El ex subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, ha revelado ante el Tribunal Supremo detalles del enchufe de Jésica Rodríguez, la odontóloga que nunca acudió a trabajar pero cuya contratación fue defendida por la cúpula de Adif. Según Zaldívar, la justificación de esta intervención fue que no querían «perder sus conocimientos» o know-how, un argumento que ha generado sorpresa y polémica en la segunda jornada del juicio del caso mascarillas.
Zaldívar ha explicado que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, intervino personalmente para quejarse de que Jésica estaba siendo molesta por parte de sus supervisores en Ineco, empresa pública dependiente de Adif. La queja se centraba en que la supervisora de Tragsatec, Virginia Barbancho, insistía en que Rodríguez rellenase sus partes de trabajo. Según el ex subdirector, la orden ministerial fue dejar en paz a la empleada, un ejemplo claro de cómo la influencia política pudo afectar la contratación de personal.
La justificación del know-how: ¿real o simbólica?
Según Zaldívar, el enchufe de Jésica Rodríguez se justificó por la necesidad de preservar su know-how en tareas administrativas. Sin embargo, la propia Jésica admitió que durante su paso por Ineco, entre marzo de 2019 y diciembre de 2021, no acudió a trabajar ni un solo día, a pesar de percibir 34.477 euros en ese periodo. Posteriormente, pasó a Tragsatec durante seis meses, cobrando otros 9.554 euros, lo que eleva su remuneración pública a más de 44.000 euros sin realizar labores efectivas.
El puesto de Rodríguez era administrativo de nivel inicial, con funciones limitadas al manejo de ofimática, lo que hace difícil sustentar que poseyera un conocimiento estratégico tan valioso como para justificar la intervención directa de Ábalos y de la cúpula de Adif. Esta contradicción ha causado asombro y cierto humor entre los magistrados del Supremo, que han visto cómo la frase «no queríamos perder sus conocimientos» se convirtió en uno de los momentos más comentados de la sesión.
Correos, contactos y favoritismos
Zaldívar también admitió que mantuvo correspondencia por correo electrónico con Jésica, a quien describió como “altiva y soberbia”, pero que aun así confiaban en ella para tareas administrativas de proyectos ferroviarios. Además, la secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, había declarado que la empleada “prestaba sus servicios”, aunque esto resultó falso según la confesión de la propia Jésica.
El enchufe de Jésica Rodríguez también estuvo relacionado con su cercanía al entorno del ministro. En documentos internos de Adif, Rodríguez aparecía como “sobrina del ministro”, aunque Zaldívar negó haber usado ese término en sus comunicaciones. La Fiscalía, sin embargo, apunta que esta red de favores apuntaba directamente al despacho ministerial y al teléfono personal de Ábalos.
Implicaciones legales y contexto del caso
El juicio del caso mascarillas enfrenta a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García, ambos en prisión preventiva desde noviembre de 2025.
El enchufe de Jésica Rodríguez se inscribe en un contexto más amplio de contrataciones irregulares durante la pandemia de covid, cuando Adif adjudicó millonarios contratos de mascarillas a empresas vinculadas a Aldama. Las ramificaciones de este caso incluyen a otras empleadas como Claudia Montes y muestran una red de favoritismos que alcanzó altos niveles del Ministerio de Transportes.
Connivencia institucional en cascada
Durante el juicio, ha emergido un patrón de connivencia: cada eslabón de la cadena de contratación irregular afirma haber ignorado lo que ocurría, pero todos señalan en la misma dirección cuando se les presiona. Desde la presidencia de Adif hasta el despacho del ministro, pasando por la supervisión directa de Ineco y Tragsatec, la trama evidencia un mecanismo de protección del enchufe de Jésica Rodríguez, que terminó cobrando importantes sumas públicas sin cumplir funciones.
El enchufe de Jésica Rodríguez se ha convertido así en un caso paradigmático para ilustrar cómo la influencia política puede interferir en contrataciones públicas, justificadas con argumentos como el know-how, aunque la realidad de la empleada fuera completamente distinta. El Supremo continuará deshilachando estas contradicciones a lo largo del juicio, que sigue siendo uno de los más mediáticos del año.
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