La Policía confirma 34 centros afectados en A Coruña y otros nueve en Galicia por las falsas amenazas de bomba, un delito que puede acarrear hasta un año de cárcel.
Qué ha pasado con las falsas amenazas de bomba
Las comunicaciones falsas que han obligado a desalojar o revisar colegios en Galicia han dejado ya un balance de 34 centros en A Coruña y otros nueve en el resto de la comunidad, según la información publicada por La Voz de Galicia. El aviso ha puesto el foco sobre el origen de los mensajes y sobre la facilidad con la que, en algunos casos, se puede seguir la pista digital.
En el reportaje, fuentes policiales sostienen que localizar las direcciones de correo de decenas de colegios no exige grandes conocimientos informáticos. También apuntan que ocultar por completo el rastro de un envío no es tan sencillo como puede parecer, incluso cuando se usa una cuenta que busca pasar desapercibida.
Ese análisis técnico es clave porque convierte unas amenazas anónimas en un caso investigable. La expresión que recoge el medio, en boca de una fuente policial, resume esa idea: lo más probable es que acaben identificando al autor.
Por qué importa a los vecinos de Galicia
El impacto no se limita al susto del momento. Cada falsa amenaza de bomba altera las clases, moviliza a Policía y equipos directivos, y obliga a revisar protocolos de seguridad en centros educativos de Galicia. Para las familias, supone incertidumbre; para los colegios, pérdida de tiempo lectivo y tensión en comunidades que ya funcionan con agendas muy ajustadas.
Además, estos avisos obligan a actuar aunque luego se confirme que son falsos. Por eso la respuesta institucional suele ser rápida: ante una amenaza en un colegio, la prioridad es proteger a alumnos, profesores y personal no docente antes de valorar si el mensaje tiene credibilidad o no.
Lo que conviene saber si el aviso afecta a un centro
La referencia legal que recoge la noticia es clara: este tipo de conductas puede ser castigado con hasta un año de cárcel. Más allá de la pena, el mensaje que traslada la investigación es que el anonimato digital no garantiza impunidad.
En la práctica, eso significa que cualquier aviso falso enviado a un colegio puede acabar en una investigación técnica sobre correos, registros de envío y otros rastros digitales. Para las familias y los centros, la clave es seguir siempre las instrucciones de las autoridades y no difundir mensajes no verificados que puedan agravar la alarma.
En Galicia, donde ya se han visto afectados decenas de centros, la investigación sobre las falsas amenazas de bomba sigue abierta y centrada en identificar a quien estuvo detrás de los avisos.


