El Tribunal Militar Central impone cuatro meses de suspensión a un cabo primero que, según varios compañeros, llegó con signos evidentes de embriaguez y realizó una grave amenaza durante el relevo.
La seguridad de un cuartel de la Guardia Civil quedó en manos de un agente que, según varios testimonios, se presentó al servicio con síntomas evidentes de embriaguez. Ocurrió en Tolosa (Guipúzcoa) en enero de 2023, cuando un cabo primero debía encargarse de la vigilancia de las cámaras de seguridad del acuartelamiento.
El caso ha terminado con una sanción de cuatro meses de suspensión de empleo, confirmada por el Tribunal Militar Central en una sentencia fechada el 29 de septiembre de 2026. La resolución considera acreditado el estado de embriaguez a partir de los testimonios coincidentes de cuatro agentes.
El episodio resulta especialmente delicado por las funciones que tenía asignadas el guardia: vigilar las instalaciones del cuartel durante un servicio nocturno y garantizar la seguridad de las dependencias.
El guardia llegó al servicio con los ojos rojos y olor a alcohol
Los hechos se remontan a enero de 2023. El cabo primero tenía previsto realizar un servicio de vigilancia entre las 20:00 y las 03:00 horas, aunque finalmente se adelantó su incorporación debido a necesidades de personal.
El agente que debía ser relevado fue quien primero detectó algo anormal. Según su declaración, el cabo primero presentaba los ojos rojos, fuerte olor a alcohol y dificultades para mantener el equilibrio.
La situación no quedó ahí. Según el relato recogido en la resolución judicial, el agente que debía abandonar el puesto recibió una respuesta especialmente preocupante cuando intentó dejarle la vigilancia.
El cabo primero le habría dicho: «Vete ya, que si hace falta tiro de pistola y si no pues le echo las culpas al Guardia».
El compañero comunicó posteriormente lo sucedido a sus superiores.
La puerta del cuartel estaba abierta
La actuación del agente también quedó cuestionada por otro episodio ocurrido aquella misma noche.
Alrededor de las 21:30 horas, otro guardia detectó que la puerta de acceso al acuartelamiento estaba abierta y no cerraba correctamente. Al acudir al cuarto donde se encontraban los monitores de seguridad para comunicar la incidencia, encontró allí al cabo primero junto a una brigada.
Ambos estaban vestidos de paisano, según el testimonio incorporado al procedimiento.
El agente volvió a observar en el cabo primero síntomas compatibles con la embriaguez: dificultades para hablar, ojos enrojecidos y un fuerte olor a alcohol.
Cuando llegó otro compañero para efectuar el relevo, alrededor de las 22:00 horas, volvió a apreciar circunstancias similares. El cabo primero estaba sin uniforme ni arma reglamentaria, se trababa al hablar y caminaba con dificultad.
La resolución judicial concede especial importancia a la coincidencia entre los testimonios de los agentes.
El Tribunal Militar da por acreditada la embriaguez
El cabo primero recurrió la sanción. Entre sus argumentos sostuvo que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, cuestionó que los hechos encajaran en la infracción aplicada y consideró desproporcionado el castigo.
También puso en duda la credibilidad de algunos de los compañeros que declararon contra él, especialmente la del agente con quien había tenido el incidente durante el relevo.
Sin embargo, el Tribunal Militar Central rechazó sus argumentos.
La sentencia considera que existen pruebas suficientes para acreditar que el agente se encontraba bajo los efectos del alcohol durante el servicio. Uno de los elementos fundamentales de la resolución es que cuatro guardias civiles describieron síntomas coincidentes que observaron directamente.
No se trata, por tanto, únicamente de una acusación basada en un único testimonio. La decisión judicial destaca la existencia de varias declaraciones que apuntaban en la misma dirección.
Cuatro meses de suspensión
El resultado del procedimiento ha sido una suspensión de empleo durante cuatro meses para el cabo primero.
La sanción adquiere especial relevancia por la naturaleza del servicio que tenía asignado. El agente no estaba realizando una actividad administrativa ordinaria, sino una función relacionada con la vigilancia y seguridad de un acuartelamiento de la Guardia Civil.
El episodio plantea así una cuestión evidente: los cuerpos policiales necesitan mantener unos estándares especialmente elevados cuando sus integrantes tienen acceso a instalaciones, sistemas de seguridad y armamento.
Al mismo tiempo, la resolución deja claro que la sanción no se basa únicamente en la percepción subjetiva de un superior. El Tribunal Militar ha considerado suficientes los testimonios de varios compañeros que describieron signos físicos y conductuales similares.
La importancia de la disciplina en la Guardia Civil
La disciplina constituye uno de los pilares de cualquier cuerpo armado. En el caso de la Guardia Civil, esa exigencia cobra una dimensión adicional por las responsabilidades que asumen sus agentes.
Un servicio de vigilancia exige atención, capacidad de reacción y cumplimiento estricto de los protocolos. Presentarse presuntamente bajo los efectos del alcohol durante una función de seguridad puede comprometer esas capacidades.
El caso de Tolosa también muestra la relevancia de los propios compañeros a la hora de detectar y comunicar comportamientos que puedan poner en riesgo el funcionamiento de una unidad.
La actuación posterior de los agentes permitió comunicar lo sucedido y activar el procedimiento disciplinario que terminó ante la jurisdicción militar.
Un caso individual que no debe empañar la labor de la Guardia Civil
La conducta atribuida al cabo primero corresponde a un caso individual y no permite extrapolarla al conjunto de la Guardia Civil.
La institución cuenta con miles de agentes que desarrollan diariamente funciones de seguridad ciudadana, investigación criminal, vigilancia fronteriza, tráfico, rescate y protección de instalaciones.
Precisamente por la responsabilidad que recae sobre estos profesionales, los comportamientos incompatibles con el servicio deben investigarse y, cuando proceda, sancionarse.
En este caso, el Tribunal Militar Central ha considerado que las pruebas disponibles permitían acreditar la infracción y ha confirmado una suspensión de cuatro meses.
La resolución también recuerda la importancia de que cualquier sanción disciplinaria se tramite con garantías y pueda ser recurrida por el afectado, como ocurrió en este procedimiento.
Un episodio que deja una pregunta incómoda sobre la seguridad
El caso de Tolosa no solo gira alrededor de una sanción disciplinaria. También pone sobre la mesa una cuestión más amplia: ¿qué controles deben existir para impedir que un agente aparentemente incapacitado pueda asumir un servicio armado o de vigilancia?
La respuesta corresponde a los mecanismos internos de cada cuerpo y a la normativa aplicable. Pero el principio resulta difícil de discutir: cuando está en juego la seguridad de un cuartel, la capacidad de los agentes que custodian sus instalaciones debe estar fuera de toda duda.
En Tolosa, cuatro meses de suspensión ponen punto final, al menos por ahora, a un procedimiento iniciado por unos hechos ocurridos en enero de 2023.
La sentencia del Tribunal Militar Central considera acreditada la situación de embriaguez a partir de los testimonios aportados. El caso queda así como un ejemplo de que la responsabilidad asociada a portar un arma y custodiar instalaciones oficiales exige un nivel de disciplina especialmente elevado.


