El discurso contra las «cloacas» del sistema y la corrupción de los partidos tradicionales se enfrenta ahora a una prueba especialmente incómoda para Luis ‘Alvise’ Pérez: abrir las cuentas de su propia formación ante la Justicia.
El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó La Fiesta (SALF) toda la documentación económica relacionada con la campaña de las elecciones europeas de 2024, dentro de la causa por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal.
El Supremo reclama las cuentas de SALF y los gastos de campaña
El magistrado instructor Julián Sánchez Melgar ha acordado nuevas diligencias dirigidas a reconstruir el origen y destino del dinero utilizado por la agrupación electoral.
El requerimiento incluye contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuentas de ingresos y gastos, movimientos bancarios, operaciones de capital y justificantes de pagos de la campaña europea de 2024.
La Justicia quiere comprobar si las cifras declaradas oficialmente reflejan la realidad económica de la campaña que llevó a Alvise hasta el Parlamento Europeo.
No existe, por ahora, una condena contra el eurodiputado por estos hechos. La investigación permanece abierta y debe respetarse su presunción de inocencia.
Los 100 000 euros que persiguen a Alvise
En el centro de las pesquisas aparecen nuevamente 100 000 euros que el empresario vinculado al sector de las criptomonedas Álvaro Romillo habría entregado a Alvise.
Romillo también figura investigado en la causa.
La investigación trata de determinar qué finalidad tuvo ese dinero, cómo se entregó y si estuvo relacionado con la campaña electoral de SALF. El propio Alvise ha sostenido una versión diferente sobre el destino de al menos parte de los fondos.
Precisamente ahí reside una de las claves del procedimiento: contrastar las versiones con documentos bancarios, justificantes y comunicaciones económicas verificables.
La Policía analizará posibles monederos virtuales
El Supremo también ha ordenado a la Policía Nacional investigar posibles monederos virtuales relacionados con Alvise y Romillo.
El objetivo es comprobar si estos instrumentos pudieron utilizarse para captar o canalizar donaciones y reconstruir el eventual movimiento de fondos.
Según la información conocida de la causa, las diligencias pretenden esclarecer posibles vías de financiación que no habrían quedado reflejadas de manera convencional en la documentación electoral.
La trazabilidad del dinero se convierte así en el corazón de la investigación.
El Tribunal de Cuentas también entra en la ecuación
El instructor ha reclamado información relacionada con la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas.
La documentación deberá permitir comparar los ingresos y gastos comunicados oficialmente con los movimientos económicos que ahora se investigan.
SALF irrumpió en las elecciones europeas de 2024 con más de 800 000 votos y tres escaños, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas políticas de aquella noche electoral.
Su campaña se apoyó especialmente en las redes sociales y en la figura personal de Alvise, con una estructura política muy diferente a la de PP, PSOE o Vox.
Ahora, esa estructura económica y electoral será examinada con detalle.
Una diligencia solicitada por la acusación ejercida por el PSOE
Parte de las nuevas diligencias acordadas por el juez habían sido solicitadas por la acusación ejercida por el PSOE, según las informaciones publicadas sobre el auto.
El magistrado ha accedido a investigar documentación vinculada a los 100 000 euros entregados por Romillo y a las cuentas de la agrupación.
El componente político resulta evidente.
El PSOE, golpeado por diferentes investigaciones judiciales que afectan a figuras de su entorno, ejerce la acusación en una causa que alcanza a uno de los políticos que más duramente ha atacado a Pedro Sánchez y al sistema de partidos.
Pero el ruido partidista no cambia la cuestión esencial: será la documentación financiera la que permita determinar si existieron irregularidades.
El antisistema, obligado ahora a enseñar sus propias cuentas
La investigación coloca a Alvise ante una paradoja política evidente.
Durante años ha construido buena parte de su notoriedad denunciando corrupción, financiación opaca y privilegios de la clase política. Ahora es el Tribunal Supremo el que exige transparencia sobre las cuentas de la formación con la que llegó a Bruselas.
No basta con denunciar al sistema cuando se está fuera. Quien pide transparencia absoluta a los demás debe aceptar el mismo nivel de escrutinio cuando la Justicia llama a su puerta.
El análisis de la contabilidad de SALF será decisivo para comprobar si los gastos electorales declarados coinciden con los pagos realmente efectuados.
La causa entra en la fase del rastro del dinero
El movimiento del Supremo supone un paso relevante porque desplaza el foco hacia la documentación objetiva.
Cuentas bancarias. Balances. Gastos. Justificantes. Operaciones de capital y posibles movimientos vinculados a activos virtuales.
La investigación ya no depende únicamente de declaraciones enfrentadas.
El juez busca reconstruir el rastro del dinero.
Y esa reconstrucción determinará si los 100 000 euros bajo sospecha fueron un asunto privado, como ha defendido Alvise respecto al uso de los fondos, o si existen indicios suficientes para relacionarlos con la financiación de su actividad electoral.
Alvise afronta una prueba de coherencia política
La Justicia deberá resolver la vertiente penal con pruebas y garantías. La política, sin embargo, plantea ya una cuestión distinta.
Alvise llegó a Bruselas presentándose como una enmienda al sistema y prometiendo señalar las prácticas de la vieja política.
Ahora, el Supremo reclama la documentación económica de SALF para investigar una presunta financiación ilegal en las elecciones europeas.
No hay condena. Tampoco una conclusión judicial definitiva.
Pero sí una investigación que avanza y una pregunta inevitable para quien hizo de la transparencia y la lucha contra la corrupción su principal bandera:
¿Resistirán las cuentas de Se Acabó La Fiesta el mismo escrutinio que Alvise exige a todos sus adversarios políticos?
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