Trama de Hidrocarburos: Investigación sobre Fraude y Corrupción
La trama de hidrocarburos en España está siendo objeto de una amplia investigación judicial y policial que abarca a una organización presuntamente dedicada al fraude fiscal, la corrupción y el tráfico de influencias en el sector de distribución de carburantes.
Según la Unidad Central Operativa (UCO), las facilidades otorgadas a esta organización incrementaron las expectativas de negocio de los involucrados, quienes consideraron la posibilidad de duplicar su estructura empresarial. La trama ha seducido a operadoras y ahora contempla contar con hasta dos mayoristas de venta de combustibles, reflejando una ambición por controlar el sector.
A través de la utilización de empresas pantalla y sofisticados mecanismos financieros, la trama ha eludido impuestos, principalmente el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos. Hasta la fecha, se estima que el fraude podría superar los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024, con parte de los fondos desviados a cuentas en el extranjero, específicamente en Portugal, China y Colombia.
Entre los presuntos líderes de esta trama figuran nombres como Víctor de Aldama y Claudio Rivas, quienes han utilizado sociedades instrumentales y testaferros para ocultar la verdadera propiedad de las empresas y dificultar las investigaciones.
El caso ha revelado que la trama habría comprometido a más de un millón de euros en sobornos a políticos, buscando facilidades para la obtención de licencias. Esta actividad ha implicado a funcionarios de varios ministerios, incluidos los de Transportes, Industria y Transición Ecológica, lo que ha llevado a la UCO a considerar la existencia de vínculos directos entre la trama y ciertos cargos públicos o asesores políticos.
La causa principal de la investigación se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la ampliación de la investigación hasta 2026, previendo nuevas imputaciones en función del análisis de la documentación y las comunicaciones recabadas durante la investigación.
La trama también se relaciona con otros procedimientos judiciales como el llamado caso Koldo. La UCO ha destacado que los operativos para obtener licencias, como el caso de la empresa Villafuel, fueron respaldados por el Gobierno, planteando cuestionamientos sobre la regulación y supervisión del sector.