Dos familias sevillanas lideran una histórica movilización ciudadana tras reunir más de 130.000 firmas para exigir en el Congreso una reforma profunda de la Ley del Menor, una norma que consideran “excesivamente blanda” ante delitos de extrema gravedad como el asesinato o la violencia con arma blanca.
La iniciativa, que ha reabierto el debate nacional sobre la responsabilidad penal de los menores en España, llega marcada por el dolor, la indignación y una crítica directa al sistema judicial: “La vida de mi hijo no puede valer cinco años”, denuncian los padres de una de las víctimas.
Un clamor desde Sevilla: víctimas que piden cambios legales
El movimiento está encabezado por familias como la de Daniel Márquez Gómez, asesinado en Isla Mayor en julio de 2025, y la de Jesús Rosado Jiménez, muerto en Palomares del Río en 2022.
Ambas familias han trasladado su petición al Congreso de los Diputados con un mensaje común: las penas actuales no disuaden ni compensan la gravedad de los crímenes cometidos por menores.
Francisco Márquez, padre de Daniel, denuncia con dureza el sistema actual:
“El asesino de mi hijo tenía 15 años y ha sido condenado a seis años de internamiento. La vida de un hijo no puede valer eso”.
Condenas que generan indignación social
Uno de los puntos más polémicos del actual marco legal es la limitación de las penas:
- Menores de 16 años: máximo de 5 años de internamiento
- Desde los 16 años: hasta 8 o 10 años en delitos graves
En el caso de Daniel Márquez, el autor del crimen tenía 15 años y 28 días de diferencia con la siguiente franja penal, lo que impidió una condena más severa.
Su madre, Manuela Gómez, denuncia lo que considera una “injusticia estructural”:
“Si es tan mayor para matar, debería serlo para cumplir una pena acorde”.
“Salen con el historial limpio”: el debate sobre la reinserción
Otro de los puntos más controvertidos es la reinserción de los menores condenados. Las familias denuncian que muchos agresores salen del sistema penal con un “historial prácticamente borrado” al alcanzar la edad adulta.
Según los testimonios recogidos:
- Algunos condenados por asesinato salen en libertad con poco más de 20 años
- Las familias afirman que no hay seguimiento real posterior
- Denuncian reincidencia en otros delitos o actitudes de desprecio hacia las víctimas
José Manuel Rosado, padre de otra víctima, es contundente:
“Si es capaz de matar, debería serlo también de cumplir la pena como un adulto”.
Críticas a la Ley del Menor: “demasiado garantista con el agresor”
Las familias impulsoras de la iniciativa sostienen que la legislación actual está más centrada en la reinserción que en la justicia para las víctimas.
Entre sus principales demandas destacan:
- Aumento de penas en delitos de sangre
- Revisión de la edad de responsabilidad penal
- Mayor control de armas blancas entre menores
- Eliminación de beneficios de reinserción automática en asesinatos
Además, cuestionan que el sistema educativo y judicial haya fallado en la prevención:
“Si la Justicia hubiera actuado antes, algunos crímenes se habrían evitado”, denuncian.
Un debate nacional reabierto
El caso ha reactivado un debate histórico en España, donde otros crímenes mediáticos han generado iniciativas similares, como los casos de Sandra Palo o Marta del Castillo, cuyas familias también reclamaron cambios legislativos sin éxito.
Las familias sevillanas aseguran que su lucha no es solo personal, sino colectiva:
“No es por nuestros hijos, es por los que pueden venir después”.
Un sistema bajo presión social
Mientras el Gobierno mantiene la vigencia del modelo actual basado en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, cada vez más sectores sociales cuestionan si este enfoque sigue siendo adecuado ante el aumento de delitos violentos cometidos por menores.
Las familias lo resumen con una frase que ha calado en la opinión pública:
“La ley protege más al delincuente que a la víctima”
Conclusión
El debate sobre la Ley del Menor en España vuelve al centro de la agenda política y social, impulsado por el dolor de las familias y por cifras que alimentan la controversia.
Mientras el Congreso estudia la presión social, las víctimas sevillanas mantienen su mensaje firme: sin cambios legales, la sensación de impunidad seguirá creciendo.
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