El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha presentado un análisis sobre el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Según el informe, esta normativa del Ministerio de Sanidad podría tener un impacto negativo sobre el sistema sanitario catalán, ya que parte de un diagnóstico que no refleja adecuadamente la realidad del modelo catalán.
El ICGEA destaca que el sistema sanitario integral de Cataluña, SISCAT, es el resultado de una integración de hospitales y centros de salud bajo un esquema de financiación pública, no de una privatización. En este sentido, el sistema cuenta con 68 hospitales de agudos y cientos de centros sociosanitarios y de salud mental, lo que asegura una red asistencial extensa.
La Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), vigente desde 1990, ha sido fundamental en la consolidación de un modelo que combina la provisión pública y la colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro. El informe recuerda que esta singularidad del modelo ha perdurado a lo largo de las décadas y ha sido respaldada por diferentes gobiernos locales.
El análisis también señala que el anteproyecto de ley plantea un riesgo para el marco competencial de las comunidades autónomas, afectando su capacidad de gestión sanitaria, tal y como establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, el ICGEA advierte que la forma en que el anteproyecto define la participación privada puede generar inseguridad jurídica, comprometiendo la integración en el SISCAT de fundaciones y otras entidades locales.
Otro punto importante que menciona el ICGEA es que la actual red concertada del SISCAT representa más del 24 % del gasto sanitario público catalán. Limitar su operatividad podría agravar la situación del sistema, que ya está bajo presión debido a las demoras en atención médica y un incremento significativo del gasto.
En conclusión, el informe del ICGEA sugiere que la ley, más allá de su enfoque sanitario, podría tener repercusiones financieras y organizativas que alteren un modelo que ha demostrado ser eficaz y adaptado a las necesidades de la población catalana.
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