Indulto García Ortiz. El Gobierno ha dado el primer paso formal para conceder un indulto total al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento administrativo previsto en la ley y ha solicitado al alto tribunal el informe preceptivo que debe emitir como órgano sentenciador, un movimiento que ha reavivado la polémica política y jurídica en torno al caso.
La solicitud de indulto ha sido presentada por dos particulares y constituye la primera iniciativa formal desde que, el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado. Además de la inhabilitación, la sentencia impuso una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una vez registrada la petición, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el trámite conforme a la normativa vigente, trasladando el expediente al Supremo para que emita su valoración. En el procedimiento también deberán ser oídos tanto la Fiscalía como la parte perjudicada. Si el indulto prospera, la decisión final recaerá en el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, y deberá aprobarse mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La condena del Supremo
La sentencia del Tribunal Supremo se basa en la filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía. En dicho correo, el letrado ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar el ingreso en prisión de su cliente. El contenido del mensaje fue difundido públicamente la noche del 13 de marzo de ese año y, posteriormente, fue objeto de una nota de prensa institucional.
Según la Sala de lo Penal, la filtración fue atribuible a García Ortiz o a alguien de su entorno inmediato con su conocimiento, lo que vulneró el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del empresario. No obstante, el fallo no fue unánime: cinco magistrados respaldaron la condena, mientras que otros dos emitieron votos particulares muy críticos, en los que defendían la absolución del ex fiscal general al considerar que la resolución se sustentaba en indicios y no en pruebas concluyentes.
División en el ámbito jurídico
El indulto García Ortiz ha generado una fuerte división en el mundo jurídico. En los últimos días, más de 150 juristas han firmado un manifiesto titulado “Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia”, en el que cuestionan duramente el fallo del Supremo. Entre los firmantes figuran exmagistrados del alto tribunal como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés o Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En el texto, los firmantes sostienen que la condena supone un precedente preocupante y alertan de una interpretación extensiva del delito de revelación de secretos que, a su juicio, pone en riesgo garantías fundamentales del Estado de derecho.
Presión de la parte perjudicada
En paralelo al trámite de indulto, Alberto González Amador ha intensificado su ofensiva judicial. El empresario ha solicitado la expulsión definitiva de García Ortiz de la carrera fiscal y ha pedido la anulación del decreto firmado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que permitió el reingreso del ex fiscal general en la carrera, actualmente adscrito a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.
La defensa de González Amador considera que García Ortiz debe cumplir íntegramente la sentencia, tanto en lo relativo a la inhabilitación como al pago de la multa y la indemnización, y rechaza cualquier medida de gracia que pueda interpretarse como un trato de favor.
Vías judiciales aún abiertas
Mientras el Ejecutivo avanza en el procedimiento administrativo del indulto, García Ortiz mantiene abierta la vía judicial. El ex fiscal general ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia, aún pendiente de resolución, en el que insiste en su inocencia y defiende que su actuación se ajustó a la legalidad y a las funciones propias del Ministerio Público.
El desenlace del indulto García Ortiz marcará un nuevo capítulo en una de las controversias institucionales más relevantes de los últimos años, con implicaciones tanto políticas como jurídicas y un impacto directo en el debate sobre la separación de poderes y el uso de la prerrogativa de gracia por parte del Gobierno.