El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la bonificación del 100% del IRPF a los arrendadores que prorroguen los contratos de alquiler sin incrementar la renta ha generado reacciones inmediatas entre los socios del Gobierno, particularmente Sumar.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, criticó la medida señalando que implica «regalar dinero público a los rentistas.» Esta postura se suma a las críticas de otros miembros de su partido, entre ellos Irene Montero, quien hizo un llamado a la movilización social tras el anuncio.
Dentro del Gobierno, la respuesta del PSOE ha sido minimizar estas críticas. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que aún es posible llegar a un acuerdo con Sumar y han invitado a presentar enmiendas al proyecto. No obstante, la elaboración del decreto ley ha sido criticada por no haber contado con la comunicación previa a Sumar, lo que ha generado estupefacción en dicho grupo.
Esta situación ocurre en un contexto marcado por la presión de varios casos de corrupción que afectan al PSOE, mientras el partido busca abrir nuevos frentes, como el envío de tropas a Ucrania y Palestina. Aunque la crisis de vivienda se ha agravado en los últimos años, miembros del Gobierno han afirmado que su intención es abordar el problema de manera efectiva, aunque con un historial reciente de medidas que han sido percibidas como insuficientes o poco efectivas.
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