Un juez en Nuevo México ha ordenado a Meta pagar una multa adicional de 567 millones de dólares, sumándose a los 375 millones impuestos en marzo, en un caso relacionado con daños y adicción vinculados a sus plataformas de redes sociales. La multa total asciende así a 942 millones de dólares.
Además del pago, el tribunal ha establecido modificaciones en el funcionamiento de las plataformas de Meta en dicho estado. Entre las medidas figura la eliminación de los «me gusta» para usuarios menores de 18 años, mostrando estas métricas solo con autorización parental. También se restringirán las notificaciones push entre las 22:00 y las 07:00 horas y se limitará el uso a 90 horas mensuales para menores, un promedio de tres horas diarias.
El tribunal fundamenta su decisión en que un número significativo de personas en Nuevo México sufre daños debido a los riesgos de explotación sexual, interferencia con la educación y efectos negativos en la salud mental vinculados al uso de los productos de Meta.
Aunque se reconoció que no es la única plataforma que contribuye a estos problemas, se considera que Meta tiene un papel relevante y ha generado una «molestia pública» que debe ser remediada.
Meta ha anunciado que apelará esta decisión. Un portavoz declaró que la empresa trabaja para mantener la seguridad en sus plataformas y que continuará defendiendo su postura, afirmando que están comprometidos con la protección de los adolescentes.
Por su parte, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, afirmó que Meta conocía el daño que sus plataformas causaban a los menores y priorizó el beneficio económico. Destacó que la sentencia responsabiliza a la empresa por el daño causado a niños, familias y escuelas, imponiendo cambios en su operativa en Nuevo México.
Esta sentencia se suma a otra emitida en marzo en Los Ángeles, donde también se dictaminó que Meta fomentó patrones adictivos en los usuarios. Actualmente, Meta enfrenta varios procesos legales similares en Estados Unidos, incluyendo una demanda conjunta presentada por 33 estados en una corte federal en Oakland, California, y otras demandas individuales como la de Tennessee.
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