Solo el 25% de los fundadores encuestados volvería a crear su empresa en España. El estudio de Stripe sitúa al país en la última posición en facilidad para tratar con la Administración y reabre el debate sobre los impuestos, la burocracia y la competitividad empresarial.
España suspende en el trato de la Administración con los empresarios
Crear una empresa exige asumir riesgos, invertir dinero y dedicar años a levantar un proyecto. Pero ¿qué ocurre cuando quienes ya han recorrido ese camino aseguran que no volverían a hacerlo en el mismo país?
Ese es el dato más llamativo de un análisis difundido por Libre Mercado a partir de cifras de Stripe, la multinacional estadounidense de infraestructura financiera para empresas digitales. Según los resultados publicados, solo el 25% de los fundadores encuestados que constituyeron su empresa en España volvería a elegir el país para emprender. En otras palabras, tres de cada cuatro no repetirían esa decisión.
El indicador sitúa a España en el último puesto de los diez países incluidos en la comparación. El resultado contrasta con el 85% de Estados Unidos y el 68% de Suiza, dos economías en las que una proporción mucho mayor de los emprendedores consultados afirma que volvería a crear su negocio.
La valoración del trato con las Administraciones Públicas ofrece una segunda señal de alarma. Los fundadores puntúan su experiencia en España con un 3,3 sobre 10, frente a una media europea de 5,4 puntos. La diferencia es de 2,1 puntos, una brecha significativa en un indicador que refleja la percepción de quienes han tenido que gestionar los trámites necesarios para desarrollar una actividad empresarial.
Los datos dibujan una realidad incómoda para la política económica española: facilitar la creación de empresas no basta si después los emprendedores encuentran dificultades para contratar, cumplir obligaciones fiscales, obtener respuestas administrativas o adaptar sus negocios a una normativa compleja.
No obstante, hay una cautela importante. La información publicada no ofrece el tamaño de la muestra ni todos los detalles metodológicos de la encuesta. Por tanto, los resultados deben interpretarse como una señal sobre la percepción de los fundadores consultados, no como una representación automática de la opinión de todos los empresarios españoles.
El dato que más preocupa: tres de cada cuatro no volverían a emprender aquí
La pregunta de Stripe no es si los empresarios desean volver a emprender, sino si elegirían España como lugar para constituir de nuevo su compañía.
Esa diferencia es fundamental. Un emprendedor puede seguir confiando en su proyecto y, al mismo tiempo, considerar que otro país ofrece mejores condiciones fiscales, administrativas o laborales para desarrollarlo.
Los porcentajes publicados muestran importantes diferencias entre las economías analizadas:
- Estados Unidos: el 85% volvería a constituir allí su empresa.
- Suiza: el 68%.
- Suecia: el 47%.
- Irlanda: el 44%.
- Italia: el 44%.
- Alemania: el 40%.
- Países Bajos: el 38%.
- Francia: el 33%.
- España: el 25%.
La comparación sitúa a España por debajo de todas las economías citadas. Dentro de la Unión Europea, Suecia encabeza el grupo de países recogidos en el análisis, mientras que España ocupa la última posición.
El resultado no demuestra por sí solo que la fiscalidad o la burocracia sean las únicas causas del descontento. La decisión de emprender depende también del acceso a financiación, el tamaño del mercado, la disponibilidad de trabajadores cualificados, la competencia y las perspectivas de crecimiento.
Sin embargo, el segundo indicador del estudio —la valoración del trato con la Administración— refuerza la hipótesis de que las dificultades administrativas constituyen uno de los problemas que deben examinarse.
El desafío para España no consiste únicamente en conseguir que nazcan nuevas empresas, sino en crear condiciones que permitan que crezcan, contraten y permanezcan en el país.
La Administración española obtiene un 3,3 sobre 10
Stripe pidió a los fundadores que valorasen la facilidad para relacionarse con las Administraciones Públicas en una escala de 1 a 10. El extremo inferior representa una experiencia extremadamente difícil y el superior, una relación extremadamente sencilla.
España obtiene 3,3 puntos, frente a los 5,4 de media europea.
La comparación internacional deja una brecha considerable:
| País | Puntuación |
|---|---|
| Suiza | 8,2 |
| Estados Unidos | 7,6 |
| Reino Unido | 6,9 |
| Polonia | 6,2 |
| Países Bajos | 6,1 |
| Irlanda | 5,9 |
| Francia | 4,5 |
| Italia | 4,2 |
| Alemania | 3,7 |
| España | 3,3 |
Fuente: resultados difundidos por Stripe y publicados por Libre Mercado el 19 de octubre de 2026.
España queda incluso por debajo de Alemania, Francia e Italia, tres grandes economías europeas con las que compite por inversión, talento y proyectos empresariales.
La cifra debe entenderse como una valoración de los encuestados, no como una auditoría independiente de la calidad de todas las Administraciones españolas. Aun así, la comparación resulta útil porque pone de relieve una cuestión que afecta directamente a la actividad económica: el tiempo y los recursos que una empresa dedica a cumplir trámites son recursos que no puede destinar a producir, innovar o ampliar su negocio.
Cuando una autorización tarda más de lo previsto, una empresa puede verse obligada a retrasar una inversión. Si una norma cambia con frecuencia, debe dedicar recursos a adaptarse. Y cuando los procedimientos varían entre territorios, operar en varias comunidades autónomas puede exigir más trabajo administrativo.
No todos esos problemas dependen del Gobierno central. España cuenta con administraciones estatales, autonómicas y locales, además de obligaciones derivadas del marco europeo. Esa distribución de competencias hace especialmente importante coordinar las normas y evitar duplicidades.
Impuestos, nóminas y registros: las principales trabas para crear una empresa
El análisis de Stripe también recoge los obstáculos que los fundadores consideran más difíciles durante la creación y el desarrollo de sus negocios. Las cifras publicadas corresponden al conjunto de los encuestados y no están desglosadas por países, por lo que no deben presentarse como porcentajes exclusivos de España.
Los principales problemas señalados son los siguientes:
- Impuestos y cargas asociadas a las nóminas: 68%.
- Notarías y registros: 44%.
- Normas de contratación y despido: 38%.
- Lentitud de respuesta de las Administraciones: 27%.
- Normas de protección de datos y privacidad: 26%.
- Legislación poco clara o sometida a cambios frecuentes: 21%.
- Permisos y licencias: 18%.
- Dificultades bancarias: 16%.
- Visados e inmigración: 10%.
- Barreras lingüísticas: 5%.
La clasificación refleja que los problemas no se limitan al momento de constituir una sociedad. Algunos acompañan a la empresa durante toda su vida: pagar nóminas, cumplir obligaciones fiscales, contratar trabajadores o adaptarse a los requisitos regulatorios.
Los impuestos y las cargas de las nóminas encabezan la lista, con un 68%. El dato agregado no permite afirmar qué porcentaje concreto de los fundadores españoles identifica este problema, pero sí muestra su importancia dentro de la experiencia empresarial recogida por Stripe.
Las notarías y los registros aparecen en segundo lugar, con un 44%. Estas gestiones pueden ser necesarias para constituir sociedades, modificar estatutos, formalizar operaciones o inscribir determinados actos mercantiles.
Las normas de contratación y despido ocupan la tercera posición, con un 38%. Para una empresa que empieza con recursos limitados, la posibilidad de incorporar trabajadores y ajustar su plantilla cuando cambian las circunstancias forma parte de las decisiones estratégicas más importantes.
La lentitud administrativa, señalada por el 27%, añade otra dificultad: la incertidumbre sobre cuándo llegará una autorización, una respuesta o una resolución.
El problema económico no es que toda regulación resulte innecesaria, sino que el coste de cumplirla puede ser desproporcionado cuando los procedimientos son lentos, redundantes o difíciles de interpretar.
La carga burocrática golpea especialmente a las pequeñas empresas
Las grandes compañías suelen disponer de departamentos jurídicos, financieros y de cumplimiento normativo. Una pequeña empresa, en cambio, puede depender directamente de su fundador para gestionar las facturas, las obligaciones tributarias, las contrataciones y los trámites administrativos.
Cada hora dedicada a esas tareas reduce el tiempo disponible para buscar clientes, mejorar productos o estudiar nuevas inversiones. Además, los costes de asesoramiento y gestión pesan proporcionalmente más sobre un negocio con pocos ingresos que sobre una gran multinacional.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el 17 de febrero de 2026 un estudio sobre las barreras a la creación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y a su participación en la contratación pública.
Según la CNMC, España cuenta con más de 3 millones de pymes, que representan el 99,8% del total de empresas, generan el 65% del empleo y aportan el 55% del PIB del sector privado.
El organismo identifica entre los obstáculos relevantes las cargas administrativas, la fragmentación normativa, la morosidad y las dificultades para participar en licitaciones públicas. También recomienda mejorar la coordinación regulatoria y simplificar los procedimientos de contratación.
Estos datos ayudan a dimensionar el problema. Si las pequeñas empresas concentran prácticamente todo el tejido empresarial español, cualquier mejora en la sencillez de los trámites puede tener un efecto amplio sobre la actividad económica.
La CNMC también señala la importancia de facilitar el acceso a los contratos públicos. Los procedimientos excesivamente complejos pueden perjudicar especialmente a empresas que no cuentan con equipos especializados para preparar ofertas, acreditar requisitos y gestionar expedientes.
La Administración tiene la obligación de proteger el dinero público y garantizar la competencia. Pero esos objetivos no exigen necesariamente que los trámites sean más complicados de lo necesario.
Crear una sociedad es solo el primer paso
España ha aprobado medidas destinadas a reducir las barreras de entrada al emprendimiento. Entre ellas figuran la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, y la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como Ley de Startups.
La primera introdujo medidas para facilitar la creación y el crecimiento empresarial, incluida la reducción del capital social mínimo de una sociedad limitada a un euro, junto con salvaguardas legales específicas. También impulsó instrumentos de digitalización de trámites.
La Ley de Startups estableció un marco específico para determinadas empresas emergentes, con medidas fiscales y administrativas dirigidas a favorecer el emprendimiento innovador.
Estas reformas muestran que el problema no puede resumirse afirmando que España no haya hecho ningún esfuerzo para facilitar la creación de empresas. La cuestión es si las mejoras introducidas en la constitución de sociedades se traducen en una experiencia más sencilla durante los años siguientes.
Una empresa necesita mucho más que un procedimiento inicial rápido. Debe poder contratar, vender, acceder a financiación, invertir, cumplir sus obligaciones y ampliar su actividad sin quedar atrapada en una sucesión de trámites inconexos.
El dato de Stripe apunta precisamente a esa diferencia entre la facilidad formal para constituir una compañía y la percepción del entorno empresarial una vez que el negocio está en marcha.
El coste de reestructurar una empresa también preocupa
Otro indicador recogido en la información de Libre Mercado compara el coste de las reestructuraciones empresariales mediante una equivalencia en meses de remuneración por empleado.
España registra 62 meses de remuneración por trabajador, según los datos difundidos junto al estudio. Italia aparece con 52 meses; Francia, con 38; Alemania y Países Bajos, con 31; Reino Unido, con 18; Estados Unidos, con 7; y Suiza y Dinamarca, con 3.
Esta medida requiere una interpretación cuidadosa. No significa que todos los despidos en España cuesten 62 meses de salario ni que exista una indemnización universal de esa duración. Es un indicador comparativo sobre costes de reestructuración, no una tarifa legal aplicable a cada trabajador.
Su relevancia económica reside en el margen de maniobra de las empresas. Cuando un proyecto no funciona, una compañía puede necesitar reorganizar sus equipos, cambiar su modelo de negocio o reasignar recursos.
Si los costes de ajuste son elevados, algunas empresas pueden optar por contratar menos trabajadores, externalizar determinadas tareas o retrasar sus planes de expansión. Pero el efecto real depende también de la productividad, el sector, el tipo de contrato y las condiciones del mercado laboral.
La flexibilidad empresarial tampoco debe confundirse con la ausencia de derechos laborales. Las normas deben proteger a los trabajadores frente a decisiones arbitrarias y, al mismo tiempo, permitir que las empresas se adapten a cambios económicos sin asumir cargas innecesarias.
El reto consiste en encontrar un equilibrio que favorezca la contratación, la estabilidad y la capacidad de las empresas para sobrevivir y crecer.
¿Puede la burocracia frenar la inversión y la competitividad de España?
La relación entre regulación y crecimiento económico no es automática. Una normativa clara puede aumentar la confianza, proteger la competencia y reducir los riesgos. Una regulación confusa, cambiante o duplicada puede generar costes y desincentivar determinados proyectos.
Para evaluar el impacto sobre España conviene separar tres cuestiones.
Primero, el coste directo de los trámites. Las empresas deben destinar dinero y horas de trabajo a cumplir obligaciones administrativas, fiscales y laborales.
Segundo, el coste de la incertidumbre. Si no conocen los plazos o no pueden anticipar los requisitos, pueden retrasar inversiones hasta disponer de mayor seguridad.
Tercero, el coste de oportunidad. Los recursos empleados en gestiones que podrían simplificarse dejan de estar disponibles para innovación, formación, contratación o expansión comercial.
Estos factores pueden ser especialmente relevantes para las empresas jóvenes, que necesitan crecer con rapidez y competir con compañías internacionales. Sin embargo, el estudio de Stripe no demuestra por sí solo cuánto empleo o inversión se pierde en España por cada obstáculo administrativo.
Para cuantificar ese efecto harían falta datos adicionales sobre inversión, productividad, creación y supervivencia de empresas, tiempos de tramitación y costes regulatorios comparables entre países.
El informe de la CNMC aporta una segunda referencia institucional sobre las barreras que afectan a las pymes. Ambos trabajos apuntan a la importancia de revisar las cargas administrativas, aunque sus metodologías y objetivos son distintos.
La conclusión razonable no es que toda intervención pública perjudique a las empresas. Es que la regulación debe ser proporcionada, comprensible, estable y evaluada por sus resultados, con especial atención a los costes que soportan las compañías de menor tamaño.
Qué debería cambiar para facilitar el emprendimiento
Los resultados publicados plantean una agenda de reformas que puede abordarse sin renunciar a los controles públicos ni a la protección de los trabajadores y consumidores.
Entre las medidas que merecen consideración figuran:
- Reducir duplicidades administrativas, de forma que una empresa no tenga que aportar repetidamente información que ya obra en poder de las instituciones.
- Coordinar mejor las normas estatales, autonómicas y locales, respetando las competencias de cada Administración.
- Digitalizar los procedimientos de principio a fin, evitando que una gestión iniciada por Internet termine exigiendo documentos o visitas presenciales innecesarias.
- Fijar plazos claros de respuesta, con mecanismos de seguimiento y transparencia sobre los expedientes pendientes.
- Simplificar la contratación pública, facilitando que las pymes puedan concurrir a licitaciones sin asumir costes desproporcionados.
- Evaluar el impacto de las nuevas normas, especialmente sobre pequeñas empresas, autónomos y proyectos emergentes.
- Mejorar la estabilidad regulatoria, con periodos de adaptación razonables y orientaciones claras para cumplir las nuevas obligaciones.
Estas medidas no implican eliminar controles contra el fraude, proteger menos a los consumidores o debilitar los derechos laborales. Su objetivo sería que las garantías legales se cumplan de una manera más eficiente.
La simplificación también requiere medir resultados. No basta con anunciar una reducción de trámites: es necesario comprobar si disminuyen los plazos, los costes y las obligaciones repetidas, y si las empresas perciben una mejora real.
Conclusión: España necesita que sus empresas quieran quedarse
Los resultados de Stripe difundidos por Libre Mercado sitúan a España en una posición preocupante en dos indicadores: la disposición de los fundadores a volver a crear su compañía en el país y la facilidad percibida para relacionarse con la Administración.
El 25% de fundadores que repetiría en España y la nota de 3,3 sobre 10 en el trato administrativo no bastan para explicar todos los problemas de competitividad de la economía española. Sí constituyen, sin embargo, señales que merecen una respuesta política y administrativa.
La CNMC ha advertido también de las barreras que dificultan la creación y el crecimiento de las pymes, un tejido empresarial que representa el 99,8% de las compañías españolas.
La prioridad debería ser construir un entorno en el que emprender no signifique dedicar una parte desproporcionada del tiempo a interpretar normas, repetir trámites o esperar respuestas. Las empresas necesitan seguridad jurídica, una fiscalidad previsible, procedimientos eficientes y reglas que puedan cumplir sin costes innecesarios.
España no puede medir el éxito de su política empresarial únicamente por el número de sociedades que se constituyen cada año. También debe preguntarse si esas compañías crecen, contratan, innovan y desean seguir desarrollando su actividad aquí.
La pregunta de fondo es sencilla: si quienes ya han emprendido consideran que no volverían a elegir España, ¿qué cambios necesita el país para recuperar su confianza?
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