Bajada: Menos impuestos, un millón de viviendas, pensiones vinculadas al IPC y medidas contra la okupación centran el «Contrato con España» del líder del PP ante las elecciones del 29 de noviembre.
Alberto Núñez Feijóo ha puesto por escrito las prioridades con las que aspira a llegar a La Moncloa. Su propuesta promete cambios en fiscalidad, vivienda, inmigración, seguridad y funcionamiento de las instituciones, con un mensaje central: reducir la presión sobre los ciudadanos y recuperar la confianza en el Estado.
El documento, titulado «Mi contrato con España», fue presentado el 19 de octubre de 2026 ante la dirección del Partido Popular. Consta de cuatro páginas y recoge doce compromisos que Feijóo define como una obligación personal con los españoles, más allá de un programa electoral convencional.
La iniciativa llega antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre y busca presentar al PP como una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, entre las promesas y su aplicación existe una diferencia fundamental: convertir estos compromisos en medidas efectivas dependerá de la mayoría parlamentaria, los recursos disponibles y el desarrollo legislativo.
1. Defender la soberanía nacional y reforzar las fronteras
El primer compromiso de Feijóo consiste en defender la soberanía nacional y la integridad territorial de España. El documento plantea reforzar las fronteras y responder con firmeza ante cualquier desafío que afecte a la seguridad nacional.
La propuesta sitúa la seguridad de los ciudadanos como una prioridad y busca proyectar una imagen de mayor determinación en la defensa del territorio.
El alcance concreto de las medidas, sus recursos y los cambios normativos necesarios no aparecen desarrollados en el extracto publicado. Su aplicación dependería, por tanto, de las decisiones que adoptara un eventual Gobierno del PP.
2. Recuperar la independencia de las instituciones
Feijóo promete recuperar la calidad democrática y reforzar la separación de poderes, con especial atención a la independencia de la judicatura.
Entre sus compromisos figura que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado estén dirigidos por personas independientes. También plantea presentar los Presupuestos Generales del Estado cada año y convocar elecciones si se acumula más de una prórroga presupuestaria.
El planteamiento conecta con uno de los debates más importantes de la política española: la relación entre el Ejecutivo, los órganos judiciales y las instituciones de control.
Para evaluar esta promesa habrá que conocer qué reformas concretas propone el PP para los nombramientos institucionales y cómo pretende garantizar que los criterios de independencia se traduzcan en procedimientos verificables, más allá de las declaraciones políticas.
3. Reducir ministerios, altos cargos y asesores
El tercer compromiso apunta al tamaño de la Administración. Feijóo propone auditar cada euro de gasto público y reducir ministerios, altos cargos y asesores.
El documento añade una exigencia de responsabilidad política: los cargos públicos deberán responder por los casos de corrupción de sus subordinados.
La propuesta busca transmitir un mensaje de austeridad y control de los recursos públicos. Su eficacia, no obstante, dependerá de cómo se diseñen las auditorías, qué organismos supervisen sus resultados y qué consecuencias se establezcan ante irregularidades.
Reducir estructuras administrativas puede generar ahorros, pero la cuantía no puede calcularse sin conocer qué departamentos desaparecerían, qué funciones se reorganizarían y cuánto costaría ejecutar los cambios.
4. Construir al menos un millón de viviendas
La vivienda ocupa un lugar destacado entre los compromisos del PP. Feijóo promete impulsar la construcción de al menos un millón de nuevas viviendas y dar prioridad a los jóvenes tanto en el acceso al alquiler como a la compra.
El documento también contempla ayudas para facilitar el acceso a una vivienda y medidas de protección para las personas vulnerables. En paralelo, plantea reforzar la protección de los propietarios frente a la okupación, con el objetivo de facilitar el desalojo en un plazo de 48 horas.
La propuesta responde a una de las principales preocupaciones sociales: el encarecimiento de los alquileres, las dificultades para ahorrar una entrada hipotecaria y la escasez de oferta en determinadas zonas.
Pero el compromiso de construir un millón de viviendas exige concretar cuestiones esenciales: dónde se levantarían, qué papel tendrían las administraciones autonómicas y municipales, cómo se financiarían y qué parte se destinaría a vivienda asequible.
En materia de okupación, el plazo anunciado necesitaría una regulación compatible con las garantías judiciales y con las diferencias entre los supuestos legales de ocupación. No todos los conflictos relacionados con una vivienda responden a la misma situación jurídica.
5. Endurecer la política contra la inmigración irregular
Feijóo plantea «ordenar» la inmigración mediante una reducción de las entradas irregulares, el refuerzo de los criterios para obtener la nacionalidad y una prohibición legal de las regularizaciones colectivas.
El documento sostiene además que la entrada o permanencia ilegal en España no debe servir para obtener la residencia.
La inmigración se convierte así en uno de los ejes políticos del contrato, con una posición centrada en el control de fronteras y el cumplimiento de los requisitos legales.
La aplicación de estas medidas tendría que respetar la legislación española, el Derecho de la Unión Europea y las obligaciones internacionales de España, incluidas las relativas al asilo y a la protección de personas vulnerables.
El texto difundido no detalla el procedimiento que sustituiría a las regularizaciones colectivas ni explica qué cambios legales concretos se impulsarían.
6. Garantizar las pensiones actuales y futuras
El sexto compromiso se dirige a los pensionistas y a quienes cotizan actualmente. Feijóo promete garantizar la sostenibilidad del sistema y mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC, dentro del marco del Pacto de Toledo.
El mensaje busca ofrecer seguridad a los actuales beneficiarios y transmitir que el sistema debe seguir siendo viable para las próximas generaciones.
El desafío consiste en compatibilizar la actualización de las prestaciones con la evolución de los ingresos por cotizaciones, el envejecimiento demográfico y el gasto público.
Para medir la viabilidad de la propuesta será necesario conocer las previsiones financieras, las medidas de empleo y productividad y las reformas que el PP considere necesarias para sostener el sistema a largo plazo.
7. Reforzar la sanidad pública y mejorar las condiciones de los médicos
El documento promete fortalecer la sanidad pública, aumentar el número de médicos y mejorar sus condiciones laborales y retributivas.
La propuesta pone el foco en los profesionales sanitarios, en un contexto en el que la disponibilidad de personal y las condiciones de trabajo constituyen cuestiones centrales para el funcionamiento de los servicios de salud.
Sin embargo, el compromiso no concreta cuántos profesionales se incorporarían, qué mejoras salariales se aplicarían ni qué financiación adicional sería necesaria.
Además, la gestión sanitaria corresponde en gran medida a las comunidades autónomas. Por eso, una política estatal tendría que coordinarse con las administraciones regionales para traducirse en más profesionales y mejores servicios.
8. Elevar la exigencia educativa y reforzar la autoridad docente
Feijóo propone un sistema educativo que premie el esfuerzo, eleve la exigencia académica y refuerce la autoridad del profesorado.
Entre las medidas recogidas en el documento figura que las reales academias participen en la elaboración de los contenidos educativos y que se erradique el denominado «adoctrinamiento» en las aulas.
La propuesta sitúa la calidad de la enseñanza y la autonomía del docente en el centro del debate educativo. También abre interrogantes sobre cómo se revisarían los currículos, qué competencias tendrían las reales academias y cómo se definiría y acreditaría el adoctrinamiento.
Cualquier reforma tendría que concretar sus objetivos pedagógicos, respetar las competencias autonómicas y establecer mecanismos transparentes para evaluar los resultados.
9. Más seguridad en las calles
El noveno compromiso consiste en dotar de más recursos y autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La propuesta busca reforzar la respuesta frente a la delincuencia y transmitir respaldo institucional a los agentes.
Para valorar su alcance será necesario conocer si se traduciría en nuevas plazas, mejoras de equipamiento, cambios normativos o refuerzos específicos en las zonas con mayores necesidades.
El aumento de recursos, por sí solo, no permite anticipar una reducción de la criminalidad: también importan la distribución de efectivos, la coordinación policial, la prevención y la eficacia de los procedimientos judiciales.
10. Revisar las subidas fiscales y bajar los impuestos
La rebaja fiscal es uno de los principales mensajes económicos del documento. Feijóo promete revisar las más de cien subidas de impuestos que atribuye a los últimos años y poner en marcha reducciones tributarias.
El planteamiento pretende aliviar la carga sobre familias, trabajadores y empresas, aunque el texto difundido no especifica qué tributos se reducirían, en qué cuantía ni con qué calendario.
Esa información resulta decisiva para conocer el impacto real de la propuesta. Una rebaja del IRPF, una modificación del IVA o cambios en la fiscalidad empresarial tendrían efectos distintos sobre los hogares, la actividad económica y los ingresos del Estado.
El reto será concretar las reducciones sin comprometer la financiación de los servicios públicos ni los objetivos presupuestarios.
11. Subir el salario medio y aumentar la productividad
El PP plantea elevar el salario medio para que la clase media vuelva a actuar como motor de la economía española. El documento vincula esa meta con un incremento de la productividad.
El objetivo conecta con dos cuestiones estructurales: la capacidad de los trabajadores para mejorar su poder adquisitivo y la posibilidad de que las empresas generen más valor por hora trabajada.
Para convertir la promesa en resultados será necesario concretar las medidas previstas en materia de formación, innovación, inversión, empleo y competitividad empresarial.
El aumento de los salarios medios tampoco garantiza por sí solo una mejora equivalente del poder adquisitivo: para medirla habría que tener en cuenta la evolución de los precios y la distribución de las rentas.
12. Recuperar el prestigio internacional de España
El último compromiso se centra en la política exterior. Feijóo promete recuperar el prestigio internacional de España y reconstruir las alianzas que, según el documento, se han deteriorado en la Unión Europea, Hispanoamérica y entre los aliados históricos del país.
La propuesta pretende situar a España en una posición de mayor influencia internacional y reforzar sus relaciones diplomáticas.
No obstante, el texto no concreta qué acuerdos revisaría, qué prioridades establecería en la UE o qué iniciativas impulsaría en Hispanoamérica. La efectividad de este compromiso dependería de decisiones diplomáticas concretas y de la capacidad de alcanzar acuerdos con los socios internacionales.
Un contrato político que deberá medirse por sus resultados
Los doce compromisos de Feijóo dibujan una agenda que combina rebajas fiscales, construcción de vivienda, control migratorio, seguridad, reforma institucional y sostenibilidad de las pensiones.
El documento pretende funcionar como una garantía política ante los electores, pero su presentación no equivale a la aprobación de leyes ni asegura que todas las medidas puedan ejecutarse en los términos anunciados.
Si el PP llega al Gobierno, el examen estará en los detalles: el calendario de aplicación, la financiación, las reformas legales y los indicadores con los que se medirán los resultados.
La cuestión no será únicamente si Feijóo cumple sus doce mandamientos, sino qué medidas concretas adopta, cuánto cuestan y qué efectos tienen sobre los ciudadanos. Esa será la forma de distinguir un compromiso electoral de una política pública efectiva.


