Un tribunal federal de Estados Unidos ha autorizado el inicio de procedimientos para localizar y embargar activos españoles en ese país, relacionados con una sentencia por impagos en el sector de las energías renovables valorada en más de 156 millones de dólares.
La resolución, emitida el 10 de agosto por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se refiere al caso conocido como Antin. En septiembre de 2025, este tribunal ya había confirmado el laudo arbitral a favor de Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar, que estableció una deuda superior a 156,63 millones de dólares, más intereses posteriores.
España había argumentado que una decisión de la Comisión Europea de marzo de 2025 impedía el pago del laudo, alegando posibles incompatibilidades con el Derecho comunitario en materia de ayudas de Estado y riesgo de sanciones. Sin embargo, la jueza Loren L. AliKhan rechazó estas alegaciones, señalando que el Ejecutivo español no había demostrado que constituir una garantía implicara sanciones ni que hubiese solicitado autorización a la Comisión para cumplir con la sentencia.
Además, el tribunal consideró que la postura del Gobierno español genera una «probabilidad razonable» de que el Estado no esté dispuesto o sea incapaz de satisfacer la sentencia, lo que fortalece la solicitud de ejecución y embargo a los acreedores.
La decisión permite a los demandantes extender la ejecución de la sentencia a otros distritos judiciales en Estados Unidos, incluyendo Nueva York, donde se cree que podrían existir activos españoles susceptibles de embargo.
Los acreedores también han solicitado información a instituciones financieras relevantes como The Clearing House Payments Company y la Reserva Federal de Nueva York para identificar activos vinculados a España, solicitud que también fue respaldada por la Justicia estadounidense en su rechazo a las impugnaciones presentadas por España.
Estos acontecimientos forman parte de una serie de resoluciones judiciales en Estados Unidos que favorecen la reclamación de los pagos pendientes derivados de cambios retroactivos en el marco regulatorio de incentivos a las energías renovables, conflicto iniciado tras la denuncia en arbitraje internacional de Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.
La Justicia estadounidense se encuentra ahora en una fase de identificación y posible embargo de activos estatales, marcando un avance significativo en la ejecución de la sentencia pendiente contra España en relación con este litigio.
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