La trama Zapatero suma un nuevo episodio que estrecha aún más el cerco judicial sobre el expresidente socialista y su entorno más cercano. La secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, figura como propietaria del dominio presidentezapatero.com, asociado al correo electrónico que el juez de la Audiencia Nacional considera el “principal canal de comunicación interna” de la presunta red investigada.
La información, extraída de los metadatos del dominio, sitúa a Gertrudis Alcázar como registrataria oficial de la dirección digital desde el 27 de marzo de 2015, varios años después de que Zapatero abandonara el Gobierno y poco antes de dejar también su puesto en el Consejo de Estado.
El hallazgo añade una nueva dimensión a la investigación de la trama Zapatero, ya que el magistrado José Luis Calama considera que la secretaria desempeñaba un papel operativo fundamental dentro del entramado bajo sospecha.
La trama Zapatero y el correo considerado “clave” por el juez
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional concede especial importancia a la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com dentro de la investigación judicial.
En su auto, el juez sostiene que María Gertrudis Alcázar actuaba como usuaria principal de esta dirección de correo electrónico, que define expresamente como el “principal canal de comunicación interna” de la organización investigada.
Además, el instructor considera que la oficina de Zapatero en la calle Ferraz número 35 de Madrid funcionaba como centro operativo desde donde se coordinaban distintas actuaciones relacionadas con la presunta trama.
La documentación analizada por la Audiencia Nacional apunta a que Gertrudis Alcázar no desempeñaba únicamente tareas administrativas, sino que participaba activamente en labores de coordinación y gestión documental vinculadas a operaciones económicas bajo sospecha.
El avance de la trama Zapatero está provocando un fuerte impacto político debido a la cercanía de los investigados con el expresidente socialista y con distintos organismos públicos.
Gertrudis Alcázar aparece como titular del dominio
Los metadatos del dominio presidentezapatero.com reflejan que la registrataria oficial figura como “Gertrudis Alcazar Gimenez”, nombre que aparece asociado a la creación del dominio en marzo de 2015.
Este detalle resulta especialmente relevante para el juez Calama, ya que la existencia de una infraestructura digital específica vinculada al expresidente y gestionada directamente por su secretaria refuerza la hipótesis de una organización estructurada.
La investigación sobre la trama Zapatero considera que este correo electrónico fue utilizado para coordinar documentación, contratos y comunicaciones internas relacionadas con distintas operaciones empresariales.
El magistrado sostiene además que la utilización de la denominada “cuenta corporativa” de Zapatero permite inferir que el expresidente podría haber tenido conocimiento de parte de la operativa financiera investigada.
Según el auto judicial, los mensajes analizados muestran instrucciones directas relacionadas con la elaboración de documentación y la cobertura formal de determinados pagos realizados por sociedades integradas en el entramado.
El papel de Cristóbal Cano y la red Finance Boutique
La Audiencia Nacional también identifica a Cristóbal Cano como otra de las figuras relevantes dentro de la estructura investigada. Cano era gestor del empresario Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, considerado uno de los principales intermediarios del entorno de Zapatero.
El juez señala que tanto Gertrudis Alcázar como Cristóbal Cano desarrollaban funciones de coordinación y elaboración documental dentro de la denominada “Finance Boutique”, nombre utilizado internamente para referirse a la presunta red.
La trama Zapatero investiga supuestas operaciones de canalización de fondos mediante sociedades mercantiles y contratos bajo sospecha, algunos de ellos relacionados con el rescate público de Plus Ultra.
La investigación judicial considera que varias de estas operaciones podrían haber servido para ocultar pagos y movimientos financieros en el extranjero.
El PP citará a la secretaria de Zapatero en el Senado
La gravedad de las revelaciones ha provocado ya consecuencias políticas inmediatas. El Partido Popular anunció que incluirá a María Gertrudis Alcázar en la lista de comparecientes de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y el rescate de Plus Ultra.
La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, aseguró que la secretaria de Zapatero participó además en la constitución de una sociedad offshore en Dubái y mantuvo contactos con organismos públicos.
El PP considera que la evolución de la trama Zapatero demuestra la existencia de una estructura organizada de intermediación y posible corrupción que implicaría a personas próximas al expresidente socialista.
Las acusaciones políticas se han intensificado especialmente después de que el juez relacionara la creación de una empresa en Emiratos Árabes Unidos con operaciones vinculadas al rescate de Plus Ultra.
Una sociedad en Dubái bajo sospecha
Otro de los puntos centrales de la investigación es la creación de la sociedad Landside Dubai FZCO, constituida poco después de la firma de un contrato relacionado con el rescate de Plus Ultra.
Según el juez Calama, la empresa española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez, había pactado cobrar el 1% del rescate público de la aerolínea, equivalente a 530.000 euros.
Pocos días después comenzaron las gestiones para crear la sociedad en Dubái, lo que ha llevado al instructor a sospechar que dicha empresa podría haberse utilizado para recibir fondos fuera de España y dificultar su trazabilidad.
La investigación de la trama Zapatero continúa avanzando mientras la Audiencia Nacional analiza correos electrónicos, contratos y movimientos financieros que podrían comprometer aún más al entorno del expresidente.
El caso amenaza con seguir creciendo tanto en el plano judicial como político en las próximas semanas, especialmente ante las nuevas comparecencias previstas en el Senado y la posible aparición de más documentación comprometida.

