La llegada del PP a La Moncloa abriría una incógnita decisiva: qué hará Génova con los ejecutivos vinculados al PSOE y al PSC que ocupan puestos estratégicos en las empresas participadas por el Estado.
El escenario que se dibuja alrededor de Telefónica, Indra y Aena anticipa uno de los primeros pulsos económicos de un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. La cuestión no es menor: la SEPI controla el 10 % de Telefónica, el 28 % de Indra y el 51 % de Aena, convirtiendo al Estado en un actor determinante en algunas de las principales compañías españolas.
Y en el centro de esta batalla aparece Salvador Illa.
El Ibex se convierte en otro frente de la batalla entre PP y PSOE
La relación entre política y grandes empresas españolas vuelve a situarse en el centro del debate justo cuando España encara un nuevo ciclo electoral.
El Partido Popular ha cuestionado en distintas ocasiones la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en empresas estratégicas mediante la participación pública. El relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra en Telefónica y el posterior nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra han alimentado especialmente esa discusión.
El problema para Génova es que los cambios realizados durante la etapa socialista no se limitan a dos nombres.
Desde 2018 se ha producido una sucesión de nombramientos de perfiles vinculados al socialismo catalán en empresas estratégicas. Maurici Lucena, antiguo diputado del PSC, preside Aena desde 2018. Marc Murtra pasó de Indra a Telefónica y Ángel Simón llegó después a la presidencia de Indra.
Esto ha llevado a diferentes medios económicos a hablar de una creciente influencia del PSC en el Ibex, aunque esa interpretación debe atribuirse a las fuentes y no confundirse con un hecho jurídico: los nombramientos son decisiones societarias adoptadas dentro de los órganos correspondientes y, en determinados casos, con la influencia accionarial de la SEPI.
Telefónica, la pieza más simbólica para un futuro Gobierno del PP
Entre todas las compañías, Telefónica es probablemente la pieza de mayor carga política y simbólica.
La empresa ha dejado atrás su posición histórica como primera compañía española por capitalización. En 2007 llegó a aproximarse a los 107 000 millones de euros, mientras que actualmente se encuentra por debajo de los 20 000 millones, según el análisis publicado por Cinco Días.
Pero el valor estratégico de Telefónica sigue siendo enorme.
La entrada de la SEPI con un 10 % del capital devolvió al Estado un peso directo en una compañía que había sido privatizada completamente en los años noventa.
El Gobierno utilizó esa posición accionarial para participar en la nueva configuración de la compañía y posteriormente respaldó el relevo de Pallete por Murtra.
Ahora el escenario puede cambiar radicalmente si el PP llega al poder.
El debate ya no sería únicamente quién preside Telefónica, sino hasta dónde está dispuesto Feijóo a modificar el entramado de empresas públicas y participadas por el Estado construido durante los últimos años.
Marc Murtra, en el centro de todas las miradas
El futuro de Marc Murtra es uno de los asuntos que más incertidumbre genera.
Murtra llegó a Telefónica después de haber presidido Indra. Antes había desarrollado buena parte de su trayectoria en el entorno político y empresarial catalán y estuvo vinculado profesionalmente al exministro socialista Joan Clos.
Su proximidad histórica al PSC es uno de los argumentos utilizados por quienes cuestionan su continuidad si cambia el Gobierno.
Pero existe otro elemento: la evolución bursátil de Telefónica.
Cuando Murtra asumió la presidencia, la acción cotizaba alrededor de 3,97 euros. Los títulos cerraron el lunes 5 de octubre de 2026 en torno a 3,43 euros, según el análisis publicado por Cinco Días. El cálculo utilizado por el diario sitúa en aproximadamente 3 000 millones de euros el valor bursátil perdido durante su etapa.
Esto permite separar dos debates diferentes.
Por un lado, está la cuestión política de sus vínculos anteriores.
Por otro, está la valoración empresarial de su gestión.
Ninguno de los dos factores implica automáticamente que deba producirse un relevo. Una eventual decisión correspondería a los órganos competentes y a la estrategia del nuevo accionista público.
Indra, el otro gran foco de tensión
La situación de Indra es todavía más compleja.
La compañía se ha convertido en una pieza estratégica para la industria española de defensa, tecnología y seguridad. La SEPI posee aproximadamente el 28 % del capital, lo que proporciona al Estado una capacidad de influencia decisiva.
El nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo reforzó la percepción de una creciente presencia de perfiles próximos al socialismo catalán en las empresas estratégicas participadas por el Estado. Esa interpretación aparece en diferentes análisis publicados durante 2026.
Simón, además, había sido consejero delegado de CriteriaCaixa antes de su salida del holding inversor de La Caixa.
Su posterior llegada a Indra se produjo después de una etapa marcada por fuertes tensiones entre el Gobierno, la SEPI y el anterior accionariado de la compañía.
El resultado ha sido una Indra sometida a un escrutinio político y empresarial mucho mayor.
El PSC y su creciente presencia en las empresas estratégicas
La cuestión de fondo es más amplia que Telefónica o Indra.
Desde 2018 diferentes dirigentes y perfiles empresariales relacionados con Cataluña han ocupado puestos de responsabilidad en compañías estratégicas.
Entre los casos más destacados aparecen:
- Maurici Lucena, presidente de Aena.
- Marc Murtra, presidente de Telefónica.
- Ángel Simón, presidente de Indra.
- José Montilla, vinculado a la cúpula de Enagás.
- Beatriz Corredor, presidenta de Redeia.
El País también ha señalado durante 2026 una creciente presencia de perfiles catalanes en empresas estatales estratégicas y ha relacionado esa evolución con el nuevo escenario político surgido tras la investidura de Pedro Sánchez.
Esto no significa que todos esos ejecutivos respondan políticamente a Salvador Illa ni que exista una dirección única desde la Generalitat.
Lo que sí está documentado es que el PSC ha adquirido una presencia relevante en el ecosistema empresarial público y semipúblico, mientras el Gobierno central mantiene participaciones significativas mediante la SEPI.
Illa aparece como una variable política para Feijóo
La llegada de Feijóo a La Moncloa no supondría únicamente un cambio de Gobierno.
También obligaría al PP a decidir cómo gestionar sus relaciones con Cataluña.
Salvador Illa es actualmente presidente de la Generalitat y líder del PSC. Su posición resulta particularmente relevante para el futuro equilibrio territorial, especialmente después de años de tensión entre el independentismo y las instituciones del Estado.
De ahí surge una hipótesis que ya circula en círculos empresariales: un eventual Gobierno del PP podría optar por no desmontar inmediatamente toda la estructura de perfiles vinculados al PSC para evitar abrir simultáneamente un conflicto político y territorial.
Cinco Días recoge precisamente una tesis procedente del entorno de asesores empresariales de Telefónica según la cual mantener determinados perfiles podría servir como fórmula para rebajar tensiones con Cataluña.
Es una hipótesis, no una decisión anunciada por Feijóo.
El dilema de Génova: limpiar las empresas públicas o garantizar estabilidad
Aquí aparece uno de los dilemas más complicados para el Partido Popular.
Durante años, el PP ha denunciado el uso político de las empresas públicas y de los organismos participados por el Estado.
Pero sustituir de golpe a los actuales responsables podría generar otro problema: la percepción de que el nuevo Gobierno hace exactamente lo mismo que critica al PSOE.
La cuestión se resumiría en dos alternativas.
Una ruptura con el modelo de Sánchez
La primera opción sería utilizar el cambio de Gobierno para revisar profundamente los nombramientos realizados durante la etapa socialista.
Eso afectaría especialmente a las compañías donde la participación estatal proporciona capacidad de decisión.
Desde esta perspectiva, el argumento sería sencillo: si el Gobierno cambia, también debe cambiar el criterio para elegir a quienes gestionan las empresas estratégicas del Estado.
Una transición más pragmática
La segunda opción consistiría en mantener a determinados ejecutivos si cuentan con respaldo profesional y separar su trayectoria política de su capacidad de gestión.
Esta vía permitiría reducir el conflicto con el mundo empresarial y evitaría transmitir la imagen de una purga generalizada.
También tendría una ventaja política: podría facilitar la relación con Salvador Illa y reducir tensiones territoriales.
El problema sería explicar a los propios votantes del PP por qué algunos perfiles asociados a la etapa socialista permanecen en sus puestos.
El precedente de Pallete pesa sobre el debate
Existe además un precedente especialmente incómodo.
José María Álvarez-Pallete fue apartado de la presidencia de Telefónica en 2025 y sustituido por Marc Murtra después de una intervención decisiva del Gobierno y de la SEPI.
El episodio generó críticas en sectores empresariales por la forma en que se produjo el relevo.
Ahora el PP se enfrenta a una pregunta inevitable:
¿debe utilizar el mismo poder accionarial que utilizó Sánchez para revertir sus nombramientos?
La respuesta no es automática.
Una cosa es disponer de capacidad accionarial y otra utilizarla para modificar la dirección de una empresa cotizada. Además, cualquier decisión debe convivir con las reglas de gobierno corporativo, los intereses del resto de accionistas y la normativa del mercado.
La Caixa vuelve a aparecer en el tablero
En esta partida también aparece un actor con enorme peso económico: La Caixa y su presidente, Isidro Fainé.
Tanto Murtra como Pallete forman parte del patronato de la Fundación La Caixa, y el grupo mantiene una posición relevante en Telefónica.
La relación entre Fainé y el Gobierno ha atravesado diferentes etapas.
CriteriaCaixa llegó a incrementar su posición en Telefónica después de la entrada de la saudí STC en el accionariado, contribuyendo a reforzar el núcleo español de la compañía.
Posteriormente, la salida de Ángel Simón de CriteriaCaixa y su llegada a Indra evidenciaron el distanciamiento entre el ejecutivo y la cúpula del grupo catalán, según diferentes informaciones empresariales.
Por eso, cualquier movimiento futuro en Telefónica tendrá inevitablemente que tener en cuenta el papel de La Caixa.
El regreso de las sedes catalanas también forma parte del contexto
La discusión sobre el poder empresarial catalán no comenzó con Illa.
El desafío independentista de 2017 provocó el traslado de las sedes sociales de numerosas compañías catalanas.
Entre las más relevantes estuvieron CaixaBank y Banco Sabadell.
Posteriormente algunas empresas comenzaron a regresar a Cataluña. CaixaBank y Sabadell volvieron a establecer allí su sede social durante 2025, un movimiento interpretado como una señal de normalización económica tras los años del procés.
En este contexto, Illa ha defendido públicamente que Cataluña recupere su posición como motor económico de España y Europa.
El eventual regreso de empresas y la creciente presencia de ejecutivos catalanes en compañías estratégicas forman parte de ese mismo proceso de recuperación de influencia económica.
Indra podría convertirse en el próximo símbolo
La situación de Indra añade una nueva dimensión.
La compañía tiene una importancia estratégica muy superior a la de una empresa convencional del Ibex por su actividad en defensa, seguridad, tecnología y sistemas críticos.
Precisamente por ello, el debate sobre quién controla sus órganos de gobierno tiene una dimensión que trasciende Cataluña.
Durante las últimas semanas han aparecido informaciones sobre una posible mayor concentración de actividad de Ángel Simón en Barcelona y hasta sobre un hipotético traslado de la sede de Indra a Cataluña. Estas informaciones han sido presentadas como sospechas o hipótesis empresariales, no como una decisión oficialmente anunciada por la compañía.
También se ha publicado que Illa habría explorado con Simón la creación de un gran hólding catalán de defensa y tecnología, extremo atribuido a fuentes conocedoras de esas conversaciones.
De confirmarse algún movimiento de este tipo, el asunto tendría una enorme carga simbólica.
La pregunta que queda sobre la mesa
El cambio político puede trasladarse directamente a los consejos de administración.
Telefónica, Indra y Aena no son simples empresas privadas cuando el Estado mantiene participaciones relevantes y cuando sus actividades afectan a sectores estratégicos.
Pero tampoco son ministerios.
Ese equilibrio será probablemente una de las primeras pruebas económicas de un eventual Gobierno del PP.
Feijóo tendrá que decidir si la promesa de “derogar el sanchismo” incluye también revisar la arquitectura empresarial construida durante la etapa de Sánchez o si opta por una transición más gradual.
Y, al mismo tiempo, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a tensar la relación con Salvador Illa y el PSC.
El verdadero pulso será entre poder político y gobierno corporativo
El debate que se abre no consiste únicamente en decidir si Marc Murtra debe continuar o si Ángel Simón debe abandonar Indra.
La cuestión de fondo es mucho mayor: qué papel debe desempeñar el Estado en las grandes empresas estratégicas españolas y hasta dónde puede llegar la influencia política sobre sus órganos de gobierno.
El PSOE ha utilizado su posición accionarial para ganar capacidad de decisión. El PP tendrá que decidir si emplea esa misma capacidad para revertir los nombramientos o si establece una frontera diferente.
La respuesta definirá también la relación entre Madrid, Cataluña, Moncloa y las grandes corporaciones españolas durante los próximos años.
Y hay una última paradoja: cuanto más quiera Génova deshacer el entramado empresarial asociado al actual Gobierno, más difícil puede resultar separar la regeneración institucional de una nueva batalla por el control de las empresas estratégicas.
Ese será, probablemente, uno de los primeros grandes dilemas económicos de un eventual cambio de ciclo político en España.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo