El Ejecutivo habilitará cuatro espacios temporales tras la entrada masiva de finales de julio. Elma Saiz anuncia 1 500 plazas y 6,5 millones para Cruz Roja, pero evita concretar el futuro de quienes puedan ser devueltos.
El Gobierno de Pedro Sánchez reforzará la acogida temporal en Ceuta con 1 500 nuevas plazas para atender a inmigrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La medida llega mientras crece la presión política para acelerar las devoluciones y expulsiones de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes el despliegue de varios dispositivos temporales y extraordinarios de atención humanitaria. Sin embargo, preguntada por el futuro de estas personas, no ha concretado cuántas podrán ser devueltas a Marruecos, expulsadas a otros países o permanecerán en España conforme a la legislación de extranjería y asilo.
El anuncio se produce precisamente después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, haya advertido de que «Ceuta está en peligro» y haya reclamado al Ejecutivo central una respuesta mucho más rápida.
El Gobierno habilitará 1 500 nuevas plazas en Ceuta
Según lo anunciado por Saiz después de reunirse con Vivas, el Ministerio trabaja en la «mejora y ampliación de los espacios de acogida».
Los nuevos dispositivos estarán distribuidos entre diferentes puntos de Ceuta:
- El parking del embolsamiento, cedido por la Ciudad Autónoma.
- Las instalaciones de la hípica.
- El antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería.
- El denominado espacio del guano.
Los tres últimos espacios son, según explicó la ministra, de titularidad estatal.
El despliegue permitirá habilitar 1 500 plazas adicionales de forma inmediata. El Ejecutivo las presenta como una respuesta humanitaria extraordinaria ante la presión que soporta la ciudad.
Saiz evita concretar las expulsiones
La cuestión políticamente más delicada llegó cuando los periodistas preguntaron a Elma Saiz si las personas alojadas en estos dispositivos serán acogidas de manera prolongada o si se tramitará su devolución o expulsión.
La ministra evitó ofrecer una cifra o un calendario.
«España cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente», respondió Saiz.
La responsable de Migraciones defendió que el Gobierno mantiene una política que sitúa los derechos humanos en el centro y aseguró que se cumplirá escrupulosamente la normativa de extranjería y asilo.
También defendió una inmigración «regular, ordenada y sobre todo segura» y reivindicó la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.
La respuesta, sin embargo, no aclara cuántas de las personas que permanecen en Ceuta están sujetas a expedientes de devolución o expulsión, cuántas han solicitado protección internacional ni cuánto tiempo permanecerán en los nuevos dispositivos.
Vivas exige precisamente acelerar las expulsiones
El anuncio de Migraciones coincide con una ofensiva institucional del presidente ceutí para conseguir que el Estado acelere los procedimientos administrativos.
Juan Jesús Vivas ha reclamado este lunes la movilización de 50 funcionarios de Extranjería destinados específicamente a tramitar expedientes de devolución, traslado o expulsión.
El presidente autonómico sostiene que esta es la vía fundamental para reducir la presión existente sobre una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados.
«La expulsión es la única manera de que Ceuta vuelva a la normalidad», ha afirmado Vivas.
Según sus cálculos, 50 funcionarios tramitando aproximadamente 15 expedientes diarios cada uno permitirían gestionar 750 expedientes al día, 3 750 a la semana y alrededor de 15 000 al mes.
Estas cifras representan una estimación administrativa de Vivas y no significan que puedan ejecutarse automáticamente otras tantas expulsiones. Cada devolución o expulsión debe cumplir los requisitos y garantías previstos en la legislación española, europea e internacional, además de depender en determinados casos de la cooperación del país de destino.
6,5 millones para que Cruz Roja atienda a personas vulnerables
El Gobierno también ha anunciado una partida de 6,5 millones de euros destinada a reforzar la intervención de Cruz Roja.
Según Saiz, estos fondos permitirán proporcionar soporte «a cualquier persona en situación de vulnerabilidad».
Entre los recursos movilizados se encuentran 4 000 kits diarios de alimentación, además de productos de higiene femenina y otros elementos básicos.
La prioridad inmediata del Ejecutivo pasa así por aumentar la capacidad asistencial mientras se tramita la situación administrativa de quienes permanecen en territorio español.
La batalla política por Ceuta se recrudece
La comparecencia de Saiz tampoco estuvo exenta de enfrentamiento político.
La ministra acusó al PP de haber protagonizado un «giro» durante los últimos meses en materia migratoria y reprochó a los populares poner «palos en la rueda» respecto al reparto y acogida de menores migrantes entre comunidades autónomas.
Saiz vinculó esta posición a los acuerdos alcanzados por el PP con Vox.
La crítica llega precisamente cuando Vox ha ofrecido a Vivas un acuerdo para gobernar conjuntamente Ceuta si el PP rompe sus entendimientos con el PSOE y otras formaciones de la Asamblea.
La crisis fronteriza amenaza así con modificar también el tablero político de la ciudad.
Ceuta reclama respuestas mientras Moncloa prioriza la acogida inmediata
El contraste entre las prioridades expresadas este lunes resulta evidente. Mientras el Gobierno central anuncia 1 500 nuevas plazas temporales de atención humanitaria, Vivas reclama funcionarios para acelerar los procedimientos de Extranjería y exige conocer cuántos expedientes han sido realmente tramitados.
El Ejecutivo tiene la obligación de proporcionar asistencia básica a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero eso no sustituye la necesidad de resolver su situación administrativa individual.
Ahí reside ahora una de las principales incógnitas de la crisis: qué ocurrirá después de la atención de emergencia.
La creación de campamentos puede aliviar temporalmente la situación en las calles de Ceuta, pero no constituye por sí misma una solución definitiva a la crisis migratoria. La clave estará en determinar quién tiene derecho legal a permanecer en España, quién debe ser trasladado a otros recursos y quién puede ser devuelto o expulsado conforme a derecho.
Y esa es precisamente la respuesta que el Gobierno todavía deberá concretar.
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