La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desmantelan una organización criminal que captaba a mujeres con falsas ofertas laborales y las sometía a explotación sexual.
Disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, permanentemente vigiladas y sin capacidad para rechazar clientes. Así era, según la investigación policial, el régimen impuesto a 26 mujeres liberadas de una presunta red criminal de origen chino asentada en varias provincias españolas.
La operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se ha saldado con 16 detenidos y 11 prostíbulos clausurados. La principal responsable del entramado ha ingresado en prisión provisional.
Una red criminal china explotaba a mujeres en varias ciudades españolas
La investigación comenzó después de localizar en Zaragoza un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución.
Las pesquisas permitieron descubrir una estructura criminal extendida por distintas provincias y vinculada, presuntamente, a la gestión de numerosos prostíbulos.
Los investigadores sostienen que las víctimas eran principalmente mujeres de origen chino y latinoamericano en situaciones de necesidad económica o vulnerabilidad.
La organización habría utilizado esa fragilidad para someterlas a un férreo sistema de control.
Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona y Figueres aparecen en el mapa de las detenciones. En total, 16 personas han sido arrestadas.
Falsas ofertas como masajistas y estilistas para captar a las víctimas
El método de captación resulta especialmente inquietante.
Según la investigación, la organización difundía ofertas falsas de empleo en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea de origen chino.
Los puestos anunciados eran aparentemente legales: masajistas o estilistas en España.
Las mujeres aceptaban las propuestas buscando una oportunidad laboral. Algunas se encontraban en situación económica precaria y otras estaban en situación administrativa irregular.
La realidad que presuntamente encontraban al llegar era completamente diferente.
Eran alojadas en los propios prostíbulos y sometidas a explotación sexual, de acuerdo con la información policial recogida por H50.
Vigilancia permanente y jornadas sin descanso
Las condiciones descritas por los investigadores dibujan un sistema de explotación extrema.
Las víctimas debían permanecer disponibles permanentemente y durante largas jornadas sin descanso. Además, estaban sometidas a sistemas de videovigilancia y no podían rechazar clientes.
La organización controlaba también el dinero generado.
Según la investigación, las ganancias eran entregadas inicialmente al entramado criminal. Las mujeres solo recibían una parte de los beneficios después de que la propia red considerase saldada una supuesta deuda inicial.
La deuda, la vulnerabilidad económica y el control constante se convertían así en instrumentos para mantener atrapadas a las víctimas.
Documentación falsa para burlar las inspecciones
La presunta organización también habría desarrollado mecanismos para dificultar la acción policial.
Las mujeres captadas en sus países de origen recibían supuestamente documentación falsa para facilitar su llegada a España.
Una vez en territorio nacional, la red les proporcionaba tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a otras mujeres en situación regular.
El objetivo habría sido suplantar identidades durante posibles inspecciones o identificaciones policiales.
Las víctimas eran además trasladadas constantemente entre los diferentes establecimientos para maximizar los beneficios del entramado.
Once prostíbulos clausurados en España
Los investigadores atribuyen a la organización la gestión de al menos 11 prostíbulos en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza.
La red también habría creado establecimientos clandestinos desde cero.
El procedimiento consistía presuntamente en alquilar pisos o locales, desarrollar una cartera de clientes y, cuando el negocio alcanzaba un determinado volumen, traspasarlo a otros gestores a cambio de importantes cantidades de dinero.
La operación policial ha permitido clausurar los 11 establecimientos investigados.
35 000 euros intervenidos y cinco inmuebles embargados
Los registros han permitido intervenir 35 000 euros en efectivo, 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.
También se incautaron sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales y armas prohibidas, según la información de la operación.
Pero la investigación económica ha abierto otro frente.
Vigilancia Aduanera detectó un presunto sistema de ocultación y dispersión de fondos destinado a introducir las ganancias ilícitas en la economía legal.
La autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y ocho cuentas bancarias.
La trata de mujeres vuelve a mostrar su rostro más cruel
Esta operación deja una realidad incómoda: las redes de trata no necesitan cadenas visibles para controlar a sus víctimas.
Las falsas ofertas laborales, la necesidad económica, la documentación fraudulenta, las supuestas deudas y la vigilancia permanente pueden convertirse en herramientas de sometimiento.
La liberación de 26 mujeres y la clausura de 11 prostíbulos representan un duro golpe contra este entramado. Pero también obligan a plantear una pregunta incómoda.
¿Cuántas víctimas permanecen todavía ocultas tras pisos aparentemente normales en las ciudades españolas?
La operación se integra en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.
La trata prospera en el silencio. Y cada red desmantelada demuestra que detrás de una falsa oferta de trabajo puede esconderse una auténtica estructura de esclavitud moderna.
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