El partido confía en que el retorno de su líder reactive un espacio amenazado por Aliança Catalana y ERC. La crisis de la vivienda y un posible adelanto electoral elevan la presión sobre la estrategia de Junts.
Junts ha colocado buena parte de su estrategia política sobre una incógnita que todavía no está completamente resuelta: el regreso definitivo de Carles Puigdemont a Cataluña. Después de nueve años con su principal dirigente establecido en Bélgica —con la excepciónción de su fugaz aparición en Barcelona en agosto de 2024—, la formación considera que su retorno puede convertirse en el punto de inflexión necesario para recuperar iniciativa.
La urgencia no es menor.
Los últimos sondeos han dibujado un escenario especialmente complicado para Junts per Catalunya, presionado simultáneamente por el PSC, ERC y, sobre todo, por el crecimiento de Aliança Catalana.
El último barómetro citado por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) este verano situaba a Junts en apenas 16-18 diputados, frente a los 35 que obtuvo en las elecciones catalanas de 2024. Aliança Catalana alcanzaría 19-20 escaños, superando a Junts dentro del bloque independentista en esa estimación.
El eventual regreso de Puigdemont aparece así como una pieza central de una estrategia que pretende recuperar votantes, reforzar la estructura territorial y afrontar un posible ciclo electoral acelerado.
Pero existe un problema fundamental: Puigdemont todavía no puede regresar con plena seguridad jurídica a España.
El regreso de Puigdemont depende todavía de los tribunales
La expectativa política de Junts se apoya en los avances producidos alrededor de la Ley de Amnistía.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en julio elementos esenciales de la norma, pero la situación personal de Puigdemont continuó pendiente de la interpretación de la malversación realizada por los tribunales españoles.
Las órdenes judiciales relacionadas con Puigdemont no desaparecieron automáticamente por el pronunciamiento europeo.
El siguiente movimiento importante llegará al Tribunal Constitucional.
El Pleno que comienza este 6 de octubre debe abordar precisamente la aplicación de la amnistía a la malversación vinculada al procés, después de las discrepancias surgidas con el Tribunal Supremo.
La decisión puede resultar determinante para Puigdemont.
Pero no sería jurídicamente riguroso afirmar que el Constitucional ya ha autorizado su regreso.
A fecha de 4 de octubre de 2026, su vuelta definitiva continúa dependiendo de posteriores decisiones judiciales.
Conde-Pumpido defiende una interpretación amplia de la amnistía
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido públicamente que la malversación vinculada al procés debe quedar comprendida dentro de la Ley de Amnistía.
Conde-Pumpido considera que esa interpretación es coherente con la finalidad de la norma y ha cuestionado el criterio restrictivo seguido hasta ahora por el Supremo.
El asunto resulta especialmente relevante porque la interpretación de la malversación ha sido uno de los principales obstáculos para aplicar la amnistía a dirigentes independentistas.
El Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre recursos relacionados con esta cuestión.
Una doctrina favorable a la aplicación de la amnistía podría terminar repercutiendo posteriormente sobre la situación procesal de Puigdemont.
Podría facilitar su regreso, pero no equivale todavía a haberlo autorizado.
Junts espera un efecto Puigdemont
Políticamente, Junts trabaja ya como si ese regreso estuviera próximo.
Fuentes de la formación citadas por EL PAÍS describen la vuelta del expresidente catalán como un posible punto de inflexión para el partido.
La organización considera que ha competido durante años con una desventaja evidente: su principal figura política se encontraba fuera de España.
Eso ha obligado a celebrar reuniones telemáticas, ha complicado determinados procesos internos y ha limitado la presencia cotidiana de Puigdemont en la política catalana.
Su regreso permitiría recuperar algo que ninguna videoconferencia puede sustituir completamente:
presencia física, actos territoriales, contacto directo con militantes y protagonismo mediático permanente en Cataluña.
La pregunta es si eso será suficiente para recuperar al electorado perdido.
La Cataluña de 2026 ya no es la de 2017
Ese es precisamente el gran desafío de Puigdemont.
El país al que eventualmente regresaría ha cambiado profundamente desde octubre de 2017.
El independentismo perdió la mayoría absoluta del Parlament.
El PSC gobierna la Generalitat con Salvador Illa.
Ciudadanos, que llegó a ser la primera fuerza en las elecciones catalanas de diciembre de 2017, desapareció del Parlament.
Y las principales preocupaciones sociales se han desplazado.
Vivienda, inmigración, seguridad, coste de vida y funcionamiento de los servicios públicos ocupan ahora una parte mucho mayor de la discusión política cotidiana.
El propio Junts parece haber detectado esa transformación.
Aliança Catalana amenaza el antiguo territorio de Junts
La mayor preocupación electoral de Junts no procede únicamente del PSC o de ERC.
Procede también de Aliança Catalana.
La formación encabezada por Sílvia Orriols está creciendo precisamente en zonas que históricamente fueron fundamentales para Convergència y posteriormente para Junts.
Girona.
Lleida.
La Cataluña central.
Municipios medianos y pequeños donde el nacionalismo catalán tradicional había mantenido una fuerte implantación.
El barómetro del CEO publicado este verano llegó a situar a Aliança Catalana por delante de Junts, con 19-20 diputados frente a los 16-18 atribuidos a Junts.
No se trata de un resultado electoral, sino de una estimación demoscópica.
Pero explica buena parte de la nueva estrategia.
Junts endurece su discurso sobre inmigración y seguridad
La presión de Aliança Catalana ha coincidido con un giro del debate interno de Junts hacia cuestiones como inmigración, seguridad y orden público.
La formación busca ampliar su discurso más allá del independentismo.
El objetivo consiste en recuperar electores que pueden haberse desplazado hacia Aliança sin abandonar simultáneamente el espacio central del nacionalismo catalán.
EL PAÍS describe esa estrategia como un intento de ensanchar el carril central mediante un discurso que combine vivienda, inmigración y seguridad.
El equilibrio es complejo.
Junts necesita frenar la fuga hacia Aliança Catalana sin convertirse simplemente en una versión moderada de sus competidores.
Y necesita confrontar con Salvador Illa sin entregar completamente el centro político al PSC.
El voto contra los decretos de vivienda complica la estrategia
La vivienda se ha convertido entretanto en otro campo de batalla.
Junts votó esta semana contra los dos decretos del Gobierno en materia de vivienda, coincidiendo en el rechazo con PP y Vox.
El voto provocó críticas especialmente intensas desde la izquierda y desde organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda.
Los decretos contenían diferentes medidas sobre alquileres, desahucios y regulación del mercado.
El Gobierno había negociado modificaciones con Junts e incluso llegó a ofrecer que determinadas medidas fueran posteriormente tramitadas como proyecto de ley para incorporar nuevas enmiendas.
No fue suficiente.
Junts votó en contra.
Junts sostiene que las medidas eran ineficaces
La formación independentista ofrece una interpretación completamente distinta.
Míriam Nogueras sostiene que los decretos estaban mal planteados y que no solucionaban los problemas estructurales del mercado de vivienda.
Junts acusa al Gobierno de utilizar medidas de gran impacto comunicativo sin resolver la falta de oferta y otros problemas del mercado.
Después de tumbar los textos, la formación se mostró nuevamente dispuesta a negociar un decreto diferente.
Jordi Turull ha insistido en que todavía existe margen para retomar las conversaciones.
La posición de Junts es, por tanto, que votar contra los decretos no significa oponerse a actuar sobre la vivienda, sino rechazar las medidas concretas propuestas por el Ejecutivo.
El PSOE sostiene que había aceptado gran parte de sus exigencias
El Gobierno rechaza esa explicación.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró antes de la votación que el Ejecutivo había incorporado aproximadamente el 90% de las peticiones planteadas por Junts.
También ofreció tramitar posteriormente parte del contenido como proyecto de ley para permitir nuevas enmiendas.
Pedro Sánchez llegó a intervenir personalmente en el Congreso para solicitar el respaldo necesario.
El llamamiento fracasó.
Los decretos fueron rechazados.
La consecuencia inmediata ha sido un nuevo deterioro de las relaciones entre PSOE y Junts.
Las protestas aumentan el coste político
El problema para Junts es que la votación ha coincidido con una importante movilización social por la vivienda.
Decenas de miles de personas se manifestaron este fin de semana en distintas ciudades españolas.
En Madrid, la Delegación del Gobierno cifró la participación en 70 000 personas, mientras los organizadores elevaron enormemente esa estimación.
También hubo movilizaciones en Valencia, Santander y otras ciudades.
En Girona, donde Junts conserva una implantación particularmente fuerte, la protesta del sábado reunió a menos de 700 personas según la Policía Municipal, de acuerdo con la información publicada por EL PAÍS.
Junts parece considerar que las críticas por su voto tendrán un impacto limitado entre sus propios electores.
Eso deberá comprobarse en futuras encuestas y, finalmente, en las urnas.
Junts se declara preparado para elecciones
La situación se vuelve todavía más delicada por la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó este sábado que la formación está preparada para acudir a las urnas.
Jordi Turull transmitió un mensaje similar.
Pedro Sánchez estudia durante este fin de semana diferentes escenarios después de la derrota parlamentaria.
Distintos dirigentes socialistas han defendido internamente la posibilidad de anticipar los comicios, aunque a fecha de este domingo no existe una convocatoria electoral oficial.
Para Junts, unas elecciones anticipadas llegarían en un momento especialmente complejo.
Puigdemont obtuvo siete diputados en 2024
Existe además un precedente reciente.
Puigdemont encabezó personalmente la candidatura de Junts en las elecciones catalanas de 2024.
Su lista consiguió alrededor de 200 000 votos en la provincia de Barcelona y siete diputados, quedando por detrás de la candidatura encabezada por Salvador Illa en esa circunscripción, según recuerda EL PAÍS.
En el conjunto de Cataluña, Junts obtuvo 35 diputados, consolidándose entonces como segunda fuerza del Parlament.
Dos años después, los sondeos citados por la formación y los medios muestran un escenario bastante más adverso.
El desafío consiste precisamente en evitar que ese retroceso se consolide.
Puigdemont sigue teniendo un enorme control sobre Junts
Aunque existen voces internas que cuestionan hasta qué punto Puigdemont conserva el atractivo electoral de años anteriores, su autoridad dentro del partido continúa siendo considerable.
Es presidente de Junts.
Participa en las grandes decisiones estratégicas.
Y continúa siendo la figura con mayor reconocimiento público de la formación.
Su regreso tendría inevitablemente un impacto mediático enorme.
Pero impacto mediático y recuperación electoral no son necesariamente lo mismo.
El independentismo de 2026 está mucho más fragmentado que el de 2017.
ERC también disputa el espacio independentista
Junts tampoco compite únicamente contra Aliança Catalana.
ERC continúa disputando el electorado independentista desde otra posición política.
Las relaciones entre ambas formaciones siguen siendo tensas.
Gabriel Rufián ha elevado en diferentes momentos las críticas contra Junts, mientras la dirección de Puigdemont intenta evitar que el enfrentamiento con ERC monopolice su estrategia.
Fuentes de Junts sostienen que su prioridad en Madrid debe ser confrontar políticamente con el Estado y no con otros partidos independentistas.
La realidad electoral, sin embargo, obliga a competir por los mismos votantes.
Salvador Illa se convierte en el principal adversario institucional
La otra pata de la estrategia pasa por endurecer la oposición al president Salvador Illa.
Junts pretende presentarse como principal alternativa al PSC en Cataluña.
La diputada Mònica Sales calificó recientemente a Illa como el peor presidente de la Cataluña moderna, una afirmación partidista que refleja la intensidad de la nueva estrategia de oposición.
Míriam Nogueras cumple una función similar en Madrid.
La portavoz parlamentaria ha endurecido su discurso contra el Gobierno de Sánchez y busca marcar distancia respecto al PSOE.
El voto contra los decretos de vivienda forma parte de ese reposicionamiento.
El regreso tiene además una enorme carga simbólica
Para Junts, la vuelta de Puigdemont tendría una dimensión que supera la política electoral.
El expresidente abandonó España después de los acontecimientos de octubre de 2017.
Desde entonces ha construido buena parte de su identidad política alrededor de su situación judicial y su permanencia en Bélgica.
En agosto de 2024 volvió fugazmente a Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa.
Apareció públicamente, pronunció un discurso y posteriormente abandonó el lugar sin ser detenido, pese al dispositivo policial desplegado.
Un regreso ahora sería completamente diferente si previamente queda despejada su situación judicial.
El 1-O pasó sin el regreso esperado
El pasado 1 de octubre tenía una enorme carga simbólica.
Se cumplían nueve años del referéndum independentista de 2017.
Puigdemont, sin embargo, permaneció fuera de España.
Publicó un mensaje en redes sociales en el que volvió a cargar contra los gobiernos catalán y español y cuestionó sus políticas, incluida la vivienda.
Junts mantiene abierta la incógnita sobre cuándo podría producirse finalmente el retorno.
El calendario judicial puede ser determinante.
El Constitucional entra ahora en escena
La próxima semana puede aportar respuestas importantes.
El Tribunal Constitucional tiene previsto abordar desde el 6 de octubre recursos relacionados con la aplicación de la amnistía a la malversación del procés.
La cuestión central es si el criterio utilizado por el Tribunal Supremo para excluir determinados delitos de malversación resulta compatible con los derechos constitucionales de los afectados y con la propia Ley de Amnistía.
Una resolución favorable a los recurrentes podría establecer una doctrina de enorme trascendencia.
Pero existe una distinción fundamental:
el Constitucional no está votando directamente este lunes si Puigdemont puede volver a España.
Sus decisiones pueden abrir el camino jurídico para que posteriormente se resuelva su situación.
Junts necesita algo más que el regreso de Puigdemont
El problema de fondo para Junts es que el retorno de su líder puede proporcionar una extraordinaria inyección de atención mediática, pero no elimina automáticamente las causas de su retroceso demoscópico.
La Cataluña actual discute sobre problemas muy diferentes a los que dominaban la agenda en 2017.
La vivienda se ha convertido en una emergencia política.
La inmigración ocupa un espacio creciente.
La seguridad aparece repetidamente en el debate.
Los servicios públicos afrontan nuevas presiones.
Y el independentismo ya no dispone de la mayoría parlamentaria que tuvo durante los años centrales del procés.
Ese es el país político al que Puigdemont podría regresar.
El dilema de Junts: recuperar el centro sin perder por la derecha
La nueva estrategia intenta resolver una ecuación complicada.
Junts necesita competir con Aliança Catalana entre votantes preocupados por inmigración y seguridad.
Debe competir con ERC dentro del independentismo.
Pretende disputar al PSC posiciones centrales del electorado catalán.
Y al mismo tiempo necesita mantener una posición diferenciada en Madrid.
El voto contra los decretos de vivienda muestra las dificultades de ese equilibrio.
Junts sostiene que rechazó políticas ineficaces.
Sus adversarios sostienen que contribuyó a derribar medidas sociales reclamadas por los inquilinos.
El efecto electoral real todavía se desconoce.
Puigdemont vuelve a ser la gran apuesta
En este contexto, Junts vuelve a depositar buena parte de sus expectativas en su figura más conocida.
Carles Puigdemont puede regresar a una Cataluña políticamente muy diferente de la que dejó en 2017.
Su partido espera que su presencia permita movilizar nuevamente a una parte del electorado independentista.
Los sondeos explican la urgencia.
Si las estimaciones del CEO se aproximaran al resultado de unas futuras elecciones, Junts podría pasar de sus actuales 35 diputados a apenas 16-18, mientras Aliança Catalana alcanzaría 19-20.
Pero todavía quedan dos preguntas sin respuesta.
La primera es jurídica: cuándo podrá Puigdemont regresar sin riesgo de detención.
La segunda es política: si su regreso será suficiente para recuperar a unos votantes que durante los últimos años han empezado a buscar otras opciones.
El Tribunal Constitucional puede ayudar a responder pronto a la primera.
La segunda solo podrá resolverla el electorado.
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