Un informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional recoge ocho avisos entre el 29 de julio y el 4 de agosto. El primero advertía del riesgo de entradas irregulares un día antes de la crisis fronteriza.
La polémica sobre qué sabía el Gobierno antes de la crisis de Ceuta suma un nuevo capítulo. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón recoge la emisión de ocho alertas policiales relacionadas con la situación migratoria y fronteriza entre el 29 de julio y el 4 de agosto, según la información publicada sobre el documento.
El dato más comprometedor políticamente es la fecha de la primera alerta: 29 de julio, un día antes de las entradas masivas registradas en Ceuta los días 30 y 31.
Aquella notificación estaba dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y advertía del riesgo de una entrada irregular prevista para el 30 de julio.
La existencia de estos avisos alimenta el choque abierto después de que Pedro Sánchez defendiera en el Congreso que el Ejecutivo no había recibido previamente información que le permitiera anticipar la magnitud de lo sucedido. Sin embargo, hay una diferencia decisiva que todavía debe esclarecerse: que determinados organismos policiales emitieran alertas no demuestra por sí mismo que esas comunicaciones llegaran al ministro del Interior o a la Presidencia del Gobierno.
Precisamente averiguar quién recibió cada alerta, hasta dónde ascendió en la cadena de mando y qué decisiones se adoptaron se convierte ahora en una de las cuestiones fundamentales.
La primera alerta sobre Ceuta llegó el 29 de julio
Según el contenido atribuido al informe del CENIF, la secuencia comienza el 29 de julio.
Ese día se emitió una alerta dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla en la que se advertía del riesgo de una entrada irregular al día siguiente.
El documento también hace referencia a un “Formulario de Comunicación de Hechos Relevantes” del Centro Nacional de Comunicaciones relacionado con la posibilidad de entradas masivas y con la circulación de mensajes vinculados a una sentencia del Tribunal Supremo.
La cronología adquiere especial importancia porque sitúa señales policiales de riesgo antes del 30 de julio, cuando comenzó la fase más grave de la crisis.
La cuestión política ya no se limita, por tanto, a determinar si existieron avisos. Según el informe conocido, sí hubo alertas operativas dentro de estructuras policiales.
La incógnita es otra: quién las conoció dentro de la Administración y con qué nivel de detalle.
Dos nuevas alertas durante el 30 de julio
El CENIF habría emitido otras dos alertas el 30 de julio, coincidiendo ya con la crisis.
Una fue enviada a los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y Ceuta para advertir de la posibilidad de que personas que habían cruzado irregularmente intentaran llegar posteriormente a la Península.
La segunda alertaba del riesgo de colapso provocado por las entradas en Ceuta y Melilla.
Esta comunicación resulta especialmente relevante porque muestra que las autoridades policiales no estaban observando únicamente movimientos en la frontera.
También contemplaban las consecuencias posteriores: saturación de recursos, desplazamientos hacia la Península y extensión de la presión migratoria hacia otros territorios.
El CENIF reiteró el riesgo de colapso el 31 de julio
La actividad de alerta continuó durante el 31 de julio.
Ese día se enviaron otras dos comunicaciones.
La primera estaba dirigida nuevamente a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla y, según el contenido publicado, “reiteraba y actualizaba” el riesgo de colapso por las entradas en ambas ciudades autónomas.
La segunda fue remitida a la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
En este caso, el CENIF advertía del posible incremento de llegadas de embarcaciones irregulares al archipiélago.
La sucesión de avisos muestra que la Policía estaba evaluando la crisis como un fenómeno potencialmente más amplio que los acontecimientos registrados exclusivamente en Ceuta.
Otras dos alertas el 1 de agosto
El 1 de agosto se produjeron dos nuevas advertencias.
Una estaba dirigida a las jefaturas superiores de Ceuta y Andalucía Occidental y advertía del riesgo de que embarcaciones con migrantes procedentes de Ceuta intentaran alcanzar las costas de Cádiz.
La otra volvía a mirar hacia el futuro.
El CENIF alertó a las jefaturas superiores de Ceuta y Melilla de una posible nueva entrada irregular prevista para el 15 de agosto.
Con estas comunicaciones, el número acumulado de alertas descritas ascendía a siete.
La octava alerta llegó el 4 de agosto
La última comunicación recogida en esta cronología está fechada el 4 de agosto.
Fue remitida a las jefaturas superiores de Policía de Ceuta y Melilla y estaba relacionada con movilizaciones vinculadas al denominado movimiento juvenil GenZ212 y su posible influencia sobre la convocatoria de una nueva entrada irregular prevista para el 15 de agosto.
De esta forma, la documentación conocida describe ocho alertas entre el 29 de julio y el 4 de agosto.
La secuencia es relevante porque abarca tres momentos diferentes: antes, durante y después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio.
Las ocho alertas que recoge el informe del CENIF
La cronología publicada permite reconstruir los avisos principales:
- 29 de julio: advertencia a Ceuta y Melilla sobre riesgo de entrada irregular el día 30.
- 30 de julio: aviso a Algeciras, Tarifa y Ceuta ante posibles desplazamientos hacia la Península.
- 30 de julio: alerta por riesgo de colapso ante las entradas en Ceuta y Melilla.
- 31 de julio: actualización y reiteración del riesgo de colapso.
- 31 de julio: aviso a Canarias ante un posible incremento de embarcaciones irregulares.
- 1 de agosto: alerta a Ceuta y Andalucía Occidental por posibles llegadas a Cádiz.
- 1 de agosto: advertencia sobre una posible nueva entrada en Ceuta y Melilla el 15 de agosto.
- 4 de agosto: seguimiento de movilizaciones vinculadas a GenZ212 relacionadas con esa convocatoria.
La existencia de esta cadena de comunicaciones plantea inevitablemente una pregunta: ¿hasta qué nivel de la estructura policial y política llegó la información?
Sánchez negó que el Gobierno hubiese sido avisado previamente
La documentación conocida adquiere todavía mayor dimensión después de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
El presidente rechazó que el Gobierno hubiera conocido previamente información suficiente para anticipar lo ocurrido y calificó de absurdo pensar que el Ejecutivo hubiese sido advertido y hubiera decidido deliberadamente no actuar.
Sánchez planteó además otra cuestión especialmente significativa: por qué determinada información del CENIF no había sido remitida a superiores ni al Ministerio del Interior.
Esta distinción es fundamental para analizar el caso con rigor.
La existencia de ocho alertas policiales no demuestra automáticamente que Sánchez o el ministro Fernando Grande-Marlaska recibieran personalmente las ocho comunicaciones.
Pero sí obliga a esclarecer qué recorrido administrativo siguieron.
Si quedaron restringidas a determinados niveles operativos, habrá que explicar por qué información de esa importancia no ascendió adecuadamente. Si se demuestra que llegó a niveles superiores, el debate político cambiaría sustancialmente.
La Audiencia Nacional investiga lo ocurrido
La documentación forma parte de las actuaciones relacionadas con la investigación de la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos de Ceuta.
La magistrada María Tardón requirió información a las estructuras policiales competentes para tratar de determinar la naturaleza de los hechos.
Otros elementos conocidos del informe han aumentado la controversia sobre el posible grado de organización de las entradas.
La documentación policial describe oleadas concebidas para saturar o colapsar la capacidad española de respuesta y recoge indicios sobre la posible participación de personas relacionadas con las fuerzas de seguridad marroquíes.
Esto no equivale todavía a una resolución judicial que atribuya al Gobierno de Marruecos la planificación de la operación.
Sánchez insistió el jueves en que, hasta ese momento, no existían pruebas suficientes para concluir que las autoridades marroquíes hubiesen diseñado y ejecutado la crisis.
El CENIF detectó un fuerte incremento de mensajes antes de las entradas
El informe contiene además información sobre la actividad registrada en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El CENIF habría estado monitorizando grupos, foros y páginas vinculados con cuestiones migratorias antes de producirse las entradas masivas.
Según el documento, parte de la actividad comenzaba en grupos abiertos de Facebook y posteriormente trasladaba a los usuarios más interesados hacia grupos privados de WhatsApp.
La evolución temporal resulta especialmente llamativa.
Entre los días 24 y 28 de julio se habría producido una fase de activación, con un “incremento súbito” de mensajes el día 28.
Es decir, el aumento se habría detectado un día antes de la primera alerta del CENIF y dos días antes del inicio de las entradas masivas.
Los mensajes crecieron de forma «exponencial»
Entre el 29 de julio y el 1 de agosto, coincidiendo con la fase crítica de los acontecimientos, el informe describe un “crecimiento exponencial” de los mensajes.
A partir del 2 de agosto comenzó un descenso progresivo.
El 10 de agosto, la actividad habría regresado aproximadamente a niveles similares a los observados entre el 18 y el 24 de julio.
La cronología refuerza la tesis de que existió una movilización digital previa y simultánea a los cruces fronterizos.
Lo que debe determinarse es quién promovió esa actividad, qué grado de coordinación existió y si puede vincularse de manera probatoria a estructuras estatales, organizaciones criminales, movimientos concretos o una combinación de actores.
Las alertas abren un nuevo problema para Interior
El asunto tiene dos dimensiones diferentes.
La primera es externa: qué ocurrió realmente en Marruecos y quién organizó o facilitó las entradas.
La segunda es interna y puede resultar políticamente igual de delicada: cómo funcionó el sistema español de información y alerta.
Si el CENIF detectó un incremento extraordinario de actividad el 28 de julio y emitió una primera alerta el 29, habrá que esclarecer qué protocolos se activaron posteriormente.
También deberá determinarse qué autoridades recibieron los avisos del 30 y 31 de julio sobre el riesgo de colapso.
La cuestión ya no consiste únicamente en preguntarse si España disponía de información. El informe indica que determinadas unidades policiales sí manejaban información y estaban emitiendo alertas.
El interrogante es qué ocurrió después con ella.
Ocho alertas que obligan al Gobierno a dar más explicaciones
La documentación conocida no permite afirmar, por sí sola, que Pedro Sánchez conociera personalmente el 29 de julio que al día siguiente se produciría una entrada de la magnitud finalmente registrada.
Tampoco demuestra automáticamente que Interior ignorase deliberadamente una advertencia.
Pero la existencia de ocho alertas policiales antes, durante y después de la crisis hace difícil cerrar la polémica con una simple afirmación de que no existieron avisos.
Ahora será necesario reconstruir la cadena completa de comunicaciones: quién generó cada alerta, quién la recibió, qué organismo debía elevarla, qué responsables fueron informados y qué medidas se adoptaron.
Esa trazabilidad permitirá distinguir entre dos escenarios políticamente muy diferentes: un fallo grave en la circulación interna de información o un conocimiento superior de las advertencias que hasta ahora no haya sido suficientemente explicado.
Mientras la Audiencia Nacional continúa examinando lo ocurrido, el informe del CENIF añade una pieza decisiva al caso: la Policía sí emitió alertas y la primera llegó el 29 de julio.
La crisis de Ceuta entra así en una nueva fase. Ya no se discute únicamente quién impulsó las entradas desde el otro lado de la frontera. También se abre una pregunta mucho más incómoda dentro de España: quién sabía qué y cuándo lo supo.
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