España perdió casi 55 000 nacimientos entre 2018 y 2024. La fecundidad sigue entre las más bajas de Europa y la Ley de Familias decayó sin aprobarse.
España afronta una crisis demográfica con las ayudas familiares pendientes
España se enfrenta a un desafío demográfico que condiciona su futuro económico y social: nacen muchos menos niños que hace una década, las familias retrasan la maternidad y el coste de criar a un hijo continúa aumentando. Mientras tanto, varias de las medidas familiares anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez siguen sin convertirse en una política integral y estable.
La fotografía estadística es contundente. En 2018 nacieron 372 777 niños, mientras que en 2024 fueron 318 005, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La diferencia asciende a 54 772 nacimientos, un descenso del 14,7 %. El año 2024 marcó así un mínimo histórico en la serie citada por El Español.
Hay, no obstante, un dato más reciente que debe incorporarse al análisis: el INE estima provisionalmente que en 2025 nacieron 321 164 niños, un 1 % más que el año anterior. El pequeño repunte rompe la tendencia descendente de la última década, aunque todavía deja el número de nacimientos muy por debajo del registrado en 2018.
El debate no se limita a las cifras. La baja natalidad afecta al relevo generacional, al mercado laboral, a la sostenibilidad de las pensiones y a la organización de los servicios públicos. También refleja las dificultades de muchas personas que desean tener hijos, pero aplazan o reducen sus planes familiares por motivos económicos, laborales o de vivienda.
En este contexto, la situación de la Ley de Familias, la evolución de los permisos por nacimiento y las ayudas a la crianza adquieren relevancia política. El balance debe examinar tanto las medidas que el Ejecutivo sí ha aprobado como aquellas que anunció y no llegaron a materializarse.
La caída de los nacimientos: casi 55 000 menos que en 2018
La evolución demográfica muestra una reducción prolongada del número de nacimientos. En 2015 España registró 420 290; en 2018, 372 777; y en 2024, 318 005.
| Año | Nacimientos en España |
|---|---|
| 2015 | 420 290 |
| 2018 | 372 777 |
| 2023 | 320 656 |
| 2024 | 318 005 |
| 2025 | 321 164, estimación provisional |
La comparación entre 2018 y 2024 arroja una caída del 14,7 %. El leve repunte de 2025 no elimina el retroceso acumulado: los nacimientos de ese año siguen siendo unos 51 600 inferiores a los de 2018.
Conviene distinguir, además, entre el número total de nacimientos y la tasa de fecundidad. El primero mide cuántos niños nacen; la segunda refleja el número medio de hijos por mujer. Ambos indicadores ayudan a explicar la evolución demográfica, pero no son intercambiables.
La disminución de los nacimientos tampoco comenzó con el actual Gobierno. Se trata de una tendencia de largo recorrido, vinculada a cambios sociales, económicos y culturales. La responsabilidad política consiste en evaluar qué medidas pueden aliviar sus causas y qué resultados han obtenido las políticas aplicadas.
España tiene una de las fecundidades más bajas de la Unión Europea
Según los datos de 2024 recogidos por El Español, España registró una fecundidad de 1,10 hijos por mujer, frente a una media de 1,34 en la Unión Europea. Solo Malta presentaba una cifra inferior entre los Estados miembros, de acuerdo con la comparación citada en esa información.
La diferencia respecto a otros países europeos permite dimensionar el problema. Francia registró una tasa de 1,61 hijos por mujer en 2024; Portugal, 1,41; Alemania, 1,36; e Italia, 1,18, según las cifras citadas por El Español.
La fecundidad española se sitúa por debajo del nivel necesario para el reemplazo generacional, habitualmente estimado en torno a 2,1 hijos por mujer en sociedades con baja mortalidad y sin migraciones. Esto no significa que una tasa concreta determine por sí sola la evolución de la población, ya que también influyen la esperanza de vida y los movimientos migratorios.
La baja fecundidad sí contribuye a que, con el paso del tiempo, disminuya el peso relativo de las generaciones jóvenes. Si el fenómeno se mantiene, habrá menos personas en edades laborales en relación con el número de personas mayores, salvo que otros factores demográficos compensen parte de esa evolución.
La maternidad se retrasa y muchas familias tienen menos hijos de los deseados
La edad a la que se tienen los hijos constituye otra pieza del problema. Según los datos citados por El Español, la edad media a la maternidad alcanzó los 32,6 años. Además, la proporción de nacimientos de madres de 40 años o más aumentó del 7,8 % en 2015 al 10,4 % en 2025.
El retraso responde a múltiples factores. Entre ellos figuran la prolongación de los estudios, la dificultad para conseguir un empleo estable, el acceso tardío a una vivienda y la necesidad de acumular cierta seguridad económica antes de formar una familia.
El problema aparece cuando esa estabilidad no llega a tiempo o cuando las condiciones materiales obligan a renunciar a parte de los planes familiares.
La Encuesta de Fecundidad de 2025, citada por El Español, apunta que el 69 % de las mujeres de entre 18 y 55 años quería tener al menos dos hijos. Sin embargo, el 34,8 % de las mujeres que ya habían sido madres había tenido menos hijos de los deseados.
Estas cifras no significan que todas las mujeres compartan las mismas prioridades ni que el Estado deba imponer un modelo familiar. Sí muestran una distancia entre los deseos expresados por parte de la población y las posibilidades reales de llevarlos a cabo.
La respuesta pública debería centrarse en que quienes quieran tener hijos no encuentren obstáculos evitables por la precariedad económica, la falta de servicios de conciliación o la inseguridad residencial.
Criar a un hijo cuesta 758 euros al mes
El coste económico de la crianza es una de las barreras que las familias señalan cuando explican sus decisiones. Según el informe El coste de la crianza en 2024, elaborado por Save the Children, el gasto medio estimado ascendía a 758 euros mensuales por hijo, frente a los 672 euros calculados en 2022. El incremento es del 13 %.
El gasto cambia considerablemente según la edad del menor. La estimación citada por El Español sitúa el coste mensual en 604 euros para los niños de entre cero y tres años y en 812 euros para los de entre siete y doce años.
La vivienda, la alimentación, los suministros, la ropa, el transporte y la conciliación absorben una parte importante del presupuesto familiar. En hogares con ingresos ajustados, un nuevo hijo puede suponer un esfuerzo económico considerable, especialmente cuando el alquiler o la hipoteca ya representan una proporción elevada de los ingresos.
El dato no debe interpretarse como una factura idéntica para todas las familias: se trata de una estimación media y los gastos dependen de la edad, el lugar de residencia, los ingresos y las necesidades de cada hogar.
Aun con esa salvedad, la cifra ayuda a entender por qué una ayuda puntual puede resultar insuficiente frente a un coste que se repite mes tras mes durante años.
La pobreza infantil continúa siendo un problema estructural
La natalidad no puede analizarse únicamente desde la cantidad de niños que nacen. También importa la situación en la que crecen.
Según la información publicada por El Español, el 33,9 % de los menores de 16 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 29,9 % registrado en 2018. El indicador mejoró ocho décimas respecto a 2024, pero seguía por encima del nivel de seis años antes.
El riesgo de pobreza o exclusión social no significa necesariamente que todos los menores afectados vivan en pobreza monetaria severa. Es un indicador compuesto que identifica hogares expuestos a dificultades económicas o sociales según los criterios estadísticos establecidos.
La evolución refleja una dificultad que va más allá de las decisiones individuales de tener hijos. Para muchas familias, garantizar una vivienda adecuada, alimentación suficiente, material escolar y actividades extraescolares exige un esfuerzo económico creciente.
La política familiar debe tener en cuenta ambas dimensiones: facilitar que las personas puedan formar la familia que desean y garantizar que los niños que ya viven en España crezcan en condiciones dignas.
Qué ha hecho el Gobierno y qué compromisos siguen pendientes
El balance del Ejecutivo no puede reducirse a afirmar que no ha aprobado ninguna medida. Durante estos años se han ampliado algunas protecciones y permisos, pero también han quedado sin culminar proyectos anunciados en materia familiar.
La información de El Español destaca tres compromisos especialmente relevantes: la ampliación de los permisos por nacimiento, una ayuda universal por hijo y la aprobación de la Ley de Familias.
Los permisos por nacimiento: 19 semanas en lugar de 20
El Gobierno se comprometió a ampliar de 16 a 20 semanas los permisos por nacimiento, pero la reforma descrita por El Español se quedó en 19 semanas. El cambio amplía el tiempo disponible para atender al recién nacido, aunque no alcanza la duración anunciada inicialmente.
También se planteó remunerar parte del permiso parental de ocho semanas. Según la información publicada, la medida aprobada incorporó dos semanas retribuidas adicionales, mientras que el resto del permiso parental continuó sin remuneración.
Los permisos son una herramienta relevante para la conciliación durante los primeros meses, pero no resuelven por sí solos los problemas que aparecen cuando termina ese periodo: encontrar una escuela infantil, organizar los horarios laborales y afrontar los gastos de crianza.
La prestación universal por hijo no se ha aprobado
Otra de las propuestas mencionadas en el debate político fue una ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo, defendida por Sumar.
Según El Español, esta prestación no llegó a aprobarse. En su lugar, sigue existiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), dirigido a hogares que cumplen determinados requisitos económicos.
La diferencia entre ambas fórmulas es importante. Una ayuda universal se concede conforme a criterios generales de elegibilidad, mientras que una prestación condicionada a la renta concentra los recursos en determinados hogares, pero exige comprobar los ingresos y cumplir los requisitos administrativos.
La cuestión no es solo cuánto se gasta, sino si el sistema elegido alcanza a las familias que pretende proteger. Para valorar su eficacia hay que examinar cobertura, cuantía, costes administrativos y reducción efectiva de la pobreza infantil.
Las escuelas infantiles de cero a tres años
La disponibilidad de plazas de educación infantil también condiciona la conciliación. En 2021, el Gobierno comprometió 670,1 millones de euros de fondos europeos para crear más de 65 000 plazas públicas de educación infantil de cero a tres años, según la información publicada por El Español.
El objetivo de ampliar la oferta de plazas resulta especialmente relevante para las familias con hijos pequeños, porque el cuidado infantil puede representar un gasto elevado y limitar la reincorporación laboral de uno de los progenitores.
No obstante, crear plazas y garantizar su gratuidad universal son objetivos diferentes. Para evaluar el resultado de la inversión hay que comprobar cuántas plazas se han ejecutado, en qué territorios están disponibles, qué coste asumen las familias y si la oferta responde a la demanda.
La Ley de Familias decayó sin completar su tramitación
La Ley de Familias, impulsada por el Gobierno en 2022 y recuperada en 2024, pretendía ampliar el reconocimiento y la protección de distintas estructuras familiares.
Entre las medidas recogidas en el proyecto figuraban una mayor protección para las familias monoparentales y cambios en el reconocimiento de determinados hogares con hijos. El texto también buscaba desarrollar instrumentos de apoyo a la crianza y la conciliación.
Sin embargo, el proyecto no culminó su tramitación parlamentaria. Según El Español, el plazo de enmiendas se prorrogó en varias ocasiones y la iniciativa decayó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.
La consecuencia es que las medidas contenidas en ese proyecto no pueden presentarse como derechos vigentes por el mero hecho de haber sido anunciadas. Para convertirse en ley, una iniciativa debe completar los procedimientos parlamentarios y publicarse oficialmente.
La caída del proyecto deja una cuestión política relevante: por qué una norma presentada años antes no llegó a aprobarse y qué medidas de su contenido, si el Gobierno mantiene su intención de impulsarlas, se llevarán de nuevo al Parlamento.
Para las familias, la continuidad normativa importa. Las ayudas y permisos necesitan reglas comprensibles, plazos previsibles y seguridad sobre su aplicación, en lugar de depender de anuncios que no llegan a materializarse.
Envejecimiento, pensiones y mercado laboral: las consecuencias a largo plazo
La baja natalidad tiene efectos que se extienden mucho más allá de las familias que desean tener hijos.
Cuando las generaciones jóvenes son menos numerosas, el relevo de trabajadores se reduce con el paso del tiempo. Esto puede dificultar la cobertura de determinadas ocupaciones, alterar la distribución territorial de la población y aumentar la presión sobre los sistemas de pensiones y de cuidados.
El INE ha advertido en sus proyecciones demográficas de que el peso de la población de 65 años o más podría seguir aumentando durante las próximas décadas. La magnitud exacta dependerá de la evolución de la fecundidad, la esperanza de vida y la migración.
El envejecimiento no debe tratarse como un problema individual de las personas mayores. Es un fenómeno demográfico que exige adaptar los servicios sanitarios, la atención a la dependencia, el mercado laboral y la financiación de las prestaciones públicas.
Tampoco cabe concluir que una mayor natalidad resolvería automáticamente todos esos retos: los niños que nacen hoy tardarán años en incorporarse al mercado laboral. La respuesta requiere políticas coordinadas y una planificación a largo plazo.
Qué medidas podrían ayudar a las familias
No existe una única política capaz de revertir una tendencia demográfica de décadas. La experiencia de las familias y los datos disponibles apuntan a que el coste de la crianza, la vivienda, la estabilidad laboral y la conciliación deben abordarse conjuntamente.
Entre las medidas que pueden evaluarse figuran:
- Simplificar el acceso a las ayudas familiares. La administración debería facilitar información clara y reducir trámites innecesarios, sin perder los controles que aseguran que los recursos llegan a quienes cumplen los requisitos.
- Mejorar la disponibilidad de educación infantil. La oferta de plazas de cero a tres años debe ajustarse a las necesidades territoriales y acompañarse de información transparente sobre costes y cobertura.
- Reforzar la conciliación después de los permisos. La flexibilidad horaria y las fórmulas de adaptación de jornada pueden ayudar, siempre que se respeten los derechos laborales y las particularidades de cada actividad.
- Reducir las barreras de acceso a la vivienda. La emancipación tardía dificulta que algunas personas formen una familia cuando lo desean. Las medidas de vivienda deben evaluarse por su capacidad real para ampliar la oferta y mejorar el acceso.
- Medir los resultados de las políticas. Las ayudas deben revisarse periódicamente con indicadores de cobertura, pobreza infantil, conciliación y evolución de los planes familiares.
Estas propuestas no garantizan por sí solas un aumento de los nacimientos. Su objetivo es reducir obstáculos que afectan a las decisiones familiares y mejorar las condiciones de quienes ya están criando hijos.
Un balance que exige datos, continuidad y resultados
La evolución de la natalidad española refleja un problema estructural. Entre 2018 y 2024 los nacimientos cayeron un 14,7 %, y la fecundidad de 2024 se situó en 1,10 hijos por mujer. En 2025 se registró un pequeño repunte provisional, pero el número de nacimientos siguió muy por debajo del de 2018.
En paralelo, el coste de criar a un hijo aumenta y la pobreza infantil continúa afectando a una parte importante de los menores. Las medidas públicas pueden aliviar parte de esa presión, pero su utilidad depende de su diseño, su financiación y su capacidad para llegar a las familias.
El Gobierno ha ampliado algunas protecciones, aunque compromisos como la prestación universal por hijo y la Ley de Familias no culminaron según el calendario planteado. Ese balance debe evaluarse a partir de las normas aprobadas, las que quedaron pendientes y los resultados que pueda medirse que han producido.
La cuestión de fondo es si España ofrece a quienes desean tener hijos unas condiciones económicas, laborales y residenciales compatibles con ese proyecto de vida. La respuesta no depende únicamente del número de ayudas anunciadas, sino de su continuidad, su eficacia y su capacidad para reducir los obstáculos que afrontan las familias.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo