La Inspección de Trabajo convirtió en 2025 más de 61 600 contratos fijos discontinuos irregulares en indefinidos ordinarios. Baleares lidera la clasificación, con un 85,7 % de las regularizaciones.
Los fijos discontinuos ya superan a los temporales en las regularizaciones
Los contratos fijos discontinuos se han convertido en el principal foco de las regularizaciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con la contratación irregular. En 2025, el organismo obligó a transformar 61 655 contratos de esta modalidad en indefinidos ordinarios, frente a los 51 526 contratos temporales que también tuvieron que corregirse.
Según los datos de la memoria anual de la Inspección recogidos por elEconomista, los fijos discontinuos representaron el 54,5 % de los 113 181 contratos regularizados entre ambas categorías. Es el segundo año consecutivo en el que superan a los temporales.
La cifra reabre el debate sobre los efectos de la reforma laboral de 2021, que entró en vigor en buena parte de sus disposiciones en 2022 y promovió el contrato indefinido como fórmula preferente frente a la contratación temporal. El fijo discontinuo permite mantener una relación laboral indefinida cuando el trabajo se desarrolla de forma intermitente o en periodos recurrentes, como sucede en algunas actividades estacionales.
El problema aparece cuando una empresa utiliza esa modalidad para cubrir un puesto que, por sus características reales, debería ser estable y continuo. En esos casos, la Inspección puede exigir que el contrato se convierta en un indefinido ordinario.
Conviene precisar un aspecto fundamental: que un contrato sea regularizado no significa necesariamente que haya terminado en una sanción, ni que todos los contratos fijos discontinuos sean fraudulentos. Los datos reflejan los contratos que la Inspección consideró necesario corregir, no el conjunto de trabajadores sujetos a esta modalidad.
De 2022 a 2025: el fraude detectado cambia de modalidad
La evolución de las regularizaciones muestra un cambio notable desde la entrada en vigor de la reforma laboral. En 2022, la actuación inspectora se centró principalmente en la contratación temporal irregular, mientras que los fijos discontinuos todavía tenían un peso reducido.
Las cifras publicadas permiten reconstruir esta evolución:
- 2022: se regularizaron 229 984 contratos temporales y 27 140 fijos discontinuos. Estos últimos representaron el 10,6 % del total de ambas categorías, aunque las actuaciones de ese ejercicio solo se contabilizaron desde octubre.
- 2023: los contratos temporales regularizados descendieron a 81 933, mientras que los fijos discontinuos aumentaron a 60 016. Estos últimos representaron el 42,3 %.
- 2024: los temporales regularizados bajaron a 77 787 y los fijos discontinuos alcanzaron los 89 959, el 53,6 %.
- 2025: la Inspección regularizó 51 526 temporales y 61 655 fijos discontinuos, que representaron el 54,5 %.
En 2025 disminuyeron las regularizaciones de ambas modalidades respecto al año anterior. Sin embargo, los contratos temporales corregidos cayeron un 33,8 %, frente al 31,5 % de descenso de los fijos discontinuos. Esa diferencia explica que estos últimos ganaran peso porcentual.
La comparación con 2023 ofrece otra perspectiva: los contratos temporales regularizados disminuyeron un 37,1 %, mientras que los fijos discontinuos aumentaron un 2,7 %.
La tendencia es relevante para evaluar el funcionamiento del mercado laboral, pero debe interpretarse con cautela. Las regularizaciones dependen tanto de las irregularidades existentes como de las prioridades inspectoras, los sistemas de detección y las campañas de control. Por sí sola, la evolución no permite medir cuántos contratos fraudulentos existen en toda la economía.
Qué diferencia a un fijo discontinuo de un indefinido ordinario
El contrato fijo discontinuo es una modalidad indefinida prevista para trabajos que se desarrollan de forma intermitente o vinculados a actividades de temporada. El trabajador mantiene una relación laboral con la empresa, pero existen periodos en los que no presta servicios porque la actividad se interrumpe.
Durante esos periodos de inactividad, el empleado deja de percibir el salario de ese puesto y, si reúne los requisitos legales, puede tener derecho a prestaciones por desempleo. La situación no equivale a la de una persona que trabaja de forma continua todo el año.
La diferencia esencial es la naturaleza de la actividad:
- Indefinido ordinario: el puesto responde a una necesidad de trabajo estable y continuada.
- Fijo discontinuo: la actividad se repite, pero se desarrolla de forma intermitente o por temporadas.
- Temporal: la contratación debe responder a una causa temporal legalmente válida y cumplir los requisitos establecidos para esa modalidad.
La controversia surge cuando la actividad real no justifica los periodos de inactividad propios del fijo discontinuo. Si el trabajador cubre de forma habitual una necesidad permanente, la empresa puede estar utilizando una modalidad contractual inadecuada.
La clave, por tanto, no está en el nombre que aparece en el contrato, sino en cómo se organiza y se desarrolla realmente el trabajo.
Cartas de la Inspección antes que multas: así se detectan las irregularidades
Una parte importante de las regularizaciones no comienza con una visita presencial de un inspector. Desde octubre de 2022, la Inspección de Trabajo utiliza planes de choque basados en el cruce de datos de altas, bajas y cotizaciones para detectar posibles usos indebidos de los contratos fijos discontinuos.
Según los datos publicados, uno de los indicadores empleados es que un trabajador haya permanecido al menos diez meses y medio de alta en la misma empresa durante el último año. Esta circunstancia puede alertar de que el puesto responde a una necesidad continuada y no a una actividad intermitente.
Cuando detecta indicios, la Inspección envía una comunicación a la empresa para que revise y, en su caso, regularice la situación. El plazo indicado en la información original es de un mes. Si la compañía no corrige la irregularidad, puede abrirse una actuación inspectora.
Este procedimiento explica buena parte de las conversiones contabilizadas en 2025. De los 61 655 contratos fijos discontinuos regularizados, 42 227 procedieron de los planes de choque, el 68,5 % del total. Los otros 19 428 fueron resultado de las actuaciones ordinarias de inspección.
El mecanismo permite detectar posibles irregularidades mediante el análisis de datos y puede agilizar la corrección de situaciones laborales sin necesidad de comenzar siempre con una visita presencial. No obstante, los indicadores estadísticos sirven para identificar casos que requieren revisión: la valoración definitiva depende de las circunstancias concretas de cada relación laboral.
Se duplican las actuaciones por uso indebido del fijo discontinuo
La Inspección creó en 2022 una categoría específica para las infracciones relacionadas con el uso indebido del contrato fijo discontinuo. Desde entonces, las actuaciones abiertas por este motivo han aumentado de forma considerable.
En 2023 se registraron 5 265 actuaciones, frente a unas 10 600 en 2025, aproximadamente el doble en dos años.
Pese al incremento de las actuaciones, el número de infracciones detectadas se mantuvo muy por debajo del de contratos regularizados. La información publicada cifra en unas 1 100 las infracciones de 2025, frente a más de 60 000 contratos fijos discontinuos transformados en indefinidos ordinarios.
La diferencia tiene una explicación importante: regularizar un contrato y sancionar una infracción son procedimientos distintos. Una empresa puede corregir la modalidad contractual tras recibir una comunicación de la Inspección sin que cada regularización termine necesariamente en una multa.
Por ello, no sería correcto equiparar automáticamente los más de 61 000 contratos corregidos con el mismo número de infracciones sancionadas. Para evaluar la intensidad del control laboral también habría que conocer el número de expedientes concluidos, las sanciones impuestas y los resultados de los recursos que pudieran presentarse.
Baleares lidera las regularizaciones de fijos discontinuos
Las diferencias territoriales son especialmente llamativas. Baleares encabeza la clasificación nacional, con 3 162 contratos fijos discontinuos regularizados en 2025, frente a 528 temporales. En consecuencia, esta modalidad representó el 85,7 % de las regularizaciones de ambas categorías en las islas.
A continuación aparecen otras comunidades en las que los fijos discontinuos concentran una proporción elevada de las conversiones:
- Comunidad Valenciana: 65,7 %.
- Región de Murcia: 62 %.
- Canarias: 60,4 %.
- Andalucía: 60,3 %.
Por provincias, Alicante registró un 78,4 % de fijos discontinuos entre los contratos regularizados de ambas categorías, mientras que Málaga alcanzó el 71,4 %.
En el extremo opuesto, los contratos temporales continuaron representando la mayoría de las regularizaciones en el País Vasco, con un 30,2 % de fijos discontinuos; Aragón, con un 35 %; y Castilla y León, con un 35,9 %.
Madrid se situó en el 44,7 % y Cataluña, en el 50,6 %, ambas por debajo de la media nacional del 54,5 %.
Las cifras absolutas ofrecen otra perspectiva. Andalucía concentró 18 369 fijos discontinuos regularizados, el 29,8 % del total nacional, casi el doble de los 9 748 contabilizados en la Comunidad Valenciana.
Estas diferencias pueden estar relacionadas con la estructura productiva de cada territorio, el peso de las actividades estacionales y las prioridades de las campañas inspectoras. Sin un análisis adicional, no permiten concluir que una comunidad tenga necesariamente más fraude laboral que otra en términos generales: los datos reflejan la composición de las regularizaciones detectadas.
La reforma laboral y el debate sobre la calidad del empleo
La reforma laboral de 2021 impulsó la contratación indefinida y restringió el uso de los contratos temporales. En ese contexto, el fijo discontinuo ganó protagonismo como fórmula para actividades recurrentes que no requieren trabajo durante todo el año.
La modalidad puede encajar en sectores con temporadas marcadas, como el turismo, la hostelería o determinadas actividades agrícolas. El problema aparece si se utiliza para cubrir puestos que requieren actividad continuada o si las condiciones reales de trabajo no se corresponden con las características del contrato.
El aumento del peso de los fijos discontinuos en las regularizaciones alimenta las dudas sobre si una parte de las irregularidades laborales ha cambiado de forma contractual. Sin embargo, los datos de la Inspección no bastan por sí solos para demostrar que el fraude se haya trasladado de manera generalizada de los contratos temporales a los fijos discontinuos.
Para responder a esa cuestión habría que comparar las irregularidades detectadas con el número total de contratos de cada modalidad, la intensidad de las inspecciones y la evolución de las denuncias y actuaciones por sectores.
También es necesario distinguir entre tener un contrato indefinido y disponer de empleo efectivo durante todo el año. Un fijo discontinuo tiene una relación laboral indefinida, pero puede pasar periodos sin actividad. Por eso, el análisis de la calidad del empleo requiere observar no solo la duración formal del contrato, sino también los días trabajados, los ingresos anuales y las posibilidades reales de continuidad laboral.
Los datos de 2026 apuntan a que el control continuará
La Inspección mantiene la vigilancia sobre esta modalidad. Según la información publicada, el plan de choque de 2026 se dirigió a empresas por 17 474 contratos fijos discontinuos y 14 071 temporales.
Los fijos discontinuos representan así alrededor del 55 % de los contratos señalados en ese plan. La cifra corresponde a contratos objeto de actuación, no al número de irregularidades confirmadas ni al de sanciones que finalmente puedan imponerse.
El resultado de esas campañas se conocerá con mayor precisión cuando se publiquen los datos correspondientes al ejercicio. Hasta entonces, no es posible anticipar cuántos contratos terminarán convertidos en indefinidos ordinarios ni cuántas actuaciones darán lugar a sanciones.
La evolución de las regularizaciones deja una conclusión clara: el fijo discontinuo ocupa ya un lugar central en el control de la contratación laboral en España. El siguiente paso es comprobar si las actuaciones permiten corregir las irregularidades detectadas y si las empresas ajustan sus prácticas a las necesidades reales de sus plantillas.
La cuestión de fondo no es cuántos contratos llevan la etiqueta de indefinidos, sino si reflejan una relación laboral ajustada a la ley y ofrecen al trabajador una expectativa realista de empleo e ingresos.
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