El Tribunal Supremo ha establecido el cierre del plazo para que los afectados por la suspensión del derecho al voto para quienes obtuvieron la nacionalidad española bajo la llamada ‘ley de nietos’ presenten sus alegaciones. Esta medida fue adoptada tras rechazar el recurso del Gobierno, que solicitaba levantar la suspensión cautelar vigente.
Detalles del procedimiento
El Supremo publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su decisión el pasado jueves, iniciando un plazo de cinco días hábiles para que los interesados puedan personarse y alegar en el procedimiento. Este plazo se extiende hasta mediados de la próxima semana.
En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal hizo un llamamiento para que quienes deseen participar se presenten antes de que los trámites procesales concluyan, con el fin de ejercer la defensa de sus derechos y solicitar la revocación de la suspensión, de forma legalmente prevista.
Contexto y cifras
La suspensión afecta a 163 020 personas que, según datos de la Abogacía del Estado, obtuvieron la nacionalidad bajo esta ley y estaban inscritas en el censo electoral al 1 de agosto, fecha considerada válida para estos comicios. La Oficina del Censo Electoral ha registrado ya a más de 70 000 ciudadanos con nacionalidad otorgada por esta vía, quienes están afectados por la suspensión.
Acciones del Gobierno y otros actores
El Gobierno manifestó que evaluaría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, dejando finalmente en manos de los afectados la responsabilidad de presentar alegaciones.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando medidas urgentes para que los afectados puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
Participación en el procedimiento
Hasta ahora, han solicitado personarse en el proceso asociaciones como Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo. Sin embargo, algunas partes se han opuesto a estas solicitudes por cuestiones de legitimación.
Además, el abogado Eduardo Ranz ha presentado alegaciones en representación del Centro de Descendientes de Españoles Unidos, organización que ha trabajado desde hace años en el reconocimiento de la nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes y que busca la revocación de la suspensión para garantizar el derecho al voto.