El sector carga contra el plan 2026-2030 del Gobierno: poco dinero, exceso de burocracia y un cuello de botella en el suelo.
La vivienda vuelve a retratar uno de los grandes fracasos estructurales de la política española. En el salón inmobiliario Simed, varios de los principales directivos del sector promotor coincidieron en un diagnóstico demoledor: el nuevo Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno hasta 2030 nace con recursos insuficientes y sin atacar el problema de fondo, que no es otro que la falta de suelo finalista, la lentitud administrativa y una presión fiscal que, según el sector, termina disparando el precio final para el comprador.
Durante el encuentro, celebrado ante un auditorio lleno y recogido por Idealista News, los ponentes cuestionaron tanto la cuantía del plan como su capacidad real para aumentar la oferta de vivienda asequible en España. La crítica fue compartida por responsables de compañías como Culmia, Neinor Homes, Lagoom Living, Urbania, LandCo y Naiz Homes, que reclamaron reformas de calado en urbanismo, financiación y seguridad jurídica.
El Plan de Vivienda, muy por debajo de lo que reclama el sector
La objeción principal contra el nuevo Plan de Vivienda se centró en el presupuesto. Según explicó Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, el programa estatal prevé 7 000 millones de euros para cinco años, una cifra que considera claramente insuficiente para responder a la magnitud del problema. Su cálculo fue mucho más ambicioso: harían falta al menos 8 000 millones al año, es decir, unos 40 000 millones en total.
La diferencia no es menor. Si se toma como referencia esa estimación del sector, el nuevo plan estaría movilizando una cantidad casi seis veces inferior a la que, a juicio de los promotores, exigiría una intervención seria sobre el mercado residencial. El mensaje de fondo es claro: con una oferta tan limitada y un déficit de producción acumulado, el gasto anunciado por el Ejecutivo corre el riesgo de quedar en una operación más política que efectiva.
En la misma línea, Gabriel Sánchez, director general de Negocio de Neinor Homes, puso el foco en un aspecto muy concreto: las partidas destinadas a la urbanización vinculada a la vivienda protegida. Según expuso, el plan contempla 8 000 euros por vivienda protegida para el desarrollo de urbanizaciones, una cantidad que calificó de insuficiente porque no resuelve el atasco principal: la escasez de suelo preparado para construir.
El verdadero cuello de botella no es la demanda, sino la oferta
Uno de los mensajes más repetidos en Simed fue que el problema de la vivienda en España es, ante todo, un problema de oferta. Es decir, no basta con anunciar ayudas o subvenciones si no se incrementa el número de viviendas que realmente pueden ponerse en el mercado en plazos razonables.
Javier Braza, consejero delegado de Lagoom Living, describió el nuevo Plan de Vivienda como un “mero aperitivo”, según recogió Idealista News. A su juicio, el fallo no es coyuntural, sino estructural, y viene de lejos. También criticó la gestión de los Fondos Next Generation, al sostener que han estado “en barbecho durante años”. Su advertencia apunta a una idea cada vez más extendida en el sector: no solo falta dinero, sino también capacidad política y administrativa para convertirlo en viviendas reales.
Ese diagnóstico conecta con otra de las denuncias más repetidas por los ponentes: España arrastra un sistema urbanístico tan lento y enredado que convierte cualquier desarrollo en una carrera de obstáculos. El resultado, según el sector, es menos inversión, menos oferta y precios más altos.
Suelo, plazos y burocracia: el tapón que bloquea la vivienda
Para Tomás Gasset, consejero delegado de Urbania, el problema no radica en la inexistencia de suelo, sino en la dificultad para transformarlo en suelo finalista, es decir, en terreno listo para edificar. Definió el proceso como complejo, tedioso e incierto, una combinación que, en su opinión, termina espantando la inversión.
Su crítica fue más allá y alcanzó incluso al marco europeo. Gasset atribuyó parte del bloqueo a una directiva de la Unión Europea que, según explicó, considera el desarrollo de suelo como una actividad “especulativa”, lo que deja al sector sin acceso normalizado a financiación bancaria. La pregunta que planteó en el foro resume bien la queja del sector: qué industria puede crecer sin financiación bancaria.
Por su parte, Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo, situó el debate en tres condiciones básicas que exige cualquier inversor: seguridad jurídica, certidumbre en los plazos y rentabilidad. Sobre la primera, reclamó una reforma profunda de la Ley del Suelo para evitar que una impugnación pueda tumbar un planeamiento que ha tardado una década en salir adelante.
En cuanto a los tiempos, Quemada expuso uno de los datos más reveladores del encuentro: un desarrollo urbanístico puede tardar entre un año y 25 años porque intervienen tres administraciones y múltiples departamentos. Esa dispersión administrativa explica por qué buena parte del sector reclama un mando único capaz de coordinar expedientes, acortar trámites y ofrecer un interlocutor claro.
A esa visión se sumó Enaut Saiz, consejero delegado de Naiz Homes, al recordar que en España se habla de una media de 12 años de planificación y 15 años de gestión urbanística. Su conclusión fue directa: más que prometer suelo sobre el papel, lo urgente es agilizar plazos y reducir requerimientos administrativos.
La fiscalidad también entra en el debate del precio de la vivienda
Otro de los puntos centrales del encuentro fue la carga tributaria asociada a la promoción y venta de vivienda. Según recordó el directivo de Neinor Homes, en torno al 26 % del coste de una vivienda corresponde a impuestos. Ese dato, citado durante el debate, refuerza una de las tesis defendidas por el sector: el precio final no depende solo del coste del suelo o de la construcción, sino también de una estructura fiscal elevada que acaba repercutiendo en familias y compradores.
Sobre esta cuestión intervino además Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos y moderador del encuentro, que definió la vivienda como “la gallina de los huevos de oro” por su peso recaudatorio y su importancia en la economía. La expresión resume una crítica clásica del sector inmobiliario: el Estado obtiene una fuerte recaudación de la vivienda, pero no siempre devuelve esa presión fiscal en forma de más oferta, más agilidad o más seguridad jurídica.
Las soluciones que plantean las grandes promotoras
Lejos de limitarse a la queja, los ponentes reunidos en Simed plantearon un paquete de propuestas para desbloquear el mercado residencial. Las medidas se ordenan en torno a varios ejes:
- Más seguridad jurídica para evitar que los desarrollos se paralicen durante años.
- Reducción de plazos administrativos en planeamiento, urbanización y licencias.
- Financiación pública orientada a urbanizar suelo, no solo a subvencionar demanda.
- Legislación estable en lugar de cambios continuos por decreto.
- Menos trabas regulatorias que encarecen y retrasan la construcción.
Francisco Pérez, de Culmia, propuso que comunidades autónomas y ayuntamientos declaren sectores prioritarios y establezcan un plazo máximo para acelerar la aprobación del planeamiento. Su objetivo sería que en dos años esté aprobado todo el marco necesario para empezar a urbanizar y solicitar licencias de forma simultánea.
Incluso abrió la puerta a elevar el porcentaje de vivienda protegida si eso permite desbloquear proyectos. Según su planteamiento, si en lugar de un 30 % hubiera que llegar al 40 % o 50 %, debería hacerse siempre que se agilicen los desarrollos. La clave, en su opinión, es asumir que la situación exige medidas excepcionales.
Desde Neinor Homes, Gabriel Sánchez reclamó que el dinero público se dirija a sufragar obras de urbanización que permitan activar suelo y poner nuevas promociones en marcha. También pidió aplicar “de verdad” la simultaneidad entre urbanización y edificación, una fórmula que el sector considera esencial para recortar tiempos.
Por su parte, Javier Braza defendió una idea de fondo con carga política evidente: la vivienda no puede seguir gobernándose a base de decretos si se quiere una estrategia estable. A su juicio, las soluciones existen y llevan tiempo encima de la mesa, pero falta voluntad para ejecutarlas.
Calidad, normativa y costes: otro factor que presiona al alza
El debate también abordó el impacto de las exigencias técnicas sobre el precio final. Gabriel Sánchez señaló que la nueva edificación debe cumplir altos estándares de calidad, un objetivo positivo en sí mismo, pero que puede encarecer la vivienda entre un 5 % y un 10 %.
Ese dato añade otra capa al diagnóstico del sector. No se trata de cuestionar la calidad constructiva, sino de recordar que cada nueva exigencia normativa tiene un efecto económico. Si a ello se suman los retrasos urbanísticos, la falta de suelo finalista, la fiscalidad y la inseguridad regulatoria, el resultado es una vivienda cada vez más difícil de producir a precios asumibles.
Un Plan de Vivienda bajo sospecha antes de echar a andar
El mensaje que sale de Simed es incómodo para el Gobierno: el nuevo Plan de Vivienda llega rodeado de dudas precisamente entre quienes tienen que levantar buena parte de las casas que España necesita. El sector no discute solo la cuantía económica. Discute, sobre todo, el enfoque.
Según los promotores citados por Idealista News, el problema español no se resolverá únicamente con anuncios presupuestarios si no se afrontan las reformas que afectan al suelo, los plazos, la financiación y la seguridad jurídica. Y ahí es donde se concentra la crítica más dura: mientras la política siga priorizando el titular sobre la ejecución, la escasez de vivienda seguirá golpeando a compradores, jóvenes y familias.
El debate de fondo ya está sobre la mesa. Si el Plan de Vivienda no aumenta de verdad la oferta y no desbloquea el suelo, su efecto puede quedar muy por debajo de lo prometido. Y eso, en plena crisis de acceso a la vivienda, tendría un coste económico y social que España difícilmente puede permitirse.


