La Audiencia Nacional analiza operaciones por más de 132 millones y unas comisiones superiores a 750 000 euros en una causa que alcanza a altos cargos públicos.
La investigación judicial sobre la trama SEPI abre una nueva y especialmente delicada vía para el PSOE de Pedro Sánchez: el juez Santiago Pedraz estudia si parte del dinero relacionado con las operaciones investigadas pudo terminar financiando ilegalmente al partido.
No es una acusación judicial definitiva contra el PSOE. Es una línea de investigación que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción mantienen abierta dentro de una causa que ya afecta a numerosos empresarios y responsables de organismos públicos. Pero la dimensión económica del caso explica por qué la hipótesis preocupa especialmente al entorno socialista.
Las operaciones bajo investigación superan los 132,9 millones de euros, mientras que las comisiones atribuidas a la trama superarían los 750 000 euros, según las fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital.
Pedraz pone bajo la lupa la posible financiación ilegal del PSOE
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga la presunta corrupción relacionada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Ahora, una de las líneas que se analiza consiste en determinar si parte del dinero procedente de las operaciones investigadas pudo utilizarse para financiar ilegalmente al PSOE.
Las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que esta sospecha existe desde el comienzo de la investigación de la denominada trama SEPI. La instrucción deberá determinar si existió realmente ese desvío de fondos, quién habría intervenido y cuál habría sido el eventual destino del dinero.
Por tanto, conviene distinguir entre tres niveles:
- Hecho investigado: existen operaciones y movimientos económicos sometidos a examen judicial.
- Hipótesis: se investiga si parte de esos recursos pudo acabar financiando ilegalmente al PSOE.
- Hecho probado: todavía no existe una resolución judicial que establezca que el PSOE recibió financiación ilegal procedente de esta trama.
Más de 132 millones bajo investigación
La magnitud económica de la causa explica el interés de los investigadores.
Según la información publicada, se investigan operaciones que superan los 132,9 millones de euros en empresas y organismos como Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y Forestalia.
La investigación también apunta a unas comisiones superiores a 750 000 euros.
Pedraz aprecia, hasta el momento, indicios relacionados con delitos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización criminal y abuso de información privilegiada. La posible financiación ilegal del PSOE aparece como una hipótesis adicional que todavía debe ser esclarecida.
El dato políticamente más sensible es precisamente ese último extremo: determinar si el dinero generado por las operaciones investigadas terminó beneficiando, directa o indirectamente, a la estructura socialista.
El rescate de Air Europa y Plus Ultra también aparece en el radar
La investigación adquiere todavía mayor dimensión al afectar a operaciones de rescate empresarial gestionadas por la SEPI.
La sociedad estatal participó en los rescates de Air Europa, por 475 millones de euros, y Plus Ultra, por 53 millones.
Según las fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital, los investigadores quieren aclarar, entre otras cuestiones, si parte de las cantidades vinculadas a estas operaciones pudo desviarse para financiar al PSOE.
Que una operación sea investigada no significa que exista delito ni que el dinero de un rescate haya sido desviado. Precisamente por eso, la instrucción judicial deberá reconstruir el recorrido de los fondos y determinar qué operaciones fueron legítimas y cuáles pudieron estar acompañadas de irregularidades.
La trama estalló con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso
La investigación de la trama SEPI adquirió una dimensión pública especialmente relevante en diciembre de 2025, cuando la UCO detuvo a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían ejercido influencia sobre procedimientos de la SEPI y entidades dependientes entre 2021 y 2023 para favorecer contratos, ayudas y rescates a cambio de comisiones.
Los investigadores sostienen que esas operaciones se habrían canalizado mediante sociedades instrumentales como Mediaciones Martínez o Servinabar.
El caso, por tanto, no se limita a una posible irregularidad contable. La investigación trata de reconstruir una presunta red de relaciones entre empresarios y responsables públicos alrededor de contratos, ayudas y operaciones de gran volumen económico.
La SEPI, en el centro de una investigación que alcanza a altos cargos
La SEPI ocupa una posición estratégica dentro del Estado porque gestiona participaciones públicas y desempeña un papel relevante en determinadas operaciones empresariales.
Por ello, cualquier sospecha de utilización irregular de sus procedimientos tiene una dimensión que trasciende a las empresas concretas investigadas.
En junio, Pedraz imputó a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Gualda aparece relacionada en la investigación con el rescate de Tubos Reunidos.
La lista de investigados incluye directivos y antiguos responsables de la SEPI, Enusa, Tubos Reunidos y Forestalia, entre otras entidades.
Los nombres que aparecen en la causa
Entre los investigados figuran responsables empresariales y altos cargos vinculados a distintas instituciones.
Entre ellos aparecen:
- Belén Gualda, presidenta de la SEPI.
- Fernando Samper, expresidente de Forestalia.
- Eduardo y Roberto Pérez Águeda, vinculados a la investigación sobre Forestalia.
- José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa.
- Rosario Arévalo, directora corporativa de Enusa.
- Francisco Javier López Buciega, directivo de Acciona.
- Teresa Castillo Pasalodos, directora de desarrollo corporativo de Isdefe.
- José Ramón Sempere Vera, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
También figuran seis cargos o excargos de la SEPI para los que el juez habría encontrado indicios suficientes de delito, además de la imputación de María de la Concepción Ordiz Fuertes, alto cargo del Ministerio de Hacienda.
María Jesús Montero queda bajo el foco político
La investigación tiene además una derivada política especialmente sensible por la posición que ocupaba María Jesús Montero.
La actual líder del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno fue ministra de Hacienda, departamento del que depende la SEPI.
Libertad Digital sostiene que Montero podría encontrarse cerca de una eventual imputación y atribuye a fuentes del caso la existencia de indicios relacionados con su responsabilidad política sobre la SEPI.
Sin embargo, no debe confundirse una eventual responsabilidad política con una imputación judicial. La información publicada no señala que Montero haya sido imputada en esta causa.
La investigación tendrá que establecer si existe alguna responsabilidad penal individual y, en su caso, qué hechos concretos podrían sustentarla.
Pedraz amplía seis meses la investigación
La complejidad de la causa ha obligado al juez a ampliar el plazo de instrucción.
Pedraz prorrogó en noviembre la investigación durante seis meses más, debido al elevado número de diligencias pendientes y a las declaraciones que todavía deben practicarse.
Según la información publicada, podrían quedar pendientes más de un centenar de declaraciones.
La decisión demuestra que el procedimiento está lejos de haber llegado a su conclusión.
En otras palabras: la hipótesis de financiación ilegal todavía está en fase de investigación y deberá ser acreditada o descartada mediante pruebas.
La trama SEPI se conecta con otras investigaciones sobre el PSOE
La causa no se desarrolla de manera completamente aislada.
El mismo procedimiento de Pedraz investiga también una supuesta estructura destinada a boicotear o desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
Esta conexión convierte la causa en uno de los frentes judiciales más delicados para el socialismo.
Además, existe otra investigación separada, dirigida por el juez Ismael Moreno, centrada específicamente en las sospechas de financiación irregular del PSOE vinculadas a adjudicaciones de obra pública y a personas como José Luis Ábalos y Koldo García. Libertad Digital informó recientemente de que esta investigación continúa abierta y que la posible imputación del PSOE como persona jurídica podría retrasarse hasta después de Navidad debido a su complejidad.
Por tanto, no existe una única causa sobre financiación del PSOE, sino distintas investigaciones judiciales con ámbitos y protagonistas que pueden presentar conexiones, pero que deben mantenerse jurídicamente diferenciadas.
La UCO también investiga las cuentas del PSOE
El frente económico se ha intensificado en paralelo.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado documentación al Tribunal de Cuentas dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en las donaciones del PSOE. Los agentes acudieron al organismo para reclamar información relacionada con las cuentas analizadas.
Este movimiento se suma a las pesquisas sobre contratos, facturas, cuentas bancarias y posibles circuitos de financiación.
El objetivo final de los investigadores es reconstruir el origen, recorrido y destino del dinero.
Esa trazabilidad será decisiva para determinar si las sospechas terminan convirtiéndose en acusaciones concretas o si algunas de las hipótesis iniciales quedan descartadas.
La gran pregunta: ¿llegó dinero de la trama al PSOE?
La cuestión central de la investigación puede resumirse en una pregunta.
¿Alguna parte del dinero generado en las operaciones investigadas terminó financiando ilegalmente al PSOE?
A día de hoy, la respuesta judicial definitiva todavía no existe.
Lo que sí existe es una investigación abierta, con operaciones por más de 132,9 millones de euros, comisiones atribuidas superiores a 750 000 euros, numerosos investigados y una prórroga de la instrucción.
La eventual financiación ilegal del PSOE sería, por tanto, una de las derivadas más graves de un caso cuyo alcance todavía está por determinar.
Un nuevo frente judicial para Sánchez
El caso SEPI coloca nuevamente al entorno del Gobierno ante un problema político que va más allá de una investigación empresarial.
Si los investigadores encontraran pruebas que demostraran que dinero procedente de operaciones irregulares terminó en las cuentas o estructuras de financiación del PSOE, las consecuencias políticas serían extraordinarias.
Pero antes de llegar a ese escenario deben cumplirse varios pasos: identificar el origen del dinero, demostrar una eventual desviación, acreditar su destino y establecer quién tomó las decisiones.
La causa todavía está lejos de ese punto.
Lo que resulta indiscutible es que Pedraz mantiene abierta una investigación de enorme dimensión económica y política y que la hipótesis de una eventual financiación ilegal del PSOE ya forma parte de las líneas que los investigadores quieren esclarecer.
El caso SEPI añade así otro frente judicial al entorno de Pedro Sánchez justo cuando la UCO y otros órganos judiciales mantienen abiertas distintas pesquisas sobre presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, empresarios y financiación política.


