La crisis de Ceuta irrumpe en la campaña electoral marroquí entre discursos nacionalistas sobre las ciudades españolas y la preocupación social por los migrantes que permanecen bloqueados desde hace semanas.
Ceuta vuelve a convertirse en un elemento de presión política entre España y Marruecos. Más de un mes después de la grave crisis migratoria que golpeó la ciudad autónoma, el episodio continúa teniendo consecuencias al otro lado de la frontera, donde la cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla ha reaparecido en plena campaña electoral.
El escenario marroquí presenta, sin embargo, una importante contradicción. Mientras determinados sectores políticos recuperan las históricas reivindicaciones territoriales de Rabat sobre las dos ciudades españolas, organizaciones y ciudadanos muestran preocupación por la situación de miles de migrantes irregulares que permanecen en Ceuta sin una salida clara.
La crisis del 30 de julio ha terminado así trascendiendo el terreno migratorio para convertirse en una cuestión diplomática y electoral que vuelve a poner bajo presión la compleja relación entre Madrid y Rabat.
Ceuta entra en la campaña electoral de Marruecos
La soberanía de Ceuta y Melilla constituye desde hace décadas uno de los asuntos más delicados de las relaciones hispano-marroquíes.
España considera ambas ciudades parte indiscutible de su territorio nacional. Marruecos, por el contrario, mantiene históricamente una reivindicación sobre ellas, aunque la intensidad con la que aparece en el discurso público varía en función del momento político.
La actual campaña electoral ha vuelto a ofrecer terreno para el nacionalismo.
La crisis migratoria de Ceuta permitió inicialmente que la cuestión territorial recuperase protagonismo en el debate marroquí. Sin embargo, esa reivindicación parece haberse ido diluyendo conforme avanzaba la campaña y la atención comenzaba a centrarse también en las consecuencias humanitarias de los acontecimientos.
La paradoja es evidente: la situación de Ceuta puede utilizarse como instrumento de movilización nacionalista, pero las imágenes y testimonios relacionados con el trato a los migrantes generan al mismo tiempo preocupación entre sectores de la sociedad marroquí.
Miles de migrantes permanecen atrapados en Ceuta
La dimensión humana continúa siendo uno de los principales problemas.
Miles de personas consiguieron acceder irregularmente a Ceuta durante la crisis y, más de un mes después, parte de ellas continúan en una situación extraordinariamente complicada.
La acumulación de migrantes ha sometido a la pequeña ciudad española a una fuerte presión sobre sus recursos asistenciales, instalaciones de acogida, seguridad y servicios públicos.
Al otro lado de la frontera también existe preocupación.
Parte de la sociedad civil marroquí cuestiona las condiciones en las que se encuentran quienes consiguieron cruzar y reclama soluciones que respeten los derechos de los afectados.
Esta preocupación convive con otra realidad política: el Gobierno marroquí evita convertir la gestión de la crisis migratoria en uno de los grandes asuntos centrales de la campaña electoral.
El silencio sobre la crisis contrasta con el discurso nacionalista
Ese contraste resulta especialmente significativo.
Hablar de la soberanía de Ceuta y Melilla puede tener rentabilidad política dentro de Marruecos. Hablar de cómo miles de personas pudieron llegar hasta la frontera española y qué responsabilidad tuvieron las autoridades en el control de esos movimientos resulta considerablemente más incómodo.
La cuestión es especialmente sensible después de las informaciones conocidas en España sobre las alertas previas a los acontecimientos del 30 de julio.
Documentos desclasificados y diferentes informes españoles han alimentado el debate sobre cuánto conocían previamente las autoridades de ambos países acerca de las convocatorias que circulaban por redes sociales para intentar entrar en Ceuta.
Sin embargo, debe mantenerse una distinción esencial: la existencia de alertas sobre posibles intentos de entrada no demuestra por sí misma que el Estado marroquí organizara deliberadamente la crisis.
Esa acusación ha aparecido en el debate político español, pero no existe hasta ahora una resolución judicial que establezca una operación organizada por Rabat.
Marruecos niega estar detrás de los acontecimientos
Rabat ha rechazado precisamente las acusaciones que intentan atribuirle una responsabilidad directa en la organización de la crisis.
Las autoridades marroquíes han defendido la relación construida con España desde el giro diplomático de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición española sobre el Sáhara Occidental para considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
Desde entonces, Madrid y Rabat han defendido públicamente una nueva etapa de cooperación.
La crisis de Ceuta ha vuelto a demostrar, sin embargo, hasta qué punto la inmigración continúa siendo uno de los puntos más vulnerables de esa relación.
España necesita la colaboración de Marruecos para controlar los movimientos migratorios hacia Canarias, Ceuta, Melilla y la Península. Marruecos, a su vez, conoce perfectamente el enorme valor estratégico que esa cooperación tiene para Madrid y para el conjunto de la Unión Europea.
Ceuta y Melilla siguen siendo territorio español
En medio del ruido electoral marroquí conviene recordar una cuestión jurídica y política fundamental.
Ceuta y Melilla son ciudades españolas.
Marruecos mantiene una reivindicación histórica sobre ambas, pero España no reconoce la existencia de una disputa sobre su soberanía.
Las dos ciudades forman parte del ordenamiento constitucional español, sus habitantes participan en las elecciones españolas y están integradas en la estructura territorial del Estado.
Por eso cualquier utilización electoral de la reivindicación marroquí provoca inevitablemente preocupación en España.
La cooperación con Rabat en inmigración, comercio, terrorismo o seguridad no elimina las diferencias entre ambos países, y Ceuta y Melilla continúan siendo una de las más importantes.
La crisis vuelve a demostrar la dependencia española de Marruecos
Los acontecimientos plantean además una cuestión incómoda para cualquier Gobierno español, independientemente de su orientación política.
El control de la frontera sur depende en buena medida de la cooperación marroquí.
Cuando esa colaboración funciona, disminuye la presión migratoria. Cuando se debilita, las consecuencias pueden sentirse rápidamente en territorio español.
El precedente más evidente continúa siendo mayo de 2021, cuando más de 10 000 personas entraron en Ceuta durante una grave crisis diplomática provocada después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali.
Aquel episodio dejó clara la capacidad que tiene la cuestión migratoria para convertirse en un instrumento de presión diplomática.
Eso no demuestra que todas las crisis posteriores respondan al mismo mecanismo. Pero explica por qué cualquier entrada masiva vuelve a despertar inmediatamente las sospechas en España.
La sociedad marroquí mira también hacia los migrantes
Reducir lo que ocurre en Marruecos a una estrategia nacionalista tampoco ofrecería una imagen completa.
Existe igualmente una preocupación social por los propios migrantes.
Muchos proceden de otros países africanos, mientras otros son ciudadanos marroquíes que intentan alcanzar territorio europeo empujados por problemas económicos, desempleo o falta de expectativas.
La inmigración irregular no es únicamente una cuestión española.
También refleja problemas internos de Marruecos y la enorme diferencia económica existente entre las dos orillas del Mediterráneo.
La utilización política de Ceuta puede proporcionar réditos electorales a determinados discursos nacionalistas, pero resulta mucho más difícil explicar por qué tantas personas están dispuestas a arriesgar su integridad para cruzar la frontera hacia España.
Sánchez afronta de nuevo el difícil equilibrio con Rabat
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la situación vuelve a exigir un complicado equilibrio.
Madrid pretende conservar la cooperación estratégica con Marruecos sin aceptar ninguna discusión sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La relación con Mohamed VI se convirtió en uno de los ejes principales de la política exterior española hacia el norte de África después del giro sobre el Sáhara.
El Ejecutivo defiende que esa nueva relación ha permitido mejorar la cooperación migratoria y diplomática.
La oposición, en cambio, ha reclamado reiteradamente mayor firmeza frente a Rabat y ha acusado al Gobierno de realizar concesiones sin obtener suficiente reciprocidad.
La crisis del 30 de julio ha vuelto a alimentar esas críticas.
La inmigración y Ceuta vuelven a quedar unidas a la relación con Rabat
El principal peligro consiste precisamente en que tres debates diferentes terminen mezclándose: la soberanía española de Ceuta, la inmigración irregular y las relaciones diplomáticas con Marruecos.
Son cuestiones conectadas, pero no idénticas.
España tiene derecho a proteger sus fronteras y controlar quién accede a su territorio. Las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa, mantienen derechos fundamentales que deben ser respetados. Y las reivindicaciones territoriales marroquíes no modifican el estatus español de Ceuta y Melilla.
Mantener esas tres ideas simultáneamente resulta esencial para evitar que la crisis se convierta únicamente en combustible electoral a uno y otro lado de la frontera.
Marruecos mira a Ceuta mientras evita abrir otra crisis con España
La situación demuestra finalmente los límites del acercamiento entre Madrid y Rabat.
Marruecos puede cooperar estrechamente con España y mantener al mismo tiempo sus reivindicaciones históricas sobre Ceuta y Melilla. Ambas realidades conviven dentro de una relación marcada tanto por intereses compartidos como por profundas diferencias.
La campaña electoral marroquí ha permitido que el nacionalismo vuelva a emerger, aunque la cuestión territorial parece perder protagonismo conforme aumenta la preocupación por las consecuencias de la crisis migratoria.
Para España, la prioridad debería ser igualmente clara: cooperación con Marruecos cuando beneficie a ambos países, protección efectiva de la frontera y ausencia de cualquier ambigüedad respecto a la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La crisis del 30 de julio terminará pasando. La cuestión de fondo permanecerá: cada episodio migratorio importante demuestra hasta qué punto Ceuta continúa siendo uno de los puntos donde confluyen las ambiciones territoriales de Marruecos, la política migratoria española y una relación bilateral tan necesaria como permanentemente delicada.
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