Los mensajes de la esposa de Pedro Sánchez con un vicerrector de la Complutense recogen la participación de Cristina Álvarez en reuniones y gestiones de la cátedra. La investigación judicial examina si se utilizaron recursos públicos para actividades privadas.
«Iremos Cristina y yo». Con estas palabras, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a un vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que acudiría acompañada de María Cristina Álvarez, su asesora destinada en La Moncloa, a una reunión relacionada con la cátedra que dirigía en la universidad pública.
La conversación forma parte de una serie de mensajes de WhatsApp publicados este 12 de octubre de 2026 por Libertad Digital, que muestran cómo Gómez recurría a Álvarez para coordinar reuniones, gestionar agendas y mantener contactos vinculados a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).
El contenido de los mensajes adquiere especial relevancia por la investigación judicial dirigida por el magistrado Juan Carlos Peinado, que examina, entre otras cuestiones, si la esposa del presidente utilizó medios públicos para desarrollar actividades ajenas a las funciones institucionales de su asesora.
Según la información publicada, Peinado ha cerrado la instrucción y ha acordado enviar a Gómez a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Cristina Álvarez también figura como investigada por presunta malversación.
Otro detalle llamativo de las conversaciones es que varios mensajes aparecen eliminados después de un intercambio relacionado con facturas de la cátedra. Su contenido no se conoce a partir de la información difundida, por lo que no es posible determinar qué decían ni por qué fueron borrados.
Los WhatsApp aportan nuevos elementos al debate sobre la relación entre La Moncloa, la actividad profesional de Begoña Gómez y la Universidad Complutense, aunque la existencia de estas comunicaciones no demuestra por sí sola la comisión de un delito.
Los mensajes que sitúan a Cristina Álvarez en las gestiones de la Complutense
Uno de los aspectos más relevantes de la información publicada es la aparición de Cristina Álvarez en las comunicaciones entre Begoña Gómez y José María Coello de Portugal, entonces vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense.
Las conversaciones comenzaron en enero de 2023, cuando Gómez ya dirigía la cátedra de Transformación Social Competitiva.
En un primer momento, la esposa del presidente contactó con el responsable universitario para proponerle un encuentro informal y conocerse.
Posteriormente, ambos mantuvieron una relación de trabajo relacionada con las actividades de la cátedra.
Los mensajes reflejan que Gómez recurría al vicerrector para resolver diferentes cuestiones organizativas, desde la reserva de espacios universitarios hasta reuniones sobre asuntos administrativos y económicos.
Sin embargo, el elemento que adquiere mayor importancia judicial es la intervención de su asesora de La Moncloa en esa relación.
Las conversaciones muestran que Álvarez no era una figura completamente ajena a las gestiones universitarias de Gómez, sino que aparecía como interlocutora para coordinar determinados encuentros.
La cuestión que debe determinarse judicialmente es si esas actuaciones estaban amparadas por las funciones de su puesto o si supusieron una utilización indebida de recursos públicos.
El WhatsApp del 26 de junio de 2023: «Le digo a mi compañera Cristina»
Una de las conversaciones reproducidas por Libertad Digital está fechada el 26 de junio de 2023.
Ese día, el vicerrector Coello de Portugal contactó con Begoña Gómez para aplazar una reunión debido a las obligaciones derivadas de la toma de posesión del rector y de la reorganización del equipo universitario.
A las 10:13 horas, el responsable de la Complutense explicó que tenía dificultades para mantener el encuentro en la fecha prevista.
Gómez respondió ocho minutos después y propuso que su asesora se encargara de coordinar las agendas.
CONVERSACIÓN REPRODUCIDA EN LA INFORMACIÓN PUBLICADA
26 de junio de 2023 · 10:13
José María Coello de Portugal:
«Begoña, disculpa la informalidad. Con la toma de posesión del Rector de mañana y el decreto de competencias se me complica un pelín reunirnos».
26 de junio de 2023 · 10:21
Begoña Gómez:
«Perfecto!! Gracias, me viene mejor. Si quieres, le digo a mi compañera CRISTINA que hable con Eva para cuadrar la agenda de la semana que viene».
26 de junio de 2023 · 10:23
José María Coello de Portugal:
«Pufff… Pues te lo agradezco!!».
Extractos de los mensajes difundidos por Libertad Digital.
Este intercambio muestra que Gómez ofreció expresamente la intervención de Cristina Álvarez para organizar una reunión con un alto cargo de la universidad.
El vicerrector aceptó la propuesta.
La relevancia del mensaje no está únicamente en la organización de una cita, sino en que la persona mencionada era una asesora de Presidencia del Gobierno retribuida con fondos públicos.
La investigación debe establecer si esta coordinación constituía una tarea vinculada legítimamente a su puesto o una colaboración en actividades particulares de Gómez.
«Iremos Cristina y yo»: la frase que refuerza las sospechas sobre el papel de la asesora
La referencia más directa a la presencia de Álvarez se produjo durante otra conversación mantenida en julio de 2023.
Begoña Gómez y el vicerrector estaban organizando un nuevo encuentro en las instalaciones de la Complutense.
En ese contexto, la esposa del presidente anunció:
«Iremos Cristina y yo».
La frase confirma que Gómez comunicó al responsable universitario su intención de acudir acompañada de la asesora.
La información publicada no precisa la fecha exacta de esa reunión ni permite determinar, únicamente a partir de la frase, si finalmente se celebró con ambas presentes.
No obstante, la conversación constituye un indicio documental de que Cristina Álvarez participaba, al menos en la preparación de encuentros relacionados con la actividad universitaria de Gómez.
Esta circunstancia tiene especial interés porque la investigación por presunta malversación gira en parte alrededor del uso que pudo hacerse de los medios personales asignados a la esposa del presidente.
La Fiscalía y las defensas pueden sostener interpretaciones diferentes sobre el alcance de estas tareas.
La existencia de una colaboración administrativa no equivale automáticamente a un delito. Para acreditar una malversación deben concurrir los elementos exigidos por la legislación penal y demostrarse los hechos que fundamentan la acusación.
Los mensajes borrados tras hablar de facturas de la cátedra
Otro de los elementos destacados por la información de Libertad Digital es la aparición de mensajes eliminados en una conversación entre Gómez y el vicerrector.
Según el medio, la eliminación se produjo después de referencias a facturas relacionadas con la cátedra.
El dato llama la atención porque los asuntos económicos y contractuales de la actividad universitaria forman parte del contexto examinado en la investigación.
Sin embargo, es importante distinguir lo que se conoce de lo que todavía no está acreditado.
La información facilitada permite afirmar que en la conversación aparecen mensajes borrados.
No permite conocer su contenido, identificar el motivo de su eliminación ni concluir que contenían información comprometedora.
Tampoco demuestra por sí misma que existiera una voluntad de ocultar pruebas.
La relevancia procesal de esos mensajes dependerá de si pueden recuperarse, de su contenido y de la valoración que realice el órgano judicial.
Por tanto, aunque la eliminación de comunicaciones puede justificar preguntas, no constituye una prueba autónoma de culpabilidad.
El vicerrector también menciona contactos directos con Cristina Álvarez
La presencia de la asesora no se limita a las ocasiones en las que Begoña Gómez la menciona expresamente.
Según la información publicada, Coello de Portugal también hizo referencias directas a Cristina Álvarez en otras conversaciones.
En una de ellas, el vicerrector señaló que le debía una llamada.
En otra, afirmó que ya había hablado con ella.
Estas alusiones sugieren que la asesora mantenía contactos relacionados con la organización de asuntos de la cátedra.
El conjunto de los mensajes muestra una dinámica de comunicación en la que Gómez, el responsable universitario y Álvarez aparecían conectados.
La cuestión central es determinar qué funciones desempeñaba realmente la asesora, cuánto tiempo dedicaba a esas gestiones y si existía una justificación institucional para realizarlas.
Esos aspectos resultan relevantes para evaluar la posible utilización de personal público en actividades particulares.
¿Quién es Cristina Álvarez y por qué está investigada?
María Cristina Álvarez es la asesora vinculada a Begoña Gómez que desarrollaba sus funciones en el entorno de la Presidencia del Gobierno.
Su participación en determinadas actividades relacionadas con la Complutense ha sido objeto de investigación judicial.
Según la información publicada, Álvarez está investigada por un presunto delito de malversación, en relación con su colaboración en asuntos vinculados a la cátedra y al proyecto de software desarrollado en ese ámbito.
La hipótesis investigada plantea si una persona retribuida con fondos públicos realizó tareas que podían beneficiar a actividades particulares de la esposa del presidente.
En este contexto, resulta necesario distinguir entre el hecho de que una asesora preste apoyo administrativo y la eventual existencia de una conducta penalmente relevante.
No todas las tareas de organización o coordinación constituyen una utilización irregular de recursos públicos.
La valoración depende de las funciones del puesto, la naturaleza de la actividad y las circunstancias concretas en las que se desarrolló.
Cristina Álvarez conserva plenamente la presunción de inocencia, al igual que Begoña Gómez y las demás personas investigadas.
La cátedra de Transformación Social Competitiva, en el centro de las conversaciones
La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid es el ámbito universitario alrededor del cual se produjeron los contactos examinados.
Begoña Gómez ejercía como directora de esta iniciativa.
Las conversaciones con el vicerrector abordaban cuestiones relacionadas con la organización de reuniones, la utilización de espacios universitarios y determinados asuntos económicos.
Según la información difundida, también se trataron aspectos relativos a los criterios de adjudicaciones públicas y a los objetivos de la cátedra.
Estos elementos forman parte del contexto que ha despertado interés judicial y político.
Las cátedras extraordinarias universitarias pueden desarrollar actividades de investigación, formación, transferencia de conocimiento y colaboración con entidades externas.
Su funcionamiento depende de los convenios y normas aplicables.
Por ello, el hecho de que una cátedra mantenga relaciones con empresas o gestione contratos no constituye, por sí solo, una irregularidad.
La cuestión es si las actuaciones concretas respetaron las normas y si existieron beneficios o intervenciones indebidas.
El juez Peinado examina el posible uso de medios públicos para actividades privadas
La investigación judicial dirigida por Juan Carlos Peinado se centra, entre otros asuntos, en la posible utilización de recursos de Presidencia del Gobierno en actividades vinculadas a Begoña Gómez.
La información publicada este 12 de octubre señala que el magistrado ha cerrado la instrucción y acordado el envío a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
En el ámbito de la malversación, la hipótesis investigada consiste en que se habrían utilizado medios públicos, incluido el trabajo de una asesora retribuida por el Estado, para actividades particulares.
Las comunicaciones con la Complutense adquieren relevancia porque permiten examinar de forma concreta algunas de las gestiones en las que aparecía Álvarez.
No obstante, el análisis judicial debe ir más allá de la existencia de mensajes.
Para determinar responsabilidades será necesario valorar el conjunto de las pruebas, las funciones asignadas a cada persona, el carácter de las actuaciones y su eventual relevancia penal.
La apertura de juicio no equivale a una condena. Corresponde al tribunal determinar si los hechos están acreditados y si constituyen los delitos atribuidos.
El software de la Complutense, otro de los puntos de la investigación
La investigación también ha examinado cuestiones relacionadas con un software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Según la información publicada, una de las sospechas se refiere a una posible apropiación del programa y a la colaboración que Álvarez habría prestado en determinadas gestiones.
Este asunto se ha convertido en una de las líneas relevantes del procedimiento.
La titularidad de un programa informático desarrollado en el ámbito universitario puede depender de contratos, convenios, derechos de propiedad intelectual y acuerdos entre las partes participantes.
Por tanto, para determinar si existió una apropiación indebida es necesario examinar la documentación concreta.
Los mensajes difundidos sobre reuniones y agendas no permiten, por sí solos, establecer quién era titular del software ni si se produjo una apropiación.
Su posible valor reside en ayudar a reconstruir las relaciones y actuaciones de las personas implicadas.
La Fiscalía defiende la inocencia de Begoña Gómez
La información publicada también recoge que la Fiscalía ha reiterado su posición favorable a la inocencia de Begoña Gómez.
Entre los argumentos citados figura que la esposa del presidente habría percibido «0 euros» de la cátedra de la Universidad Complutense.
Este dato es relevante para el debate sobre la existencia de un eventual beneficio económico personal.
Sin embargo, la ausencia de una remuneración directa no resuelve automáticamente todas las cuestiones jurídicas investigadas.
En particular, los delitos de tráfico de influencias y malversación tienen elementos específicos que deben analizarse conforme a la legislación penal y las pruebas disponibles.
Al mismo tiempo, no puede deducirse la existencia de un delito únicamente porque una persona investigada haya contado con colaboración administrativa.
La posición de la Fiscalía y los argumentos de las defensas deben tenerse en cuenta junto con las hipótesis formuladas durante la instrucción.
La determinación final de los hechos y las responsabilidades corresponde a la Justicia.
El caso vuelve a situar a La Moncloa bajo el foco político
La aparición de estos WhatsApp tiene una dimensión política evidente.
Begoña Gómez es la esposa del presidente del Gobierno y Cristina Álvarez desempeñaba funciones de asesoramiento en el entorno de Presidencia.
Por ello, las preguntas sobre el uso de personal público trascienden el funcionamiento ordinario de una cátedra universitaria.
El asunto afecta a principios como la separación entre responsabilidades institucionales y actividades particulares, la transparencia y la correcta utilización de los recursos del Estado.
Desde una perspectiva de control democrático, resulta legítimo exigir explicaciones sobre las tareas realizadas por personal retribuido con fondos públicos.
También es imprescindible evitar que el debate político sustituya a la investigación judicial.
La existencia de comunicaciones, reuniones o relaciones personales puede resultar relevante como prueba contextual, pero no permite establecer automáticamente responsabilidades penales.
La exigencia de transparencia y el respeto a la presunción de inocencia deben mantenerse al mismo tiempo.
Qué demuestran realmente los mensajes publicados
Los WhatsApp difundidos permiten identificar varios hechos concretos.
- Begoña Gómez mantenía comunicaciones con José María Coello de Portugal sobre cuestiones vinculadas a la cátedra de la Complutense.
- Cristina Álvarez aparece mencionada como persona encargada de coordinar agendas y como posible acompañante de Gómez en reuniones universitarias.
- El vicerrector también hizo referencias a contactos directos con Álvarez, lo que indica que existía comunicación entre ambos.
- La conversación incluye mensajes eliminados después de referencias a facturas, aunque su contenido y el motivo de su eliminación no están acreditados.
- La investigación judicial examina el posible uso de medios públicos para actividades particulares, sin que estos mensajes, aisladamente, permitan determinar la existencia de un delito.
La distinción es fundamental.
Los mensajes aportan información sobre la participación de la asesora en determinadas gestiones, pero su significado penal depende del conjunto del procedimiento.
Unos WhatsApp que plantean preguntas sobre el uso de recursos públicos
Las conversaciones entre Begoña Gómez y el vicerrector de la Complutense vuelven a colocar bajo el foco la relación entre la actividad profesional de la esposa del presidente y los medios personales disponibles en La Moncloa.
La frase «Iremos Cristina y yo» constituye una referencia explícita a la presencia prevista de su asesora en una reunión universitaria.
Otros mensajes muestran que Álvarez participaba en la coordinación de agendas y mantenía contactos con el responsable académico.
Estos elementos refuerzan la necesidad de aclarar cuál era el alcance de sus funciones y si las actuaciones estaban justificadas por su puesto.
La aparición de mensajes borrados añade interrogantes, aunque no permite extraer conclusiones sobre su contenido.
El asunto central no es únicamente si Cristina Álvarez ayudó a Begoña Gómez, sino si esa colaboración se desarrolló dentro de las funciones institucionales que justificaban su retribución pública.
Esa es una de las cuestiones que deberá resolver el procedimiento judicial.
Mientras tanto, el caso mantiene abierto un debate de interés público sobre la transparencia, los límites del asesoramiento institucional y la responsabilidad de quienes gestionan recursos del Estado.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo