La Administración prepara nuevas herramientas de automatización para agilizar los trámites de extranjería, mientras la abogacía reclama citas automáticas para la toma de huellas y criterios comunes en toda España. La regularización extraordinaria añade presión de cara a 2027.
La digitalización de la extranjería se enfrenta a una prueba decisiva: transformar millones de trámites acumulados en procedimientos más rápidos, previsibles y seguros. La plataforma Mercurio acumula alrededor de 4,7 millones de solicitudes, según los datos expuestos por la Agencia Estatal de Administración Digital durante el II Congreso de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Aproximadamente el 62 % de esas solicitudes se ha presentado a través de abogados.
La Administración trabaja en herramientas de automatización e inteligencia artificial para reducir tareas repetitivas, generar escritos y agilizar determinadas comunicaciones. Pero el problema no se limita a la tramitación informática: la abogacía denuncia dificultades para conseguir citas de toma de huellas, diferencias de criterio entre oficinas y una coordinación insuficiente entre los organismos públicos.
La presión aumentará a partir de 2027, cuando se prevé un volumen superior al millón de renovaciones y modificaciones de autorizaciones relacionadas con la regularización extraordinaria. El desafío es evitar que una resolución favorable se convierta en el comienzo de una nueva espera administrativa.
Qué pretende automatizar la Administración
El proyecto tecnológico presentado durante el congreso busca acelerar las tareas administrativas sin entregar a una máquina la decisión final sobre los expedientes.
Víctor Manuel Hidalgo Blázquez, responsable técnico de la Agencia Estatal de Administración Digital, explicó que se trabaja en funcionalidades para generar escritos y automatizar comunicaciones, requerimientos y otras actuaciones. La idea es que el sistema prepare parte del trabajo mecánico y que el funcionario responsable mantenga el control sobre lo que debe solicitarse y sobre la decisión que corresponda.
La diferencia es importante. Automatizar una tarea no equivale a automatizar por completo una resolución administrativa. Una herramienta puede preparar un borrador, ordenar documentos o detectar información que falta, pero la valoración jurídica debe respetar la normativa y las garantías de cada procedimiento.
La inteligencia artificial podría contribuir a reducir los tiempos dedicados a operaciones repetitivas, especialmente cuando se gestionan grandes volúmenes de documentación. Sin embargo, su eficacia dependerá de la calidad de los datos, de la integración con los sistemas existentes y de la capacidad de revisar los resultados antes de que produzcan efectos sobre los ciudadanos.
El reto también consiste en evitar que la digitalización cree nuevas barreras para quienes tienen dificultades para acceder a medios electrónicos o necesitan atención presencial.
Citas de huellas automáticas para evitar nuevos bloqueos
Una de las principales reclamaciones del ICAM es que la cita para la toma de huellas se asigne automáticamente junto con la resolución favorable de la autorización correspondiente.
La propuesta pretende resolver un problema práctico: una persona puede obtener una decisión favorable y, aun así, tener que afrontar una nueva espera para completar la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
La abogacía madrileña considera que vincular la cita al resultado favorable reduciría incertidumbre, evitaría desplazamientos innecesarios y limitaría la dependencia de intermediarios para conseguir una fecha disponible.
Durante el congreso, la directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, Pilar González Puente, explicó que la Administración trabaja con la Policía Nacional y los responsables de Migraciones en un sistema de asignación automatizada de estas citas. El ICAM ha defendido públicamente esta medida como una de las prioridades para mejorar la gestión de extranjería.
La propuesta no significa que todas las citas estén ya automatizadas en todo el país. Es necesario distinguir entre un proyecto en desarrollo, una prueba piloto y un sistema implantado de manera generalizada. La extensión efectiva de la medida dependerá de su puesta en funcionamiento y de la coordinación entre las unidades administrativas y policiales implicadas.
La regularización extraordinaria deja una gran carga de trabajo
La regularización extraordinaria añade una presión considerable a las oficinas de extranjería. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó el 2 de julio de 2026 de que el plazo de solicitud había concluido con 1 174 978 solicitudes recibidas. De ellas, 609 737 se habían tramitado hasta la fecha de aquel balance.
El volumen obliga a gestionar no solo las solicitudes iniciales, sino también las incidencias, la documentación complementaria y los trámites posteriores que correspondan en cada caso.
Durante el congreso, representantes de la Administración detallaron medidas de refuerzo que incluían la incorporación de 500 personas a las plantillas de las 52 oficinas de extranjería, la grabación de 264 000 solicitudes durante el verano y la resolución de cerca de 150 000 expedientes de arraigo pendientes antes de finalizar el plazo de la regularización.
Estas cifras muestran que la respuesta administrativa combina contratación, reorganización y automatización. Aun así, la magnitud de la carga de trabajo obliga a comprobar si los refuerzos son suficientes y si permiten mantener tiempos razonables de resolución y documentación.
La previsión de más de un millón de renovaciones y modificaciones desde 2027 añade otro problema: la Administración debe planificar con antelación para que el aumento de solicitudes no se traduzca en nuevos retrasos.
Mercurio acumula 4,7 millones de solicitudes: qué significa la cifra
Los 4,7 millones de solicitudes acumuladas en Mercurio ofrecen una medida del volumen de actividad que soporta la plataforma de tramitación de extranjería. No deben interpretarse, sin embargo, como 4,7 millones de personas distintas ni como 4,7 millones de expedientes pendientes de resolver.
La cifra se refiere a solicitudes registradas en el sistema. Para evaluar el atasco administrativo sería necesario conocer también cuántas siguen pendientes, cuánto tarda cada tipo de procedimiento y qué proporción se resuelve dentro de los plazos previstos.
La distinción es esencial para medir los resultados de la digitalización. Una plataforma puede gestionar millones de solicitudes y, al mismo tiempo, mantener cuellos de botella en fases que dependen de otros organismos, de la comprobación documental o de una cita presencial.
Según los datos expuestos por la Agencia Estatal de Administración Digital, cerca del 62 % de las solicitudes de Mercurio ha sido presentado por profesionales de la abogacía. El dato refleja el peso de los representantes jurídicos en la tramitación y la importancia de que las herramientas digitales sean fiables, accesibles y compatibles con su trabajo.
Falta de coordinación entre organismos y criterios dispares
Otro de los problemas señalados en el II Congreso de Extranjería es la falta de interoperabilidad entre los organismos que intervienen en los procedimientos. Oficinas de extranjería, consulados, Policía Nacional, Seguridad Social, servicios de empleo y registros civiles pueden necesitar información relacionada con un mismo ciudadano.
Cuando los sistemas no comparten datos de forma eficiente, el interesado puede verse obligado a presentar documentos que ya obran en poder de una Administración pública. Esto aumenta la carga burocrática, genera requerimientos adicionales y prolonga los procedimientos.
El ICAM reclama criterios públicos, estables y homogéneos para reducir las diferencias de interpretación entre territorios y reforzar la seguridad jurídica. También defiende una interlocución permanente entre la Administración y la abogacía para detectar incidencias y mejorar los procedimientos.
La tecnología puede facilitar el intercambio de información, pero no resuelve por sí sola las diferencias normativas o interpretativas. Para lograr una tramitación uniforme también hacen falta instrucciones claras, coordinación institucional y mecanismos para corregir criterios contradictorios.
La inteligencia artificial no puede sustituir las garantías jurídicas
La automatización de la extranjería plantea una exigencia central: la rapidez no puede prevalecer sobre la legalidad ni sobre el derecho a una decisión motivada.
Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a clasificar documentos, preparar borradores y señalar información incompleta. Pero los procedimientos afectan a derechos, autorizaciones de residencia y trabajo, vínculos familiares y, en determinados casos, necesidades de protección internacional.
Por ello, la implantación debe incluir controles de calidad, protección de datos, trazabilidad y supervisión humana. Los ciudadanos también deben poder conocer las razones de una decisión administrativa y utilizar las vías de recurso previstas cuando consideren que se han vulnerado sus derechos.
El propio planteamiento expuesto por la Agencia Estatal de Administración Digital mantiene la decisión final en manos del personal tramitador, una distinción especialmente relevante cuando se utilizan herramientas automatizadas para generar documentos o apoyar la gestión.
La eficiencia no consiste únicamente en resolver más expedientes por hora. También exige reducir errores, evitar requerimientos innecesarios y garantizar que los casos complejos reciban una valoración individualizada.
Más presión en 2027: renovaciones, modificaciones y movilidad internacional
La regularización extraordinaria no será el único reto para las oficinas. La Administración prevé que desde 2027 se acumulen renovaciones y modificaciones de autorizaciones vinculadas a las personas beneficiarias, lo que obligará a planificar los recursos humanos y tecnológicos.
A esa carga se suman otros procedimientos de movilidad internacional. Durante el congreso, responsables de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos señalaron que el organismo prevé gestionar 145 000 expedientes en 2026, frente a 102 000 en 2025, con los mismos recursos, según la información presentada en las jornadas.
El incremento muestra que las necesidades de gestión no se concentran en una sola modalidad de extranjería. La Administración debe atender solicitudes de residencia, renovaciones, expedientes vinculados al trabajo y procedimientos de nacionalidad, entre otros trámites, con requisitos y plazos distintos.
Por eso, una solución eficaz requerirá combinar sistemas informáticos, refuerzos de personal, intercambio de datos y una planificación que tenga en cuenta los picos de demanda.
La prueba será reducir las esperas, no anunciar nuevas herramientas
La modernización de Mercurio y la automatización de las citas de huellas pueden representar avances importantes, pero su impacto deberá medirse con indicadores públicos: tiempos medios de resolución, expedientes pendientes, disponibilidad de citas, requerimientos adicionales y porcentaje de procedimientos completados sin incidencias.
También será necesario evaluar si las mejoras se aplican de manera homogénea en todas las provincias y si los ciudadanos pueden acceder a asistencia cuando la vía digital no resulte suficiente.
La Administración dispone de una oportunidad para demostrar que la inteligencia artificial puede aliviar la burocracia sin debilitar las garantías jurídicas. Pero la tecnología no sustituye la necesidad de organizar los recursos ni de coordinar a los organismos que intervienen en cada expediente.
Con 4,7 millones de solicitudes acumuladas en Mercurio y más de un millón de renovaciones previstas a partir de 2027, el éxito no se medirá por la cantidad de herramientas anunciadas, sino por la reducción real de las esperas y la seguridad jurídica que reciban los ciudadanos.
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