La Guardia Civil analiza mensajes y documentos que reflejarían contactos para introducir criterios en contratos de una empresa pública. La investigación sitúa a Antxón Alonso, Vicente Fernández y Leire Díez en el centro de las gestiones.
La investigación judicial sobre la denominada trama Hirurok abre un frente especialmente delicado: la posible influencia de intermediarios vinculados a Santos Cerdán en la preparación de contratos de empresas públicas dependientes de la SEPI.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo contenido ha sido difundido por varios medios, analiza comunicaciones entre Antxón Alonso, Vicente Fernández y Leire Díez en torno a operaciones de Enusa y a los intereses empresariales de Acciona. La causa permanece abierta y las hipótesis policiales todavía deberán ser acreditadas judicialmente.
El elemento más comprometedor no estaría únicamente en una eventual intermediación ante la Administración, sino en la posibilidad de que los investigados intentaran influir en las propias condiciones de los pliegos, incluso antes de que comenzara la competición entre empresas.
La UCO pone el foco en los contratos de Enusa
Enusa es una empresa pública vinculada al sector nuclear e integrada en el perímetro empresarial de la SEPI. Durante la etapa investigada estuvo presidida por José Vicente Berlanga, mientras Leire Díez ocupó responsabilidades de comunicación en la compañía.
La Guardia Civil analiza operaciones relacionadas con activos y sociedades participadas por Enusa en las que Acciona habría mostrado interés empresarial.
Las primeras comunicaciones recogidas por la investigación se remontan a mayo de 2021. Según el informe reproducido por Libertad Digital, un directivo de Acciona remitió a Antxón Alonso, empresario vinculado a Servinabar y relacionado con Santos Cerdán, información sobre el interés de la compañía en dos operaciones.
Una afectaba a una instalación de gestión de residuos en Melilla y otra al centro de tratamiento de residuos urbanos de Cervera del Maestre, en Castellón.
Alonso trasladó las peticiones a Leire Díez
La documentación analizada por la UCO muestra que Alonso habría reenviado posteriormente las comunicaciones empresariales a Leire Díez, pidiéndole que las comentara con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.
Este triángulo —Alonso, Díez y Fernández— aparece de forma recurrente dentro de la investigación y ha sido identificado por la Guardia Civil como el grupo Hirurok.
La Audiencia Nacional investiga precisamente si ese grupo utilizó contactos políticos y empresariales para intermediar en operaciones públicas a cambio de beneficios económicos. La investigación ya se ha extendido a diferentes actuaciones relacionadas con SEPI, Enusa, Mercasa y otras sociedades.
«Poder introducir algo en el pliego»
Uno de los mensajes recogidos por la UCO resulta especialmente relevante.
Según el informe, Vicente Fernández habría escrito a Antxón Alonso después de una conversación mantenida entre ambos para señalar que aquello que habían comentado sobre la posibilidad de «introducir algo en el pliego» debía hacerse cuanto antes, dado que sus contactos le transmitían que el procedimiento era inminente.
La frase coloca el foco sobre una cuestión mucho más seria que una simple labor de intermediación comercial.
Si se demostrara que personas ajenas al procedimiento pudieron introducir condiciones destinadas a favorecer a un determinado aspirante, la competencia del contrato habría podido quedar condicionada desde su propio diseño.
Ese extremo no está judicialmente probado a día de hoy, pero constituye una de las hipótesis que investigan la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.
Acciona podía aportar criterios para el pliego, según la documentación
La UCO también destaca otro pasaje de las comunicaciones.
Según el documento policial, Acciona estaba dispuesta a facilitar argumentos y criterios susceptibles de incorporarse al pliego y al contrato, incluyendo condiciones relacionadas con la solvencia.
Para los investigadores, este elemento podría haber permitido introducir requisitos restrictivos beneficiosos para una compañía concreta.
La propia Guardia Civil utiliza un lenguaje prudente y habla de lo que los investigados «presumían» poder conseguir.
Esta cautela es importante: no equivale a afirmar que Acciona redactara efectivamente el pliego ni que el contrato quedara finalmente amañado. La instrucción deberá determinar qué propuestas llegaron realmente al documento definitivo y quién autorizó cada decisión.
Hasta el redactor de las bases aparece en las conversaciones
La investigación alcanza también al proceso de elaboración jurídica.
Según la información contenida en el informe, en una conversación resumida por Vicente Fernández se habría acordado que la definición del marco conceptual de las bases del pliego y del contrato de usufructo fuese encargada a un catedrático de Derecho Administrativo.
La UCO considera relevante que Fernández pudiera intervenir en la selección de esa persona mientras los gastos serían sufragados por Enusa.
El punto es especialmente sensible porque quien define jurídicamente las condiciones de una licitación puede desempeñar un papel decisivo sobre qué empresas cumplen los requisitos y cuáles quedan excluidas.
La Abogacía del Estado también aparecía como obstáculo jurídico
Las comunicaciones muestran, además, que existían dudas sobre la viabilidad jurídica de la operación.
Un directivo de Acciona habría recomendado conocer la posición de la asesoría jurídica de Emgrisa, que entendía vinculada a la Abogacía del Estado.
Eso indica que las operaciones no estaban completamente cerradas y que persistían controles jurídicos externos cuya posición podía condicionar el resultado.
De nuevo, este elemento obliga a separar dos cuestiones: el intento de influir en una contratación y la efectiva consumación de un amaño.
La primera aparece como hipótesis relevante en las comunicaciones. La segunda deberá demostrarse mediante el análisis de los expedientes administrativos completos.
El vínculo con Santos Cerdán
El nombre de Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, aparece porque Antxón Alonso fue su socio en Servinabar y porque las investigaciones judiciales han examinado el papel que Cerdán habría desempeñado en una red más amplia de adjudicaciones públicas.
La UCO sostiene en otras piezas de la investigación que Cerdán y su entorno familiar habrían obtenido beneficios económicos vinculados a Servinabar. La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias sobre esas operaciones.
Sin embargo, el hecho de que Alonso mantuviera vínculos empresariales con Cerdán no demuestra por sí mismo que Cerdán participara personalmente en cada actuación relacionada con Enusa.
Esa distinción resulta esencial para no convertir una investigación todavía abierta en una condena anticipada.
La trama Hirurok, cada vez más amplia
La investigación sobre Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso se ha ido ampliando durante los últimos meses.
La Audiencia Nacional examina actuaciones relacionadas con rescates empresariales, contratos públicos y posibles comisiones, entre ellas operaciones vinculadas a Tubos Reunidos y diferentes compañías dependientes de la SEPI.
En diciembre de 2025, la UCO ya señaló que el grupo habría obtenido sobrecostes asociados a dos contratos de Enusa adjudicados a Acciona, según informaciones publicadas entonces sobre la investigación.
El juez Santiago Pedraz ha ampliado además el número de investigados y ha incorporado a la causa documentación procedente de otras investigaciones relacionadas con Leire Díez.
La clave ya no es quién ganó el contrato, sino cómo se diseñó
La relevancia política del caso está precisamente aquí.
Un eventual favoritismo en la adjudicación de un contrato público ya sería grave. Pero si se demostrara que una red pudo influir previamente en la elaboración de las condiciones para facilitar que una determinada empresa cumpliera los requisitos, el problema alcanzaría al propio diseño de la contratación pública.
Los pliegos deben garantizar igualdad de trato, transparencia y competencia, no convertirse en una herramienta para predeterminar quién puede presentarse con ventaja.
Por eso será decisivo que la investigación compare ahora las conversaciones interceptadas con las versiones sucesivas de los pliegos, los informes jurídicos, las decisiones de Enusa y las ofertas presentadas por los diferentes competidores.
Solo ese análisis permitirá establecer si las conversaciones quedaron en simples propuestas o si se trasladaron efectivamente a decisiones administrativas.
El Gobierno afronta una nueva incógnita sobre el control de las empresas públicas
El caso también plantea una cuestión de responsabilidad institucional.
Enusa y SEPI forman parte del entramado empresarial público y sus responsables fueron nombrados durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Eso no permite atribuir automáticamente al Consejo de Ministros conocimiento de las presuntas maniobras investigadas, pero sí obliga a preguntarse qué mecanismos de control existían y cómo pudieron producirse las comunicaciones descritas por la UCO.
La investigación judicial deberá determinar responsabilidades individuales.
Políticamente, sin embargo, el interrogante es más amplio: cómo pudieron personas con conexiones políticas y empresariales llegar a considerar que tenían capacidad para intervenir incluso en la configuración de contratos financiados y gestionados desde el sector público.
Si esa capacidad termina acreditándose, el caso dejaría de ser simplemente una investigación sobre intermediarios y comisiones para convertirse en algo bastante más grave: la posible colonización de los mecanismos que deberían garantizar la libre competencia en la contratación pública.
Chollones
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