El PP plantea recuperar agravantes, elevar las multas y exigir responsabilidades a padres de menores reincidentes en actos violentos.
La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los ejes de la campaña del Partido Popular ante las elecciones del 29-N. Alberto Núñez Feijóo prepara una reforma legislativa para endurecer la respuesta frente a los disturbios y el vandalismo si consigue llegar al Gobierno.
La propuesta, que el PP incorporará a su programa electoral, contempla recuperar la agravante penal por actuar con el rostro cubierto durante la comisión de actos violentos, elevar a 3 000 euros las multas mínimas por determinados actos de vandalismo y establecer consecuencias para los padres o tutores de menores reincidentes cuando exista conocimiento previo de su participación y no se hayan adoptado medidas razonables para impedirla.
El anuncio llega después de varios episodios de tensión y disturbios registrados en distintas ciudades españolas y en plena precampaña electoral. Para Feijóo, el próximo Gobierno deberá afrontar un escenario de creciente conflictividad social sin confundir el derecho constitucional de manifestación con los ataques a personas, bienes o agentes policiales.
Feijóo prepara una respuesta política a la violencia callejera
El PP presentará su programa electoral este martes con un paquete de medidas destinadas a reforzar la seguridad ante lo que considera un posible incremento de los disturbios durante la próxima legislatura.
La formación plantea modificar el delito de desórdenes públicos para ampliar las conductas sancionables y endurecer las penas cuando existan actos violentos contra personas, policías o patrimonio público y privado.
El planteamiento parte de una distinción que Feijóo considera fundamental: manifestarse seguirá siendo un derecho, pero participar en disturbios violentos tendrá una respuesta penal más contundente.
La propuesta pretende convertir esa diferencia en una modificación concreta del Código Penal y de las normas de seguridad ciudadana.
El PP recuperará la agravante por llevar el rostro cubierto
Una de las medidas más llamativas consiste en recuperar la agravante penal asociada a actuar con el rostro cubierto durante la comisión de actos violentos.
El PP sostiene que ocultar deliberadamente la identidad mientras se comete un delito dificulta la identificación de los responsables y favorece la impunidad.
Según la propuesta incorporada al programa, la circunstancia volvería a tener consecuencias específicas en la responsabilidad penal. El partido señala que esta agravante fue eliminada del Código Penal en 2022.
La medida afectaría a quienes utilicen prendas u otros elementos para ocultar su identidad mientras realizan actos violentos, vandálicos o delictivos.
No se plantea, por tanto, convertir el hecho de cubrirse el rostro en un delito autónomo con carácter general.
Multas de 3 000 euros por vandalismo
El segundo gran bloque de la propuesta afecta directamente al bolsillo de quienes participen en determinados episodios de vandalismo.
El PP plantea establecer multas mínimas de 3 000 euros para quienes participen activamente en actos de vandalismo contra bienes públicos o privados durante disturbios multitudinarios que alteren gravemente la seguridad ciudadana, siempre que la conducta concreta no constituya ya un delito.
La formación también pretende agilizar la valoración de los daños y el pago de las correspondientes indemnizaciones a los comerciantes perjudicados.
Para ello propone reforzar la coordinación entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías aseguradoras.
El objetivo es evitar que los propietarios afectados tengan que soportar durante meses las consecuencias económicas de unos disturbios en los que no han participado.
Responsabilidad para los padres de menores reincidentes
La medida que puede generar mayor debate político y jurídico es la relativa a los menores.
El PP propone establecer consecuencias para padres o tutores cuando se cumplan varias condiciones: que el menor participe reiteradamente en actos violentos, que los responsables legales tengan conocimiento de ello y que, pudiendo razonablemente impedirlo, incumplan gravemente sus deberes de guarda y vigilancia.
La propuesta no establece una responsabilidad automática de los progenitores por cualquier delito cometido por sus hijos.
El elemento central será demostrar conocimiento previo, reiteración y un incumplimiento grave de los deberes de vigilancia.
La distinción resulta importante porque la responsabilidad penal es personal y no puede trasladarse simplemente de un individuo a otro por razón del parentesco.
Más poder preventivo para la Policía
El programa del PP también apuesta por reforzar el marco jurídico en el que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La formación plantea ampliar la cobertura legal de la actuación policial preventiva cuando existan indicios objetivos de violencia organizada.
Entre las medidas anunciadas figuran:
- Reglas más claras para la identificación de personas que oculten su rostro durante actuaciones violentas.
- Regulación de la incautación anticipada de instrumentos peligrosos en los supuestos legalmente previstos.
- Refuerzo de las herramientas policiales frente a concentraciones violentas.
- Mayor seguridad jurídica para los agentes que actúen ante indicios objetivos de violencia organizada.
- Procedimientos destinados a facilitar la disolución de concentraciones violentas.
El PP insiste en que estas medidas deberán aplicarse con garantías para los derechos fundamentales y las libertades individuales.
La calle entra en la batalla electoral
La propuesta de Feijóo aparece en un contexto político marcado por una creciente utilización de la movilización callejera como instrumento de presión.
En Madrid, sindicatos y colectivos sociales han protagonizado durante las últimas semanas diferentes protestas relacionadas, entre otras cuestiones, con la vivienda y la educación. Libertad Digital vincula estos episodios con la posibilidad de una legislatura especialmente conflictiva para un eventual Gobierno del PP y Vox.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha advertido de que, si las urnas propician un cambio de Gobierno, la izquierda y organizaciones próximas al Ejecutivo podrían recurrir a la presión en la calle.
Estas afirmaciones forman parte de la batalla política y no permiten afirmar por sí mismas que exista una estrategia general de violencia organizada por parte de la izquierda.
La diferencia es relevante. Una cosa es la existencia documentada de disturbios o enfrentamientos concretos y otra distinta atribuirlos colectivamente a una determinada ideología o formación política.
Barcelona, Madrid y La Coruña, en el radar del PP
El programa del Partido Popular menciona un contexto de disturbios registrados antes de las elecciones en diferentes puntos de España.
La información publicada por Libertad Digital cita expresamente La Coruña, Barcelona y Madrid como escenarios que han contribuido a la preocupación del PP por la seguridad durante la próxima legislatura.
La estrategia de Feijóo pretende anticiparse a un posible escenario de protestas intensas después de las elecciones.
La lectura política del PP es clara: si se produce un cambio de Gobierno, la oposición social no se limitará necesariamente al Parlamento y parte de la izquierda podría utilizar la movilización callejera como mecanismo de presión.
Pero el reto para el futuro Ejecutivo será responder a esa presión sin convertir cualquier protesta en un problema de orden público.
La diferencia entre protesta y delito
El propio programa popular parte de una premisa constitucional importante: manifestarse es un derecho.
La Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El problema aparece cuando una concentración deriva en agresiones, daños materiales, desórdenes graves o ataques contra agentes de la autoridad.
La futura reforma propuesta por el PP pretende situar el límite con mayor claridad.
Su objetivo declarado es que quienes participen en una manifestación pacífica puedan ejercer su derecho sin restricciones indebidas, mientras que quienes aprovechen una concentración para cometer actos violentos afronten consecuencias más severas.
El debate jurídico estará precisamente en cómo se define y acredita la violencia organizada, qué conductas deben considerarse infracciones administrativas y cuáles delitos, y hasta dónde puede llegar la actuación preventiva de la Policía.
Feijóo convierte la seguridad en una bandera electoral
La propuesta encaja en una estrategia política más amplia del PP para presentar las elecciones del 29-N como una oportunidad de cambio de ciclo.
Feijóo ha endurecido durante los últimos días su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha prometido una revisión de diferentes actuaciones de la etapa socialista.
El presidente del PP ha asegurado que, si gobierna, investigará y revisará responsabilidades relacionadas con diversos escándalos y ha utilizado el lema de que «todo se sabrá» y «todo se limpiará».
En este contexto, la seguridad pública aparece como otro de los terrenos en los que el PP pretende marcar diferencias con el Ejecutivo actual.
La apuesta consiste en combinar más autoridad policial, mayores sanciones y responsabilidad individual frente a los disturbios.
Una reforma que abrirá un fuerte debate
La propuesta popular no estará exenta de polémica.
Sus defensores argumentarán que el Estado necesita herramientas más eficaces para responder al vandalismo y proteger a policías, comerciantes y ciudadanos.
Sus detractores probablemente cuestionarán si algunas medidas pueden terminar afectando al derecho de manifestación o ampliar demasiado las facultades preventivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La cuestión central será determinar dónde termina la protesta legítima y dónde comienza la violencia que debe ser perseguida penalmente.
También habrá debate sobre la responsabilidad de los padres. La propuesta popular intenta limitarla a supuestos de reiteración, conocimiento y grave incumplimiento de las obligaciones de vigilancia, pero su aplicación práctica requerirá una regulación precisa.
El PP anticipa el escenario de una legislatura conflictiva
El mensaje político de Feijóo es inequívoco: un eventual Gobierno del PP no quiere afrontar una nueva legislatura con las manos atadas ante los disturbios callejeros.
La propuesta combina endurecimiento penal, sanciones económicas, protección a los afectados y nuevas herramientas para las fuerzas policiales.
Pero su éxito dependerá de algo más que de aprobar reformas.
También será necesario garantizar que las nuevas normas sean proporcionadas, constitucionales y aplicables, y que distingan con precisión entre quien protesta pacíficamente y quien utiliza una movilización como cobertura para cometer delitos.
La campaña del 29-N entra así en uno de sus debates más sensibles: qué modelo de seguridad quiere aplicar el próximo Gobierno y hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar el control de la calle.
Para Feijóo, la respuesta pasa por endurecer la legislación. La batalla política que se avecina determinará si los españoles consideran esas medidas una defensa necesaria del orden público o un endurecimiento excesivo de las reglas de protesta.
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