Dos años de prisión para la exedil del PSOE en Láncara y su padre por un fraude que engañó a un constructor con documentos bancarios falsificados. El caso sacude al municipio lucense tras años de proceso judicial.
Lo que comenzó como una reforma de vivienda acabó en los tribunales con una condena firme por estafa, falsificación documental y engaño sistemático a un profesional de la construcción.
Condena judicial a una exconcejal socialista en Lugo
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a Begoña López, exconcejala socialista del municipio de Láncara, y a su padre a dos años de prisión por un delito de estafa y falsificación de documentos bancarios.
El tribunal considera probado que ambos diseñaron un plan para engañar a un constructor al que habían contratado la reforma de su vivienda, valorada en cerca de 100.000 euros, utilizando justificantes bancarios manipulados para simular pagos que nunca se realizaron.
Además de la pena de cárcel, ambos deberán abonar una multa de 1.890 euros cada uno e indemnizar al perjudicado con aproximadamente 39.270 euros.
Un fraude basado en transferencias falsificadas
Según la sentencia, el núcleo del engaño consistió en la manipulación de un justificante real de una transferencia de apenas dos euros, que fue editado para aparentar un pago de 10.000 euros como “anticipo” de la obra.
Posteriormente, cuando el constructor reclamó el pago de una factura de 39.272 euros, los acusados repitieron el mismo método: enviaron un nuevo documento bancario falsificado para simular la transferencia.
El resultado fue inmediato: el profesional paralizó las obras al descubrir que nunca había recibido el dinero prometido.
Identidad falsa y suplantación de una empleada bancaria
Uno de los elementos más graves del caso, según el tribunal, fue la suplantación de identidad realizada por la exedil.
Aprovechando un teléfono del Concello de Láncara, la acusada llegó a contactar con el constructor haciéndose pasar por empleada de una entidad bancaria, con el objetivo de convencerle de la supuesta solvencia de los pagos.
El tribunal subraya que incluso utilizó la imagen de una entidad bancaria como foto de perfil en aplicaciones de mensajería para reforzar la estafa, un hecho que terminó de desmontar su versión de los hechos.
Pruebas clave que desmontaron la defensa
La resolución judicial destaca varios elementos determinantes:
- Los justificantes falsos mantenían el mismo número de referencia que la transferencia original de dos euros.
- La directora de la oficina bancaria confirmó que el código no correspondía a ninguna operación válida.
- Testigos del sector de la construcción y del ámbito bancario corroboraron el engaño.
El tribunal fue contundente al rechazar la versión de la defensa, que alegaba desconocimiento técnico y pagos en efectivo sin respaldo documental.
Intento previo de estafa frustrado
La sentencia también revela que los acusados habrían intentado un engaño similar con otro empresario, aunque el plan no llegó a ejecutarse por problemas en la operación comercial prevista.
Este detalle refuerza la tesis judicial de que no se trataba de un hecho aislado, sino de un método repetido de actuación fraudulenta.
Condena, dilaciones y responsabilidad civil
El Ministerio Fiscal solicitaba dos años y medio de prisión, mientras que la acusación particular pedía hasta cuatro años, pero finalmente el tribunal fijó la pena en dos años, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento.
En materia civil, ambos condenados deberán indemnizar solidariamente al constructor por el importe de la factura impagada, cerca de 39.270 euros.
Impacto político y silencio institucional
La implicación de una exrepresentante del PSOE en Láncara ha generado un fuerte impacto político y social en el municipio, donde el caso ha sido seguido con especial atención desde su inicio.
La propia exedil dimitió tras conocerse la investigación, en medio de un clima de tensión institucional que incluso derivó en denuncias cruzadas posteriormente archivadas.
Un caso que reabre el debate sobre la corrupción local
Este nuevo caso vuelve a poner el foco en la credibilidad de la política local y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre representantes públicos que gestionan recursos, contactos y poder institucional.
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana, episodios como este alimentan el debate sobre la ética en la gestión pública y el deterioro de la imagen de determinadas formaciones políticas.
¿Hasta qué punto se están vigilando con suficiente rigor los comportamientos de quienes han ocupado cargos públicos en España?
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