El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto que limita al 30 % la presencia en determinadas aulas de alumnos con un conocimiento insuficiente del italiano y prohíbe el burka y el niqab en los centros educativos.
La norma también contempla cursos gratuitos de italiano para familias con graves dificultades de integración lingüística y multas de hasta 1 000 euros si los padres obligados a realizar estos cursos no cumplen.
Italia limita al 30 % los alumnos con dificultades graves de italiano
El Consejo de Ministros italiano aprobó el 24 de septiembre un decreto ley con nuevas medidas sobre la integración escolar. Una de las principales establece un límite del 30 % por clase para los alumnos que no conozcan adecuadamente el italiano.
El criterio establecido por el Gobierno es, por tanto, lingüístico y no simplemente de nacionalidad. El objetivo declarado es evitar la concentración de estudiantes con un fuerte déficit de italiano en determinadas aulas y facilitar su integración educativa.
La medida afecta a la educación primaria y secundaria. Según el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, existen unas 34 000 clases en las que actualmente se supera ese porcentaje.
El Gobierno sostiene que el problema no consiste en la presencia de alumnos extranjeros, sino en las dificultades lingüísticas que pueden dificultar su aprendizaje y su integración.
Las familias tendrán que elegir varias escuelas
La aplicación del límite supondrá cambios en el proceso de escolarización.
Según el Gobierno italiano, durante la matriculación los padres deberán indicar cuatro centros educativos de su preferencia. La asignación podrá realizarse en aquel colegio o centro en el que sea posible respetar el límite establecido.
La intención declarada por el Ejecutivo es evitar que determinados centros terminen concentrando una proporción elevada de estudiantes que todavía no dominan el italiano.
El debate se centra ahora en cómo funcionará el sistema en la práctica y en la capacidad de los centros y de las administraciones educativas para distribuir a los alumnos sin generar nuevos problemas de organización.
La Asociación Nacional de Directores (ANP) ha considerado que la aplicación será «muy compleja», aunque reconoce el objetivo de mejorar la integración.
El burka y el niqab quedan prohibidos dentro de los colegios
El segundo gran eje del decreto afecta a la vestimenta que cubre completamente el rostro.
La norma establece una prohibición de acceso a los centros educativos con burka o niqab, prendas que impiden identificar visualmente el rostro.
El Gobierno ha presentado esta medida dentro de una regulación más amplia sobre el ocultamiento del rostro en los centros educativos. Según las explicaciones ofrecidas por Valditara, también se contempla el uso de mascarillas cuando no exista una justificación sanitaria y otros elementos que oculten el rostro.
Las infracciones pueden conllevar multas de entre 200 y 1 000 euros. Cuando la persona que lleva el rostro cubierto sea menor de edad, la sanción puede recaer sobre sus padres.
Cursos obligatorios de italiano para algunos padres
El decreto no se limita a los alumnos.
Cuando un estudiante presente graves dificultades de inserción escolar y un déficit lingüístico importante, el centro deberá informar a los servicios sociales. En esos casos se podrá establecer un itinerario de aprendizaje del italiano para la familia.
Los cursos serán gratuitos y podrán dirigirse tanto al estudiante como a sus padres.
Si los progenitores obligados a realizar el recorrido formativo no cumplen, la norma contempla sanciones económicas de entre 200 y 1 000 euros.
La medida parte de la premisa defendida por el Ejecutivo de que la participación de los padres en el proceso educativo y el conocimiento del idioma facilitan el rendimiento y la integración de los menores.
Meloni defiende que no se trata de expulsar a alumnos extranjeros
La primera ministra italiana ha rechazado que el límite del 30 % implique expulsar a los estudiantes extranjeros de los colegios.
Meloni sostiene que el objetivo es evitar la creación de las denominadas «clases-ghetto», en las que se concentre un número elevado de alumnos con dificultades para comunicarse en italiano.
Tras la aprobación del decreto, la primera ministra defendió públicamente que el Gobierno no pretende «echar a los estudiantes extranjeros», sino proporcionarles herramientas para que puedan integrarse realmente.
El Ejecutivo también presenta el aprendizaje del italiano como un elemento central de la integración escolar.
Según los datos expuestos por Valditara, la tasa de fracaso implícito en las competencias sería del 5,7 % entre los alumnos italianos y del 10 % entre los extranjeros, aunque estas cifras corresponden a la comparación utilizada por el propio ministro para justificar la reforma.
La medida provoca un nuevo choque político en Italia
El decreto ha abierto un fuerte debate político.
La oposición de izquierdas ha criticado especialmente el límite del 30 % y considera que la iniciativa estigmatiza a los menores extranjeros. La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, calificó las medidas de «caza de brujas» y cuestionó que el Gobierno las presente como respuesta a los problemas de la educación pública.
Desde el Ejecutivo, en cambio, se defiende que la reforma busca precisamente evitar la segregación escolar y mejorar las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos.
La discusión tiene además una dimensión constitucional.
Mattarella recuerda que la escuela está abierta a todos
El presidente de la República, Sergio Mattarella, había defendido días antes que la escuela debe ser un espacio abierto y de cohesión social.
En su intervención con motivo de la inauguración del curso escolar 2026-2027, Mattarella recordó expresamente el artículo 34 de la Constitución italiana, que establece que la escuela está abierta a todos. También llamó a evitar la formación de guetos y a reducir las barreras que dificulten la convivencia.
Las declaraciones fueron interpretadas en el contexto del debate sobre el nuevo límite para determinados alumnos. Meloni, por su parte, recordó que Mattarella había sido ministro de Educación entre 1989 y 1990 y había firmado entonces circulares relacionadas con la distribución de estudiantes extranjeros en las aulas.
El Quirinal no ha planteado públicamente una oposición directa al principio de limitar la concentración de alumnos con dificultades lingüísticas, aunque ha subrayado la necesidad de proteger el derecho a la educación y de que las normas estén cuidadosamente diseñadas.
El debate va más allá del burka
La prohibición del burka y el niqab concentra buena parte de la atención pública, pero el decreto tiene un alcance mayor.
El Gobierno italiano ha situado en el centro de su reforma la cuestión de la integración lingüística. Su argumento es que un alumno que no domina el idioma puede tener más dificultades para seguir las clases, relacionarse con sus compañeros y completar con éxito su formación.
Por ello, la estrategia combina tres elementos:
- Límite del 30 % para alumnos con conocimiento insuficiente del italiano en las aulas afectadas por la norma.
- Cursos gratuitos de italiano para estudiantes y, en determinados casos, sus padres.
- Prohibición de cubrir el rostro en los centros educativos, con multas de hasta 1 000 euros.
El Gobierno presenta las tres medidas como parte de una misma política de integración y establecimiento de reglas comunes.
Italia afronta ahora el reto de aplicar el decreto
El anuncio político es solo el primer paso. La verdadera dificultad será determinar cómo se aplicarán las nuevas reglas en miles de centros educativos.
La cuestión más compleja será probablemente la distribución de los alumnos para respetar el 30 % de estudiantes con insuficiente dominio del italiano sin provocar desequilibrios entre colegios o desplazamientos difíciles de gestionar para las familias.
Los directores de centros ya han advertido de las dificultades prácticas que puede generar el sistema.
También será relevante comprobar cómo se determina exactamente qué alumnos quedan incluidos en el límite y cómo se coordinan los centros con los servicios sociales cuando se detecten problemas lingüísticos graves.
Una reforma que sitúa la integración en el centro del debate
La decisión de Meloni abre una nueva etapa en el debate italiano sobre inmigración, educación e integración.
El Gobierno defiende que el conocimiento del italiano debe ser una herramienta fundamental para que los alumnos extranjeros puedan incorporarse plenamente al sistema educativo. La oposición cuestiona el enfoque y advierte de sus posibles efectos sobre los menores.
Mientras tanto, la referencia del presidente Mattarella al principio constitucional de una escuela abierta a todos añade otra dimensión al debate.
El resultado será ahora cuestión de aplicación: Italia tendrá que comprobar si el límite del 30 %, los cursos lingüísticos y las nuevas reglas sobre el ocultamiento del rostro consiguen mejorar la integración sin generar nuevas barreras dentro del sistema educativo.
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