La operación Leire salpica al TACRC y abre un nuevo frente judicial que amenaza con escalar hasta el núcleo del Ministerio de Hacienda. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, estaría presuntamente implicada en la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional y que tiene como epicentro el entorno del PSOE y la adjudicación de contratos públicos.
La relevancia del caso no es menor: Ordiz Fuertes fue nombrada en junio de 2021 por el Consejo de Ministros a propuesta directa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que sitúa a este departamento en una posición especialmente delicada a medida que la investigación avanza.
La operación Leire salpica al TACRC y apunta a decisiones bajo influencia política
Según las mismas fuentes, la operación Leire salpica al TACRC tras haber localizado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicaciones y expedientes que indicarían que la presidenta del tribunal administrativo habría tomado resoluciones “al dictado” del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, uno de los principales investigados en la causa.
Fernández, estrecho colaborador de María Jesús Montero durante años, fue detenido el pasado mes de diciembre junto a Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, y Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar. Los tres están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Aunque quedaron en libertad con medidas cautelares al no solicitar la Fiscalía prisión provisional, la instrucción continúa bajo secreto de sumario, lo que incrementa la incertidumbre política y judicial.
Registros clave: cuando la operación Leire salpica al TACRC
El alcance de la investigación quedó patente cuando, en diciembre, agentes de la UCO se personaron en diversas instituciones del Estado para requerir documentación sobre contratos y licitaciones sospechosas. Entre los organismos registrados figura precisamente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, epicentro ahora de la polémica.
Además del TACRC, los agentes recabaron información en la Dirección General de Patrimonio del Estado, Correos y distintas áreas del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo era analizar adjudicaciones relacionadas con empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa o Forestalia, donde presuntamente la trama habría influido para evitar impugnaciones o garantizar resoluciones favorables.
Las fuentes consultadas aseguran que la operación Leire salpica al TACRC porque este órgano, encargado de velar por la legalidad en la contratación pública, habría sido utilizado como una pieza clave para blindar adjudicaciones millonarias.
El papel del TACRC y su relevancia institucional
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es un órgano estratégico dentro del sistema de contratación pública. Su función principal es resolver recursos especiales contra adjudicaciones, actuando como garante de la transparencia y la legalidad en el sector público estatal.
Que la operación Leire salpica al TACRC supone un golpe directo a la credibilidad del sistema, ya que cualquier sombra de manipulación en este organismo afecta a todo el entramado de contratación del Estado.
Además, el tribunal puede asumir competencias delegadas por comunidades autónomas y entidades locales, lo que amplía aún más el alcance potencial de las irregularidades investigadas.
Fiscalía, libertad provisional y nuevas incógnitas
Otro elemento controvertido del caso fue la decisión de la Fiscalía de no solicitar prisión provisional para los detenidos, una actuación que diversos analistas han interpretado como clave para evitar tensiones políticas mayores. Tal y como se ha publicado, la recién nombrada fiscal general del Estado, Teresa Peramato, estrenó su mandato solicitando la libertad provisional de Leire Díez y del resto de investigados.
Las detenciones se produjeron de forma anticipada ante el riesgo real de destrucción de pruebas, después de que Vicente Fernández detectara el seguimiento policial. Sin embargo, apenas 72 horas después, la Fiscalía consideró que ese riesgo había desaparecido.
Mientras tanto, la operación Leire salpica al TACRC y mantiene abiertas múltiples líneas de investigación. Las fuentes judiciales advierten de que no se descartan nuevas imputaciones ni la ampliación del número de investigados en las próximas semanas.
Un caso que amenaza con escalar políticamente
A medida que se conocen más detalles, la operación Leire salpica al TACRC y coloca bajo el foco no solo a altos cargos administrativos, sino también a decisiones políticas adoptadas en los últimos años. La figura de María Jesús Montero emerge como uno de los elementos más sensibles del caso, dado su papel en el nombramiento de Ordiz Fuertes y su histórica relación con algunos de los investigados.
La investigación sigue su curso y, con ella, crece la presión sobre el Gobierno en un momento de máxima tensión política. El desenlace de la operación Leire podría marcar un antes y un después en la percepción pública sobre la limpieza y neutralidad de los órganos encargados de vigilar la contratación pública en España.
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