El control de Estados Unidos sobre los ingresos del petróleo venezolano deja en el aire miles de millones en deuda con China, amenaza la reestructuración financiera de Caracas y abre un nuevo frente geopolítico entre Washington y Pekín.
Washington toma el timón del petróleo venezolano
El giro estratégico de la administración de Donald Trump ha puesto patas arriba el delicado esquema de “petróleo por deuda” que Venezuela mantenía con China desde 2019. Tras endurecer el cerco sobre Nicolás Maduro, Estados Unidos ha pasado a controlar los ingresos procedentes de las exportaciones de crudo venezolano, atrapando cargamentos que servían para pagar préstamos chinos.
Según estimaciones citadas por Reuters, alrededor del 10 % de los 150 000 millones de dólares de deuda externa venezolana corresponde a créditos concedidos por Pekín, muchos de ellos amortizados con envíos de petróleo. Ahora, esos flujos quedan bajo supervisión estadounidense, un hecho sin precedentes para un país miembro de la OPEP.
Petróleo por deuda: un sistema intervenido
Documentos internos de PDVSA revelan que tres superpetroleros han cubierto la ruta Venezuela–China durante los últimos cinco años para pagar intereses conforme al acuerdo temporal firmado tras las sanciones de 2019. Parte del efectivo acababa en cuentas controladas por Pekín, incluso cuando otros acreedores quedaban bloqueados por el impago declarado en 2017.
Con el nuevo esquema, Washington ha anunciado que las ganancias por ventas de crudo irán a una cuenta en Qatar bajo su control, otorgando a la Casa Blanca capacidad de decidir quién cobra y cuándo. Para expertos en deuda soberana, este movimiento altera la jerarquía de acreedores y añade opacidad a unas finanzas ya frágiles.
China protesta y advierte
El Ministerio de Exteriores chino condenó públicamente la redirección de exportaciones venezolanas y exigió que se protejan los “derechos e intereses legítimos” de su país. Aunque China aún puede comprar crudo, Estados Unidos impone que no sea a precios rebajados, como ocurría con Caracas en años anteriores.
Desde Washington se defiende que el acuerdo “beneficia al pueblo estadounidense y venezolano”, mientras comerciantes privados ofrecen cargamentos a refinerías chinas sin que cuenten como pagos de deuda.
El impacto en la reestructuración de la deuda
Venezuela arrastra unos 60 000 millones de dólares en bonos en default desde 2017. Sin una reestructuración ordenada, el país no podrá volver a los mercados ni atraer inversión. El problema: en procesos habituales, los acreedores bilaterales coordinan pérdidas a través del Club de París, fijando el marco para bancos y bonistas privados.
Si Estados Unidos controla los ingresos petroleros, la “comparabilidad de trato” se vuelve casi imposible. Asesores alertan de que los acreedores históricos podrían quedar subordinados por decisiones políticas, algo que erosiona la seguridad jurídica.
El pulso global: Washington vs. Pekín
China, como mayor prestamista bilateral del mundo en desarrollo, ha sido clave en reestructuraciones recientes bajo el Marco Común (Ghana, Zambia, Etiopía). Si Washington presiona a Pekín para aceptar quitas significativas y China se niega, el precedente podría bloquear futuras renegociaciones en países emergentes.
Expertos advierten de un escenario desolador para Caracas: sin acuerdo rápido, la economía seguiría asfixiada y los acreedores privados no verían un dólar durante años.
¿Independencia financiera o intervención total?
El control estadounidense del petróleo venezolano refuerza su influencia geopolítica, pero también abre dudas legales sobre quién decide el orden de pagos. Para Venezuela, el riesgo es claro: quedar atrapada entre dos superpotencias, sin soberanía económica real y con su recuperación en suspenso.
¿Estamos ante una maniobra legítima para forzar reformas o ante una intervención que prolongará el colapso venezolano y tensará aún más el tablero global?
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