El colectivo animalista ha decidido incrementar la presión sobre el proyecto de Nueva Pescanova de establecer la primera granja comercial de pulpos en Gran Canaria. Esta iniciativa se encuentra actualmente suspendida y ha suscitado dudas sobre su viabilidad.
Compassion in World Farming (CIWF), una organización internacional que actúa en contra de la ganadería intensiva, lidera esta campaña, a la que también se ha sumado el Partido Animalista Pacma. El colectivo ha enviado una carta a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, solicitando el archivo definitivo de la solicitud de Nueva Pescanova para la instalación de la granja en el Puerto de Las Palmas.
En la carta, se enfatiza que la cría de pulpos en cautividad implicaría el confinamiento de estos animales en tanques que no satisfacen sus necesidades conductuales, lo que podría comprometer su bienestar. Asimismo, se señala que no existe una regulación específica que asegure adecuadamente su protección en cultivo ni se ha comprobado científicamente un método de sacrificio indoloro específico para los pulpos.
El documento también contiene inquietudes ambientales, alegando que, como especie carnívora, la alimentación de los pulpos dependería de harinas y aceites de pescado provenientes de capturas silvestres, lo que podría aumentar la presión sobre los ecosistemas marinos. Se apunta que la instalación podría causar contaminación del agua a través de residuos y sustancias químicas, afectando los hábitats marinos de Gran Canaria y organismos protegidos como cetáceos y tortugas marinas. Esto podría influir negativamente en sectores económicos que dependen de la buena salud del océano.
Desde 2023, el proyecto ha estado bajo revisión por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias, que concluyó que la evaluación inicial no era adecuada y solicitó un estudio de impacto ambiental más detallado. Pacma y las organizaciones aliadas han indicado que la empresa no cumplió con los plazos para presentar la documentación y la Autoridad Portuaria ha iniciado el proceso de caducidad de la concesión. Las organizaciones animalistas consideran que es necesario archivar el expediente de forma definitiva, citando criterios éticos, ambientales y jurídicos robustos.