La fiscal general planteó extender la distinción de San Raimundo de Peñafort a su antecesor, condenado por revelación de secretos. La iniciativa fue reconsiderada después de que vocales de la Asociación de Fiscales pidieran someterla al Consejo Fiscal.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, planteó el pasado mes de julio proponer al Ministerio de Justicia una condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort para Álvaro García Ortiz, su antecesor al frente del Ministerio Público, pese a que este había sido condenado meses antes por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
La iniciativa finalmente no salió adelante. Peramato reconsideró su planteamiento después de que los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, formularan objeciones y reclamaran que la propuesta fuese sometida formalmente a la consideración del Consejo Fiscal.
El episodio añade tensión a las relaciones institucionales en vísperas de la apertura del año judicial, donde Peramato interviene este jueves para presentar la memoria anual de la Fiscalía.
Peramato planteó condecorar a García Ortiz siete meses después de su condena
La propuesta surgió durante la reunión del Consejo Fiscal del 6 de julio.
En los momentos finales del encuentro se recordó que estaba pendiente solicitar al Ministerio de Justicia la concesión de la correspondiente distinción de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los nueve vocales electivos del anterior Consejo Fiscal, renovado después de las elecciones celebradas el 20 de mayo.
Fue entonces cuando, según la información publicada, Peramato manifestó su intención de extender la propuesta a los tres integrantes natos del anterior Consejo: Álvaro García Ortiz, que lo presidía como fiscal general; la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde; y la entonces fiscal inspectora María Antonia Sanz.
La decisión suponía modificar la práctica institucional seguida hasta ahora. Tradicionalmente, la propuesta de distinción vinculada a la finalización del mandato se dirige a los nueve vocales elegidos por la carrera fiscal, no automáticamente a los miembros natos por el mero hecho de formar parte del Consejo.
El caso de García Ortiz introducía, además, una circunstancia excepcional: había sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La condena de García Ortiz convirtió la propuesta en una cuestión especialmente sensible
El Tribunal Supremo condenó en noviembre de 2025 al anterior fiscal general por un delito de revelación de secretos, imponiéndole una pena de inhabilitación.
La condena está recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que García Ortiz continúa ejerciendo las vías legales disponibles para impugnar la sentencia. La resolución del Supremo, no obstante, produjo su salida de la Fiscalía General y forma parte del contexto imprescindible para entender la polémica sobre la condecoración.
La causa estaba relacionada con la divulgación de información confidencial vinculada a Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La propuesta de reconocer posteriormente al exfiscal general con una distinción vinculada al mérito profesional provocó las objeciones de los representantes de la Asociación de Fiscales.
La Asociación de Fiscales frenó la iniciativa
Los vocales de la AF remitieron un escrito a Peramato después de conocer su planteamiento.
No se limitaron a mostrar su desacuerdo. Solicitaron formalmente que la eventual condecoración de los miembros natos fuese incluida en una reunión posterior para que pudiera ser informada por el pleno del Consejo Fiscal.
Los fiscales recordaron que las recompensas honoríficas dentro de la carrera se conceden por razón de la «excelencia de su actuar profesional» en el ámbito del Derecho y la Justicia.
También invocaron las limitaciones existentes para proponer recompensas a fiscales sancionados disciplinariamente durante los dos años anteriores mientras la anotación correspondiente continúe en su expediente.
En este caso, la situación de García Ortiz no deriva de una sanción disciplinaria ordinaria, sino de una condena penal dictada por el Tribunal Supremo en relación con actuaciones realizadas mientras ejercía como fiscal general.
La cuestión planteaba así una evidente controversia sobre la oportunidad institucional de concederle la distinción.
Peramato finalmente da marcha atrás
La propuesta no llegó a incorporarse posteriormente al orden del día del Consejo Fiscal.
Según fuentes de la Fiscalía citadas en la información publicada, Peramato decidió reconsiderarla y retirarla después de atender los argumentos expuestos por los vocales de la Asociación de Fiscales.
García Ortiz, por tanto, no será propuesto en estas circunstancias para recibir la condecoración inicialmente planteada.
El episodio resulta políticamente relevante porque Peramato ha mantenido una posición crítica con algunos aspectos de la causa que terminó con la condena de su antecesor.
La Fiscalía cuestionó ante Bruselas aspectos de la condena
La controversia no termina con la condecoración.
La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado remitió información a la Comisión Europea durante la preparación del capítulo español del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026.
En esa comunicación, según la documentación publicada, la Fiscalía habló de supuestas «irregularidades» relacionadas con la condena de García Ortiz y de una percepción de influencia política y falta de independencia del Tribunal Supremo.
Esas afirmaciones han provocado, según fuentes judiciales, malestar dentro del Tribunal Supremo y especialmente en su Sala Penal.
Conviene diferenciar nuevamente los hechos de las valoraciones: la Fiscalía cuestionó aspectos del procedimiento y la sentencia, mientras que esos cuestionamientos no fueron incorporados como conclusión por la Comisión Europea.
Bruselas no asumió las críticas contra el Supremo
El informe europeo adoptó una formulación mucho más descriptiva.
La Comisión Europea se limitó a recoger que el anterior fiscal general había renunciado después de una sentencia del Tribunal Supremo que lo declaró culpable de revelación de secretos y que Teresa Peramato fue nombrada nueva fiscal general el 9 de diciembre de 2025.
También señaló que tanto el Ministerio Fiscal como García Ortiz habían recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional.
Por tanto, la Comisión no convirtió las críticas trasladadas desde la Fiscalía española en una conclusión propia sobre una supuesta falta de independencia del Supremo.
Esta diferencia resulta particularmente relevante ante la tensión institucional que rodea el comienzo del nuevo año judicial.
La apertura del año judicial llega marcada por la tensión institucional
Peramato participa este jueves en el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey.
Como fiscal general, le corresponde presentar la memoria del Ministerio Público y abordar la evolución de la criminalidad, la actuación de la Fiscalía y las reformas que considere necesarias.
La ceremonia llega en un momento de elevada tensión entre sectores del Poder Judicial y el Gobierno.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ya ha intervenido públicamente en varias ocasiones para reclamar respeto hacia la independencia de jueces y magistrados.
En diciembre de 2024 respondió a las críticas políticas recordando que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, pero rechazando que se atribuyan de manera generalizada motivaciones políticas a los jueces.
El caso García Ortiz sigue proyectándose sobre la Fiscalía
La controversia sobre la condecoración revela hasta qué punto el caso del anterior fiscal general continúa condicionando al Ministerio Público.
Peramato tenía capacidad para defender jurídicamente la posición de la Fiscalía frente a la sentencia y García Ortiz conserva plenamente su derecho a recurrirla. Pero proponer una recompensa honorífica vinculada a la excelencia profesional para quien había sido condenado penalmente meses antes planteaba una cuestión institucional diferente.
La reacción de la Asociación de Fiscales consiguió que esa iniciativa fuese reconsiderada antes de materializarse.
El episodio deja además una pregunta sobre los criterios que deben regir las distinciones dentro de instituciones tan sensibles como la Fiscalía: hasta dónde puede llegar el reconocimiento corporativo cuando existe de por medio una condena penal vinculada precisamente al ejercicio del cargo.
Peramato ha optado finalmente por retirar la propuesta. Pero la polémica sobre Álvaro García Ortiz, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo está lejos de desaparecer con ella.
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