio del caso Begoña Gómez abre una pregunta que trasciende la defensa jurídica: ¿buscaba el PSOE debilitar la creibilidad de jueces y policías que podían investigar al círculo presidencial antes de que lo hicieran?
El Vértice no puede determinar, con la información pública disponible, si existió coordinación deliberada desde dirección del PSOE. Pero sí observa que las maniobras de Díez beneficiaron al partido y que su financiación provenía de miembros de primera fila como Zarrías y Cerdán. Si el juez Zamarriego encuentra prueba de coordinación deliberada, estaríamos ante un caso de operaciones de Estado desde la oposición, lo que constituiría un daño institucional grave.
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