Los ingresos hospitalarios por complicaciones durante la primera etapa del embarazo en el Reino Unido han aumentado significativamente en los últimos años. Un estudio de la Universidad de Liverpool, presentado en la última reunión de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, revela este fenómeno, así como las desigualdades socioeconómicas en la salud materna.
Entre 2004 y 2024, el estudio analizó cerca de 800 000 ingresos por pérdidas gestacionales y más de 200 000 por embarazos ectópicos, cruzando estos datos con más de 12 millones de partos registrados. Se observa que, tras un descenso en las hospitalizaciones entre 2010 y 2021, con cifras de más de 45 000 a unas 31 000 anuales, la tendencia se revirtió con la pandemia de COVID-19. Entre 2021 y 2024, se registraron 133 400 ingresos hospitalarios, lo que indica un repunte considerable.
Asimismo, los casos de embarazos ectópicos han mostrado un aumento similar en el mismo periodo, con más de 44 000 ingresos. Este contexto contrasta con la notable disminución de la natalidad, que ha pasado de más de 636 000 partos en 2017 a aproximadamente 545 149 en la actualidad.
Sindhu Sekar, autora principal del estudio, señala que el crecimiento en las hospitalizaciones por pérdidas gestacionales y embarazos ectópicos podría deberse a varios factores, incluyendo cambios en el sistema de salud post-pandemia y un aumento en la edad materna y niveles de obesidad entre las mujeres embarazadas.
El análisis también revela una marcada disparidad entre diferentes grupos socioeconómicos. Las mujeres con menos recursos han experimentado 71 104 hospitalizaciones por pérdidas gestacionales, en comparación con 26 414 en las mujeres más favorecidas, lo que sugiere que las mujeres en situación de pobreza tienen hasta 2,7 veces más probabilidades de enfrentar estas complicaciones. Para los embarazos ectópicos, se registraron cerca de 18 000 ingresos en el grupo económico más bajo frente a solo 7 500 en el grupo de mayor ingreso. Estas cifras indican cómo las condiciones socioeconómicas afectan la salud pública y el acceso a atención de calidad durante el embarazo.