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    Inicio»Política»PSOE, Colau y Podemos plantean nuevos impuestos a herencias y viviendas
    Política

    PSOE, Colau y Podemos plantean nuevos impuestos a herencias y viviendas

    noviembre 19, 2026No hay comentarios17 minutos
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    Los programas del 29N incluyen gravámenes sobre el patrimonio inmobiliario, las sucesiones y el ahorro, además de cambios en el IRPF y las cotizaciones.

    Recibir una herencia, comprar una segunda vivienda, alquilar un piso o ahorrar para la jubilación puede convertirse en el centro de una nueva batalla fiscal. Los programas electorales del PSOE, Frente Amplio y Podemos plantean cambios que van mucho más allá de elevar los impuestos a las grandes fortunas: incluyen nuevos gravámenes sobre inmuebles, sucesiones, operaciones financieras, empresas y determinados consumos.

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    Las propuestas llegan a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre y dibujan tres modelos de intervención fiscal con diferentes intensidades. El PSOE apuesta por elevar la tributación de determinadas rentas del capital y gravar ciertos activos inmobiliarios y actividades consideradas de lujo. Frente Amplio, liderado por Ada Colau, propone una reforma mucho más extensa, con nuevos impuestos sobre las herencias, la propiedad inmobiliaria y las compras de viviendas. Podemos incorpora también subidas fiscales y un sistema de tributación relacionado con la huella de carbono individual.

    La cuestión central no es únicamente cuánto pretenden recaudar estas formaciones, sino qué efectos podrían tener sus medidas sobre propietarios, ahorradores, herederos, empresas y trabajadores. Los programas presentan los nuevos gravámenes como instrumentos de redistribución y financiación de políticas públicas. Sus consecuencias económicas, sin embargo, dependerán de cómo se redacten las leyes, de sus excepciones y de la respuesta de los contribuyentes.

    Los impuestos que propone la izquierda para las elecciones del 29N

    Los tres programas coinciden en una orientación general: aumentar la contribución fiscal de los patrimonios elevados, modificar la tributación de las rentas del capital y utilizar nuevos impuestos para intervenir en el mercado inmobiliario y financiar políticas públicas.

    No obstante, existen diferencias relevantes:

    • PSOE: plantea elevar la tributación de las rentas del capital más altas, reforzar determinados impuestos financieros y crear gravámenes sobre viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión.
    • Frente Amplio: propone nuevos impuestos sobre grandes herencias, patrimonio inmobiliario, adquisición de viviendas y grandes fortunas, además de modificar el régimen fiscal de las sociedades inmobiliarias.
    • Podemos: plantea elevar la tributación de determinadas empresas y rentas, eliminar beneficios fiscales y desarrollar un sistema de fiscalidad personal vinculado a las emisiones de carbono.

    Conviene precisar que estas medidas forman parte de programas electorales. Ninguna de ellas se convierte automáticamente en ley por aparecer en un documento de campaña. Para aplicarlas sería necesario aprobar las correspondientes normas y, en los casos que proceda, superar su tramitación parlamentaria.

    El PSOE quiere elevar los impuestos al ahorro y a las rentas del capital

    El programa de Pedro Sánchez presenta sus propuestas bajo el concepto de «fiscalidad justa». Una de las medidas más concretas afecta a los rendimientos del capital, es decir, a ingresos procedentes de inversiones, dividendos, intereses y otros activos financieros.

    El PSOE plantea mantener los dos primeros tramos actuales de la escala del ahorro:

    • 19 % para los primeros 6 000 euros.
    • 21 % para el tramo comprendido entre 6 000 y 50 000 euros.

    A partir de esas cantidades, propone incrementar progresivamente la tributación hasta alcanzar un tipo máximo del 35 % para las rentas del capital superiores a 300 000 euros.

    La medida se dirige a los contribuyentes con mayores ingresos procedentes del ahorro y la inversión. Su aplicación supondría modificar la escala vigente y elevar la carga fiscal de los tramos superiores.

    El programa también plantea reforzar la denominada tasa Tobin, el impuesto sobre determinadas adquisiciones de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1 000 millones de euros. La propuesta socialista consiste en elevar el tipo del 0,2 % al 0,4 %.

    Además, el PSOE pretende impulsar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y aumentar la tributación de las grandes empresas tecnológicas, complementando la actual tasa sobre determinados servicios digitales.

    Jets privados, yates y viajes de lujo

    Otra de las medidas socialistas se dirige a los consumos que el programa considera de alto impacto ambiental y asociados a las rentas más elevadas.

    La propuesta incluye gravar:

    • Los vuelos privados.
    • Los grandes yates y embarcaciones de recreo, mediante los amarres en puertos deportivos.
    • Determinados billetes de clase business con salida desde España.

    El PSOE sostiene que la medida se concentraría en los consumos de lujo y dejaría fuera el transporte comercial ordinario del resto de la población.

    El programa también propone elevar la tributación de determinadas empresas cotizadas cuando la diferencia entre la remuneración total de su máximo ejecutivo y la mediana salarial de su plantilla supere una ratio de 100 a 1, con un tramo superior a partir de 200 a 1.

    Viviendas vacías, fondos de inversión y alquiler turístico: el nuevo impuesto del PSOE

    El mercado inmobiliario es otro de los principales objetivos de las propuestas fiscales socialistas.

    El programa plantea crear un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible. Entre los inmuebles que podrían quedar afectados figuran viviendas vacías, pisos turísticos y propiedades alquiladas a precios que el programa considere abusivos.

    La formación también pretende establecer un marco estatal que permita a los ayuntamientos aplicar recargos sobre las estancias turísticas, respetando los tributos autonómicos que ya existan.

    A ello se suma un impuesto sobre los solares residenciales ociosos, con el objetivo declarado de movilizar suelo para construir nuevas viviendas.

    El planteamiento abre un debate económico relevante: gravar una vivienda vacía puede incentivar que su propietario la incorpore al mercado, pero el efecto dependerá de la definición de vivienda desocupada, las excepciones y la cuantía del impuesto. También será importante determinar si la medida genera más oferta residencial o si acaba trasladando costes a otras decisiones de inversión.

    El PSOE plantea asimismo acelerar el despliegue de la cuota de solidaridad, que aumenta las cotizaciones de los salarios más elevados por encima de la base máxima ordinaria, hasta completar su aplicación durante la próxima legislatura.

    Frente Amplio propone un impuesto estatal a las grandes herencias

    El programa de Frente Amplio, la coalición encabezada por Ada Colau, contiene algunas de las propuestas más contundentes en materia de sucesiones y patrimonio.

    La formación plantea crear un impuesto estatal sobre las grandes herencias superiores a un millón de euros netos por beneficiario. El nuevo gravamen sería complementario al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que gestionan actualmente las comunidades autónomas.

    La propuesta establece una tarifa progresiva con un tipo marginal máximo del 34 %. El programa contempla deducir el impuesto autonómico efectivamente satisfecho y mantener determinadas reducciones legales, entre ellas las relacionadas con parentesco, discapacidad, transmisión de empresas y vivienda habitual.

    La recaudación correspondería al Estado, sin cesión a las comunidades autónomas. El objetivo declarado es establecer un suelo común de tributación en todo el territorio nacional.

    Pero la medida más llamativa es otra: limitar a diez millones de euros la herencia que puede recibir cada heredero.

    Para ello, Frente Amplio propone aplicar un tipo marginal del 100 % sobre la parte de la base imponible que supere esa cantidad. El programa contempla computar también las donaciones recibidas en vida y evitar que las bonificaciones autonómicas reduzcan ese gravamen. Incluye una excepción para una vivienda por heredero, con un máximo de cinco en el conjunto de la propuesta.

    La coalición justifica la iniciativa como una forma de limitar la concentración de riqueza y financiar políticas sociales de vivienda.

    La medida plantea, sin embargo, interrogantes sobre la transmisión de empresas familiares, la liquidez necesaria para pagar impuestos sobre bienes heredados y el tratamiento de patrimonios compuestos por inmuebles o participaciones empresariales difíciles de convertir rápidamente en dinero.

    Un impuesto del 10 % sobre determinados propietarios de viviendas

    El programa de Frente Amplio también propone un nuevo gravamen sobre la propiedad inmobiliaria.

    La iniciativa consiste en aplicar un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos con dos umbrales diferentes:

    • Las empresas quedarían afectadas desde el primer inmueble.
    • Los particulares entrarían en el ámbito del impuesto a partir de su cuarta vivienda, siempre que el valor conjunto de las propiedades superase los 800 000 euros.

    El programa contempla excepciones para las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable, así como determinados supuestos de participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor y circunstancias familiares acreditadas.

    La formación sostiene que el impuesto incentivaría a los propietarios a reducir los alquileres para evitar el gravamen.

    También propone una reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para hacerlo más progresivo y penalizar las propiedades de elevado valor catastral, los grandes tenedores corporativos y las viviendas vacías sin justificación.

    La cuestión práctica será determinar cómo se calcula el valor sujeto a tributación, qué inmuebles se consideran exentos y qué condiciones debe cumplir un alquiler para beneficiarse de la excepción. Sin esos detalles normativos, no es posible calcular el impacto real sobre cada propietario.

    Comprar una segunda o tercera vivienda sería más caro según Frente Amplio

    Las propuestas inmobiliarias de la coalición no se limitan a la tenencia de viviendas. También incluyen nuevos gravámenes para las operaciones de compra.

    Frente Amplio plantea un recargo estatal del 100 % sobre la tributación aplicable a la compra de viviendas que no vayan a constituir residencia habitual.

    Además, propone elevar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) con recargos del:

    • 200 % en la adquisición de una segunda propiedad.
    • 1 000 % a partir de la tercera vivienda.

    El programa contempla que estas medidas afecten a las adquisiciones no destinadas a uso habitual, incluidas determinadas operaciones realizadas por compradores no residentes.

    La propuesta se suma al impuesto del 10 % sobre la propiedad inmobiliaria y al gravamen estatal sobre grandes herencias. Por tanto, el impacto potencial no se limita a un único momento: podría afectar a la compra, la tenencia y la transmisión de determinados inmuebles.

    En cualquier caso, los recargos anunciados son propuestas electorales y no deben confundirse con los tipos que se aplican actualmente en las comunidades autónomas.

    SOCIMI, empresas y alquiler: más presión fiscal sobre el sector inmobiliario

    Frente Amplio también pretende modificar el régimen fiscal de las SOCIMI, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria utilizadas para gestionar carteras de inmuebles destinados, entre otras actividades, al arrendamiento.

    La coalición plantea eliminar el régimen fiscal especial de estas sociedades y el de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, para que pasen a tributar por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, con un tipo mínimo efectivo del 20 % para los grandes grupos.

    La propuesta incluye retirar determinados beneficios fiscales vinculados al tratamiento de los beneficios empresariales, los dividendos y el IVA.

    Otro gravamen se dirigiría a las empresas privadas con una media anual de 50 o más trabajadores durante cinco años consecutivos. El programa establece una contribución obligatoria del 0,45 % sobre la masa salarial bruta del ejercicio anterior para financiar vivienda pública de alquiler asequible.

    Frente Amplio calcula que esta medida permitiría recaudar alrededor de 1 000 millones de euros anuales y promover unas 10 000 viviendas al año. Se trata de estimaciones de la propia formación, no de resultados garantizados ni de una evaluación independiente del coste empresarial y del impacto sobre el empleo.

    Grandes fortunas: la tasa Zucman y el patrimonio superior a un millón

    La reforma fiscal de Frente Amplio incluye también cambios en los impuestos sobre el patrimonio.

    La coalición quiere reducir de tres millones a un millón de euros el umbral a partir del cual operaría el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, manteniendo el mínimo exento previsto en su propuesta.

    El programa plantea garantizar una tributación mínima del 2 % para los patrimonios afectados y elevar los tipos de la escala actual.

    A ello se suma la denominada tasa Zucman, un impuesto estatal, permanente y finalista del 3 % anual sobre el patrimonio neto individual superior a 50 millones de euros.

    La propuesta no contempla exenciones para la empresa familiar ni bonificaciones autonómicas y añade una cláusula para mantener la obligación tributaria durante cinco años después de determinados cambios de residencia al extranjero.

    El programa también propone elevar al 20 % el tipo mínimo efectivo del Impuesto sobre Sociedades para grandes grupos, limitar la compensación de pérdidas empresariales y modificar las deducciones fiscales.

    IRPF: Frente Amplio quiere elevar los tipos marginales hasta el 52 %

    En el impuesto sobre la renta, Frente Amplio plantea equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital a la de las rentas del trabajo.

    La coalición propone elevar los tipos marginales del IRPF hasta el 52 % para quienes superen los 300 000 euros anuales.

    También pretende eliminar el régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados a España, conocido como Ley Beckham, y suprimir las deducciones por aportaciones a planes de pensiones privados individuales.

    La formación plantea además eliminar la exención del IVA de la enseñanza privada y la exención del impuesto sobre las primas de seguros sanitarios privados.

    En el ámbito energético y de consumo, propone gravar el queroseno de los vuelos nacionales, equiparar la fiscalidad del diésel a la de otros combustibles fósiles y establecer impuestos sobre aviones privados, yates y vehículos de lujo.

    Podemos quiere gravar la huella de carbono personal

    El programa de Podemos, vinculado a Irene Montero, incorpora una propuesta que va más allá de los impuestos tradicionales sobre empresas y patrimonio: desarrollar un sistema de medición de la huella de carbono personal.

    La formación plantea utilizar ese indicador para establecer una fiscalidad progresiva sobre los consumos más contaminantes. Según su programa, el 90 % de la población con menor huella de carbono quedaría exento, mientras que el esfuerzo fiscal se concentraría en quienes generen mayores emisiones.

    La iniciativa contempla recargos sobre jets privados, grandes embarcaciones de recreo y vehículos de lujo, además de medidas para impedir que sus propietarios eviten la tributación mediante matriculaciones en el extranjero.

    El programa también propone un impuesto de entre el 7 % y el 15 % de los beneficios de las grandes empresas más contaminantes, con tipos progresivos en función de sus resultados y emisiones.

    La idea de medir la huella de carbono individual abre un debate sobre los criterios de cálculo, la información que necesitaría la Administración y las actividades que quedarían sujetas a tributación. El programa anuncia el sistema, pero su aplicación concreta dependería de un desarrollo normativo posterior.

    Podemos plantea elevar el Impuesto sobre Sociedades y modificar el IRPF

    En el ámbito empresarial, Podemos propone elevar el tipo efectivo mínimo general del Impuesto sobre Sociedades del 15 % al 19 %, calculado sobre los beneficios reales.

    Para las empresas que operen en sectores considerados oligopolísticos, plantea un tipo efectivo mínimo del 29 % y un tipo nominal del 35 %.

    La formación también pretende modificar las exenciones por doble imposición, reducir del 95 % al 80 % determinadas exenciones de dividendos y plusvalías procedentes de filiales y limitar a tres años la compensación de bases imponibles negativas.

    En el IRPF, propone una escala estatal con tipos marginales superiores para las bases imponibles más elevadas:

    Tramo de base imponible anualTipo marginal estatal propuesto
    De 60 000 a 99 000 euros23 %
    De 100 000 a 199 999 euros24 %
    De 200 000 a 299 999 euros25,5 %
    De 300 000 a 499 999 euros27 %
    Desde 500 000 euros28,5 %

    El programa plantea reducir el tipo mínimo estatal del 9,5 % al 9 % y equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital a la de las rentas del trabajo.

    También propone convertir el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en un impuesto estatal permanente, eliminar las deducciones por planes de pensiones y derogar el régimen especial de la Ley Beckham.

    Viviendas vacías, pisos turísticos y propietarios particulares

    Podemos comparte con las otras dos formaciones la intención de modificar la fiscalidad inmobiliaria.

    Entre sus propuestas figuran:

    • Cuadruplicar el tipo de IRPF aplicable a las rentas imputadas de viviendas que no sean la residencia del contribuyente.
    • Crear un impuesto estatal sobre viviendas vacías, equivalente al IBI con el recargo municipal correspondiente.
    • Establecer un gravamen específico sobre las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles adquiridos durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
    • Crear un impuesto estatal sobre el patrimonio inmobiliario de las empresas.
    • Elevar al 21 % el IVA de los pisos turísticos.
    • Eliminar beneficios fiscales del IRPF aplicados a los propietarios que alquilan viviendas.
    • Establecer tramos de IBI en función del número de inmuebles que tenga cada propietario.
    • Modificar el régimen fiscal de las SOCIMI.

    La formación sostiene que estas medidas ayudarían a movilizar viviendas vacías y frenar operaciones especulativas a corto plazo.

    Sin embargo, el diseño de los impuestos será determinante. No es lo mismo gravar una vivienda vacía durante años que una propiedad temporalmente desocupada por una reforma, una herencia pendiente de adjudicación o una situación familiar. La definición legal de cada supuesto condicionará el número de contribuyentes afectados.

    Qué puede significar para herederos, propietarios y ahorradores

    Las propuestas de los tres partidos afectan a colectivos diferentes. Su impacto no puede resumirse en una única subida fiscal, porque cada medida tiene sus propios umbrales, excepciones y mecanismos de aplicación.

    ColectivoPropuestas que podrían afectarle
    Herederos de patrimonios elevadosNuevo impuesto estatal de Frente Amplio y límite de 10 millones por heredero
    Propietarios de varias viviendasGravamen del 10 % de Frente Amplio y cambios en IBI y tributación inmobiliaria
    Compradores de segundas viviendasRecargos propuestos por Frente Amplio sobre las adquisiciones
    Propietarios que alquilanCambios fiscales sobre viviendas vacías, alquiler turístico y beneficios fiscales
    Ahorradores e inversoresSubidas propuestas para rentas del capital y operaciones financieras
    Grandes empresasCambios en Sociedades, cotizaciones y gravámenes sectoriales
    Consumidores de productos de lujoNuevos impuestos sobre jets, yates y vehículos de alta gama
    Contribuyentes con altas emisionesSistema de fiscalidad personal ligado a la huella de carbono propuesto por Podemos

    Una cuestión especialmente relevante es la acumulación de impuestos. Una misma propiedad puede estar sometida a gravámenes diferentes en momentos distintos: al comprarla, mientras se mantiene en propiedad y cuando se transmite mediante herencia o donación. El efecto final dependerá de las reglas de compatibilidad y deducción que establezca cada futura ley.

    También importa distinguir entre tipos marginales y tipos efectivos. Un tipo marginal se aplica al último tramo de la base imponible, no necesariamente a todos los ingresos del contribuyente. Confundir ambos conceptos puede llevar a exagerar o interpretar incorrectamente el impacto de una reforma.

    El debate fiscal que llega a las urnas el 29 de noviembre

    Los programas del PSOE, Frente Amplio y Podemos reflejan una apuesta por ampliar la capacidad recaudatoria del Estado y utilizar la fiscalidad como instrumento para redistribuir riqueza, modificar decisiones de inversión y orientar el mercado inmobiliario.

    Sus defensores sostienen que los grandes patrimonios y determinadas empresas deben contribuir más para financiar servicios públicos y políticas de vivienda. Sus críticos pueden cuestionar si una mayor carga fiscal sobre la propiedad, el ahorro y la inversión terminará afectando también a la oferta de vivienda, la financiación empresarial o la capacidad de ahorro de los hogares.

    La discusión exige algo más que comparar porcentajes. Es necesario conocer cuánto se espera recaudar, qué costes administrativos tendrá cada medida, qué excepciones se aplicarán y qué efectos puede producir sobre la inversión y el empleo.

    El 29 de noviembre los electores no votarán directamente cada uno de estos impuestos, pero sí elegirán entre programas que proponen modelos fiscales diferentes. La diferencia entre una promesa electoral y una reforma efectiva dependerá de la composición del Parlamento, los acuerdos políticos y el contenido final de las leyes.

    La pregunta de fondo es qué equilibrio debe buscar España entre redistribución, financiación de los servicios públicos, seguridad jurídica y capacidad de familias y empresas para ahorrar, invertir y transmitir su patrimonio.

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