Paulus Said Foukaih Abdelshahed cumple cadena perpetua en Suecia tras cambiar legalmente de sexo. Varias internas denuncian presuntos episodios de exhibicionismo y acoso, mientras crece el debate sobre la seguridad penitenciaria.
Un cambio legal que abre un debate sobre la seguridad de las reclusas
La decisión de trasladar a una prisión femenina de Suecia a un hombre condenado a cadena perpetua por asesinar a sus dos hijos ha reabierto una controversia sobre los límites del reconocimiento legal de género y las garantías de seguridad en las cárceles.
El caso afecta a Paulus Said Foukaih Abdelshahed, ciudadano egipcio condenado en diciembre de 2024 por el asesinato de su hija de siete años y su hijo de ocho en la localidad sueca de Södertälje. Tras modificar legalmente su sexo y adoptar el nombre de Lily, fue trasladado desde una prisión masculina de alta seguridad a un centro penitenciario femenino en Ystad, según la información publicada por La Gaceta y otros medios.
La polémica se ha intensificado después de que varias reclusas denunciaran supuestos episodios de exhibicionismo, insinuaciones sexuales y comportamientos intimidatorios. Estas acusaciones deben distinguirse de los hechos probados en la sentencia por los asesinatos: se trata de denuncias posteriores cuya veracidad no puede darse por establecida sin pruebas concluyentes.
El asunto plantea una cuestión que va más allá de un caso individual: ¿cómo debe actuar la Administración penitenciaria cuando el reconocimiento legal de género entra en tensión con la seguridad, la intimidad y la protección de otras personas encarceladas?
El asesinato de dos niños que conmocionó a Suecia
Los hechos se remontan a abril de 2024. Abdelshahed asesinó a sus dos hijos menores en su vivienda de Södertälje, una localidad situada al suroeste de Estocolmo.
Según la información publicada sobre la investigación judicial, el condenado colocó bolsas sobre las cabezas de los niños e introdujo helio mediante una manguera, provocándoles la muerte por asfixia. La investigación también señaló que había realizado búsquedas en Internet relacionadas con el asesinato de los propios hijos y con métodos para morir juntos.
Posteriormente, confesó los hechos durante un interrogatorio policial.
En diciembre de 2024, el tribunal de Södertälje lo condenó a cadena perpetua por dos asesinatos premeditados cometidos con especial crueldad y acordó su expulsión de Suecia. Una evaluación psiquiátrica concluyó que no presentaba un trastorno mental grave que justificara sustituir la pena de prisión por un tratamiento psiquiátrico obligatorio.
La gravedad de los delitos resulta esencial para comprender la controversia posterior. No se trata de una discusión abstracta sobre los criterios de clasificación de los presos, sino de una decisión administrativa que afecta a una persona condenada por el asesinato de dos niños.
De una prisión masculina de alta seguridad a una cárcel femenina
Tras su condena, Abdelshahed permaneció en la prisión masculina de Tidaholm, clasificada en el nivel de seguridad 1, el más elevado de la escala citada en las informaciones publicadas.
Durante la investigación había manifestado que sufría disforia de género y que se identificaba como mujer desde la infancia. También había utilizado el nombre de Lily.
En otoño de 2025, las autoridades suecas aprobaron su cambio legal de sexo y de nombre. Posteriormente, el Servicio Penitenciario sueco decidió trasladarlo a la prisión femenina de Ystad, clasificada en el nivel de seguridad 2.
Según los medios que han informado del caso, Abdelshahed no se había sometido a una intervención quirúrgica de reasignación sexual y conservaba su anatomía masculina.
Este último dato ha alimentado la controversia pública, aunque conviene separar dos cuestiones: el reconocimiento legal de la identidad de una persona y los criterios que deben aplicarse para decidir dónde cumple una condena. Una modificación registral no elimina la obligación de las autoridades de evaluar individualmente los riesgos penitenciarios.
La ley sueca de 2025, en el centro de la controversia
El traslado se produjo después de la entrada en vigor, el 1 de julio de 2025, de una nueva legislación sueca que simplificó el procedimiento para cambiar el sexo legal inscrito en el registro de población.
La reforma, aprobada por el Parlamento sueco en abril de 2024, separó el reconocimiento legal del género de los procedimientos quirúrgicos. También redujo de 18 a 16 años la edad mínima para solicitar el cambio, con requisitos adicionales para los menores de edad.
La Agencia Nacional Sueca de Salud y Bienestar explica que el procedimiento requiere un certificado de un profesional sanitario autorizado, pero ya no exige un diagnóstico médico de disforia de género. La modificación legal tampoco implica, por sí misma, una intervención quirúrgica.
Fuentes oficiales:
- Parlamento sueco: legislación sobre reconocimiento legal del sexo
- Agencia Nacional Sueca de Salud y Bienestar: cambio de sexo legal
El debate surge porque el sexo que figura en los documentos oficiales puede influir en decisiones administrativas que tienen consecuencias prácticas, incluida la clasificación penitenciaria. Sin embargo, la modificación del registro civil y el traslado a una prisión concreta son decisiones diferentes, sometidas a sus respectivos procedimientos.
La reforma no establece que toda persona que cambie su sexo legal deba ser trasladada automáticamente a un centro penitenciario femenino. La Administración debe aplicar las normas de clasificación y valorar las circunstancias relevantes del caso.
La cuestión que reclama una explicación pública es qué criterios concretos se aplicaron a Abdelshahed, qué evaluación de riesgos se realizó y qué alternativas se consideraron antes de autorizar el traslado.
Las denuncias de las reclusas: qué se sabe y qué falta por esclarecer
La segunda parte de la polémica se refiere a las quejas de mujeres encarceladas en Ystad, recogidas por medios suecos, entre ellos Expressen.
Según los testimonios publicados, varias internas describieron situaciones que consideraban intimidatorias e inapropiadas. Entre los comportamientos denunciados figuran:
- Presunto exhibicionismo: algunas reclusas afirmaron que Abdelshahed circulaba por determinadas dependencias con ropa de dormir corta y sin ropa interior.
- Incidentes en espacios compartidos: varias mujeres denunciaron supuestos episodios en las zonas de duchas y lavandería.
- Presuntas insinuaciones sexuales: algunas internas aseguraron haber recibido comentarios o aproximaciones que consideraban improcedentes.
- Malestar psicológico: según los testimonios publicados, una reclusa con antecedentes de estrés postraumático habría sufrido una crisis de ansiedad tras uno de los incidentes descritos.
Estas acusaciones son graves y merecen una respuesta institucional. Pero el rigor periodístico exige no presentarlas como hechos judicialmente probados.
Según la información publicada por La Gaceta, varias denuncias policiales por presunto abuso sexual fueron archivadas por falta de pruebas. Por tanto, no debe afirmarse que exista una condena por esos hechos ni que las acusaciones hayan quedado demostradas.
El archivo de una investigación tampoco permite concluir automáticamente que una denuncia fuera falsa. Significa que no se reunieron elementos suficientes para continuar por esa vía, de acuerdo con las circunstancias de cada expediente.
La información difundida también recoge críticas de trabajadores penitenciarios, que habrían expresado preocupación por la falta de criterios claros para gestionar situaciones de esta naturaleza.
La dirección del centro, encabezada por Anders Jansson, ha defendido que la clasificación de los internos tiene en cuenta su situación jurídica y ha reconocido, según las informaciones publicadas, que existen aspectos de estos casos para los que las directrices no están suficientemente desarrolladas.
La prioridad de las autoridades debe ser comprobar las denuncias, proteger a las posibles víctimas y garantizar condiciones de convivencia seguras, sin prejuzgar la culpabilidad de nadie por hechos que no hayan sido acreditados.
Una cuestión que trasciende el caso de Ystad
El caso de Abdelshahed ha reabierto el debate sueco sobre la relación entre el sexo legal, la identidad de género y la clasificación de las personas condenadas.
La discusión enfrenta preocupaciones legítimas que las instituciones deben abordar con criterios claros: por un lado, el respeto a la identidad legal de los internos; por otro, la seguridad, la intimidad y la protección de las personas encarceladas, especialmente cuando existen antecedentes de violencia grave.
En un entorno penitenciario, la Administración tiene una responsabilidad reforzada. Los internos no pueden escoger libremente dónde cumplen sus condenas, y las autoridades controlan aspectos esenciales de su vida cotidiana, desde el alojamiento hasta el acceso a espacios comunes.
Por eso, las decisiones de clasificación deben apoyarse en criterios transparentes y evaluaciones individualizadas. La identidad legal puede ser un elemento relevante, pero no debería impedir que se examinen otros factores relacionados con la seguridad y la protección de terceros, dentro de los límites que establezca la legislación.
También resulta necesario distinguir entre una política general y la conducta de una persona concreta. Los presuntos comportamientos denunciados en Ystad, si se acreditan, deberán evaluarse individualmente. No constituyen por sí mismos una prueba sobre las intenciones de todas las personas transgénero ni justifican atribuirles colectivamente una conducta delictiva.
El debate llega a las instituciones suecas
La controversia ha adquirido dimensión política. Según las informaciones publicadas el 14 de octubre de 2026, responsables del Servicio Penitenciario sueco han sido llamados a explicar la gestión del caso ante instancias parlamentarias.
El interés institucional se centra en cuestiones concretas: cómo se tomó la decisión de traslado, qué normas se aplicaron y si los procedimientos existentes ofrecen suficiente protección a las internas.
El marco legal sueco ya contempla excepciones a la separación ordinaria de internos de distinto sexo cuando concurren circunstancias especiales y la ubicación resulta adecuada. La legislación penitenciaria establece, por tanto, que la clasificación no puede entenderse al margen de la seguridad y de las condiciones particulares de cada caso.
El artículo 2, capítulo 2, de la Ley sueca de ejecución de penas —Fängelselag (2010:610)— recoge la regla general de separación y contempla excepciones bajo determinadas condiciones.
Fuente oficial: Legislación penitenciaria sueca.
La pregunta no es únicamente si la normativa permite reconocer un cambio de sexo legal. También importa si las reglas penitenciarias ofrecen suficientes garantías cuando una decisión de alojamiento puede afectar a otras personas especialmente vulnerables.
Una respuesta institucional convincente debería aclarar, al menos, tres aspectos:
- Los criterios de clasificación: qué peso tienen el sexo registral, los antecedentes penales y la evaluación individual del riesgo.
- Los mecanismos de protección: cómo se tramitan las quejas de las internas y qué medidas se adoptan mientras se investigan.
- La rendición de cuentas: qué organismo revisa las decisiones cuando aparecen indicios de que las condiciones de alojamiento pueden comprometer la seguridad.
La transparencia es especialmente importante cuando las denuncias proceden de personas que dependen de la Administración penitenciaria para su protección cotidiana.
Qué consecuencias puede tener para la política penitenciaria
El caso podría aumentar la presión para revisar los protocolos de clasificación de presos en Suecia. No obstante, cualquier cambio normativo debe apoyarse en datos, evaluaciones jurídicas y garantías efectivas, no solo en la repercusión mediática de un caso particular.
Entre las medidas que podrían debatirse figuran la evaluación individualizada de riesgos, los protocolos específicos para los espacios de ducha y aseo, los canales independientes para presentar quejas y la revisión periódica de las decisiones de alojamiento.
También cabe examinar si los funcionarios cuentan con instrucciones suficientemente precisas para actuar ante incidentes sin temor a represalias profesionales o acusaciones infundadas.
Estas propuestas no presuponen que las denuncias de Ystad estén demostradas. Responden a una necesidad general de cualquier sistema penitenciario: contar con procedimientos que protejan a los internos, permitan investigar las conductas denunciadas y eviten que las decisiones administrativas se conviertan en una fuente de inseguridad.
Para España, el caso ofrece una oportunidad de examinar cómo se concilian la normativa sobre identidad de género, los derechos de las personas encarceladas y las obligaciones de seguridad de la Administración. La experiencia sueca no puede trasladarse automáticamente al ordenamiento español, pero sí permite formular preguntas relevantes sobre los protocolos de clasificación y la protección de las reclusas.
Conclusión: seguridad, derechos y responsabilidad institucional
El traslado de Paulus Said Foukaih Abdelshahed a una prisión femenina de Suecia, después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de sus dos hijos, ha puesto bajo el foco la aplicación práctica de la nueva legislación de reconocimiento legal de género.
Las denuncias de presunto exhibicionismo y acoso en Ystad añaden una dimensión urgente al debate, aunque deben tratarse con cautela porque no equivalen a hechos probados judicialmente.
Las autoridades suecas tienen la responsabilidad de explicar cómo se tomó la decisión, qué evaluación de riesgos se realizó y qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad de las internas. También deben investigar las denuncias con diligencia y respetar las garantías legales de todas las personas implicadas.
El reconocimiento legal de género, la seguridad penitenciaria y la protección de las mujeres no deberían abordarse como objetivos incompatibles. La obligación de las instituciones es establecer reglas claras, aplicarlas de forma coherente y corregir cualquier deficiencia acreditada.
El caso de Ystad plantea, en definitiva, una cuestión de responsabilidad pública: ¿dispone Suecia de protocolos suficientemente claros para proteger a las reclusas cuando una decisión de clasificación penitenciaria genera riesgos o conflictos de convivencia?
Chollones
Chollones
Chollones