Un investigador del IVIE sostiene que el sistema arrastra desequilibrios desde 2012 y cuestiona las reformas aprobadas desde 2021.
El debate de las pensiones vuelve al primer plano con un aviso incómodo para la política española. Mientras el Gobierno ha defendido en los últimos años que sus cambios mejoraban la sostenibilidad del sistema, un experto que participó en el diseño del factor de sostenibilidad de 2013 sostiene justo lo contrario: que el problema de fondo sigue intacto y que nadie quiere afrontar una reforma de verdad.
Según explica Enrique Devesa Carpio, profesor de la Universitat de València, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y especialista en pensiones públicas, el sistema español acumula números rojos desde 2012 y continuará así durante años. A su juicio, las medidas impulsadas entre 2021 y 2025 han sido un “trampantojo”: aparentan mejoría, pero no corrigen el desequilibrio estructural entre ingresos y gasto.
Déficit pensiones: por qué el sistema sigue en rojo
La idea central del análisis de Devesa es clara. Si por sostenibilidad se entiende simplemente que el Estado pagará las prestaciones, el sistema puede seguir funcionando, pero a costa de dedicar menos recursos a otras áreas del bienestar. Si, en cambio, se habla de sostenibilidad financiera, el diagnóstico es mucho más severo: la Seguridad Social encadena déficit desde 2012 y no hay señales de corrección a corto plazo.
El experto añade una segunda dimensión menos conocida, la llamada sostenibilidad actuarial. En términos comparables, sostiene que los jubilados reciben de media un 60 % más de lo que aportan durante su vida laboral. Ese dato, según su valoración, apunta a un desequilibrio estructural del sistema público de pensiones.
La conclusión es políticamente delicada. Durante años, el discurso dominante ha evitado hablar con claridad del desfase entre cotizaciones y prestaciones. Sin embargo, el problema no desaparece por negarlo: solo se traslada a más deuda, más impuestos o menos margen para otras políticas públicas.
El aviso sobre las reformas desde 2021
Devesa considera que las reformas aplicadas desde 2021 se han centrado casi exclusivamente en reforzar los ingresos, sin entrar en el núcleo del gasto. A su juicio, ese enfoque es frágil porque las cotizaciones dependen de variables inciertas, como el empleo, los salarios, la productividad o el crecimiento del PIB.
En cambio, sostiene que la evolución futura del gasto es más previsible, ya que la Seguridad Social dispone de información detallada sobre carreras de cotización, edades probables de jubilación y pensiones esperadas. Por eso advierte de que no basta con confiar en recaudar más y que también habría que evitar que el gasto siga creciendo al ritmo previsto.
Su crítica afecta de lleno a la línea seguida por el Ejecutivo: revalorizar con el IPC, elevar cotizaciones y activar mecanismos adicionales sin alterar los elementos más sensibles del sistema. Para el economista, esa estrategia puede ser útil a corto plazo en términos políticos, pero no resuelve el fondo del problema.
Baby boom, más esperanza de vida y un agujero mayor
Uno de los puntos más sensibles es la jubilación de la generación del baby boom. Devesa anticipa que tendrá un impacto notable sobre el gasto en pensiones, junto con el aumento de la esperanza de vida. Según su estimación, el alza del gasto en 2050 podría situarse entre 2 y 4 puntos del PIB.
Traducido a dinero, esa presión adicional llevaría en 2050 a un déficit de entre 45 000 y 75 000 millones de euros de 2026, según expone. Son cifras que explican por qué el debate ya no puede despacharse con mensajes tranquilizadores o con promesas electorales de corto alcance.
Además, recuerda que el actual déficit contributivo ronda los 30 000 millones de euros, y matiza que esa cifra ni siquiera incluye las pensiones de clases pasivas, las no contributivas o el complemento a mínimos. Es decir, el esfuerzo real del sistema es todavía más amplio.
Ni la inmigración basta para cerrar el desfase
En los últimos años, una de las ideas más repetidas ha sido que la llegada de trabajadores extranjeros aliviaría la presión sobre las cuentas. Devesa admite que la inmigración puede ayudar a frenar el deterioro en una primera fase, pero subraya que esos nuevos cotizantes también generan derechos futuros.
No solo a pensiones de jubilación, sino también a prestaciones de incapacidad, viudedad, orfandad o desempleo. Por eso insiste en que ni siquiera con la entrada de inmigrantes registrada en los últimos años se ha logrado reducir el déficit contributivo.
El mensaje es relevante porque desmonta una de las salidas fáciles del debate público. Incorporar cotizantes puede aliviar temporalmente la tensión, pero no sustituye una revisión estructural de un sistema que, según este experto, sigue siendo muy generoso en comparación con lo aportado.
¿Tendrán que jubilarse más tarde los jóvenes?
La respuesta del profesor de la Universitat de València es directa: lo más probable es que sí. Su argumento es doble. Por un lado, la esperanza de vida seguirá creciendo. Por otro, retrasar la edad de jubilación es uno de los mecanismos más eficaces para mejorar la sostenibilidad financiera.
También aporta ejemplos concretos sobre los incentivos actuales a la jubilación demorada. Explica que existe una bonificación del 4 % por cada año de retraso y que, a partir del segundo año, se añade un 2 % por semestre. Otra opción es cobrar una cantidad única, que puede superar los 13 000 euros por año de demora en el caso de quienes alcanzan la pensión máxima.
Frente a eso, advierte de que la jubilación anticipada presenta coeficientes reductores que, en su opinión, generan situaciones poco equitativas. Pone como ejemplo que una persona con 35 años cotizados que adelante 24 meses su retiro sufre una reducción del 21 %, mientras que si anticipa 12 meses la rebaja es del 5,5 %. Para el experto, esa diferencia evidencia falta de proporcionalidad.
IPC, pensiones máximas y coste político
Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, Devesa reconoce que es una decisión políticamente comprensible, especialmente para quienes dependen solo de esa renta. Pero avisa de que la sociedad debe conocer el coste de esa decisión y el efecto que tiene sobre otras partidas públicas.
Plantea además una cuestión especialmente sensible: si en los años de mayor déficit debería analizarse una revalorización distinta para las pensiones más altas, de manera temporal, hasta que mejorara la situación financiera del sistema. No propone eliminar derechos, sino estudiar fórmulas que limiten el deterioro de las cuentas sin dejar de proteger a los pensionistas más vulnerables.
Es un debate que la política suele evitar por su alto coste electoral. Pero precisamente ahí reside el núcleo del problema: cuando ningún gran partido quiere asumir desgaste, las decisiones se posponen y el ajuste acaba siendo más duro para las generaciones futuras.
La “hucha” y el MEI, bajo sospecha
Devesa también carga contra la presentación oficial del Fondo de Reserva, la conocida “hucha de las pensiones”. A su juicio, alimentar ese fondo con una cotización adicional como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) resulta contradictorio cuando el sistema ya sufre un déficit contributivo de unos 30 000 millones.
Su crítica es simple: si faltan recursos para pagar las prestaciones actuales, desviar parte de las cotizaciones a un fondo de ahorro ofrece una imagen de fortaleza que no se corresponde con la situación real. Por eso vuelve a hablar de “trampantojo”.
También cuestiona el propio nombre del mecanismo. Según explica, lo pagan todos los cotizantes, pero su carga recaerá durante más tiempo sobre los más jóvenes, sin que eso implique automáticamente una mejora futura de sus pensiones.
Planes de pensiones y ahorro privado: el otro gran debate
El investigador no limita su análisis al sistema público. Recuerda que, según datos de Inverco del tercer trimestre de 2026, los planes de pensiones en España gestionaban alrededor de 144 000 millones de euros y sumaban casi 10,5 millones de cuentas de partícipes.
Con todo, matiza que no todos los productos son igual de eficientes y defiende una idea de prudencia financiera: diversificar las fuentes de ingresos futuros. En otras palabras, no confiar solo en la pensión pública. A su juicio, lo esencial no es tanto el vehículo elegido como la capacidad de ahorrar, aunque sea poco y de manera constante.
También critica la última reforma fiscal de los planes de pensiones, que redujo la deducción libre de 8 000 a 1 500 euros anuales. Según su valoración, el resultado ha sido decepcionante porque las aportaciones han disminuido. Por eso considera que sería más razonable ampliar la base de personas que puedan utilizar este instrumento en lugar de restringirlo.
Una reforma estructural que nadie quiere asumir
Más allá de las cifras, la advertencia principal de Devesa apunta a la falta de voluntad política. Ve muy difícil que los grandes partidos españoles alcancen un acuerdo para una reforma estructural del sistema, que es, en su opinión, lo que realmente se necesita. Sí contempla cambios menores o parciales, pero cree que no resolverán casi nada.
Ese diagnóstico encaja con una realidad conocida: en España, las pensiones son uno de los asuntos más sensibles electoralmente. Precisamente por eso cualquier corrección de fondo suele aplazarse. El problema es que el tiempo no juega a favor de las cuentas públicas.
El debate sobre el déficit pensiones ya no admite consignas vacías. Según los datos y valoraciones expuestos por este experto del IVIE, España afronta un sistema con desequilibrios persistentes, reformas insuficientes y una presión demográfica que irá a más. La cuestión de fondo es si la política seguirá mirando hacia otro lado o si asumirá, de una vez, el coste de decir la verdad a los ciudadanos.


