Los investigadores pidieron autorización judicial para acceder a ‘exchanges’, analizar billeteras digitales y asegurar los criptoactivos que pudieran aparecer durante los registros de la causa que instruye Santiago Pedraz.
La investigación sobre la denominada trama SEPI abre un nuevo frente: el de las criptomonedas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contempló expresamente la posibilidad de encontrar activos virtuales durante los registros solicitados en la causa y pidió al juez autorización para acceder a las plataformas y billeteras que pudieran localizarse.
El dato figura, según la información publicada por Libertad Digital, en un oficio de la UCO fechado el 2 de junio de 2026, mediante el que los investigadores solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización para registrar distintas empresas, entre ellas Tubos Reunidos.
La cautela resulta esencial: el oficio no demuestra por sí mismo que existieran criptomonedas ocultas ni que se hayan localizado finalmente esos fondos. Lo que acredita, de acuerdo con la información publicada, es que la Guardia Civil consideró esa posibilidad y quiso disponer previamente de cobertura judicial para actuar en caso de hallar criptoactivos.
La UCO puso las criptomonedas en el radar de la trama SEPI
La investigación gira en torno a una presunta estructura relacionada con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, a quienes la información publicada identifica como integrantes del denominado «clan Hirurok».
La causa trata de determinar si los investigados habrían obtenido beneficios económicos mediante su supuesta capacidad de influencia sobre la Administración, particularmente alrededor de contratos y ayudas relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Son hechos sometidos a investigación judicial y, por tanto, no existe una declaración de culpabilidad sobre las personas investigadas.
Es dentro de estas pesquisas donde aparece el elemento de las criptomonedas. La UCO quiso anticiparse a la posibilidad de encontrar durante los registros wallets, claves, aplicaciones de intercambio o cualquier otro mecanismo destinado a custodiar activos digitales.
La petición de la Guardia Civil al juez Pedraz
El contenido del oficio resulta especialmente relevante porque muestra hasta dónde querían llegar los investigadores en caso de encontrar evidencias relacionadas con monedas virtuales.
Según el documento reproducido por Libertad Digital, la UCO solicitó autorización para el «acceso, visionado y análisis» de plataformas de intercambio o exchanges localizadas en los dispositivos informáticos intervenidos.
Pero los agentes fueron un paso más allá.
También plantearon que, cuando fuese necesario, pudieran transferir los fondos localizados —tanto criptomonedas como dinero fiduciario— hacia billeteras que permitieran dejarlos bajo control policial.
El objetivo sería evitar que unos hipotéticos activos digitales pudieran moverse, desaparecer o quedar fuera del alcance de la investigación después de un registro.
La clave: sospechar de criptomonedas no significa haberlas encontrado
Esta diferencia es fundamental para interpretar correctamente la noticia.
La petición de la UCO supone que los investigadores contemplaban el posible hallazgo de criptomonedas y habían diseñado un procedimiento para actuar ante esa eventualidad. No permite afirmar, únicamente con ese documento, que la trama dispusiera efectivamente de una fortuna en Bitcoin u otros activos digitales.
Tampoco consta en la información facilitada qué cantidad de dinero habría podido ocultarse mediante criptomonedas, qué activos concretos se estarían buscando ni si finalmente se encontró alguna billetera durante los registros.
Por tanto, la incógnita que deberá resolver la investigación es mucho más concreta: si existieron esos criptoactivos y, en caso afirmativo, quién controlaba las correspondientes billeteras y cuál era el origen del dinero.
‘Hardware wallets’ y frases semilla: así quería asegurar los fondos la UCO
La Guardia Civil también detalló cómo debería procederse técnicamente si durante las actuaciones aparecían criptomonedas.
Una billetera de criptomonedas no funciona como una cuenta bancaria convencional. El control efectivo de los fondos depende fundamentalmente de las claves privadas que permiten realizar operaciones.
Las denominadas frases semilla son conjuntos de palabras que permiten recuperar el acceso a determinadas billeteras. Una hardware wallet, por su parte, es un dispositivo físico diseñado para custodiar las claves de acceso a los criptoactivos.
Precisamente por ello, el oficio contemplaba que, después de asegurar los fondos, las billeteras generadas por los agentes pudieran ser entregadas a la autoridad judicial mediante una hardware wallet o las correspondientes frases semilla.
Además, el procedimiento debería quedar documentado en el acta del letrado de la Administración de Justicia (LAJ).
La precisión técnica de la solicitud revela que la hipótesis de los activos digitales estaba contemplada antes de practicar los registros y no era una posibilidad improvisada ante un eventual hallazgo.
Por qué las criptomonedas complican las investigaciones patrimoniales
Las criptomonedas presentan características particulares para cualquier investigación sobre patrimonio.
Muchas redes públicas permiten consultar las transacciones realizadas entre direcciones. Sin embargo, una dirección blockchain no incorpora necesariamente el nombre de la persona que la controla.
El problema policial y judicial consiste, por tanto, en establecer la conexión entre una dirección digital y una persona física o jurídica.
Cuando los fondos atraviesan plataformas situadas en distintos países, el seguimiento puede requerir además cooperación internacional y requerimientos de información a proveedores extranjeros.
Según las fuentes jurídicas citadas por el medio que publica la información, precisamente esa cooperación puede convertirse en una de las dificultades de las investigaciones relacionadas con activos digitales.
La UCO también buscaba información almacenada en la nube
Las criptomonedas no eran el único desafío tecnológico previsto por los investigadores.
La UCO también contemplaba la posibilidad de que hubiera información relevante almacenada fuera de los dispositivos físicos encontrados durante los registros.
Eso incluye servicios en la nube y diferentes sistemas de almacenamiento online, además de ordenadores, teléfonos, discos duros y otros soportes.
Este punto resulta especialmente importante en las investigaciones actuales. Una parte significativa de la documentación empresarial y de las comunicaciones ya no permanece exclusivamente en un ordenador concreto, sino que puede estar sincronizada con servidores remotos.
Por ello, un registro físico puede convertirse también en una vía para acceder, siempre dentro de la correspondiente autorización judicial, a documentación alojada digitalmente fuera del lugar inspeccionado.
La trama SEPI amplía su dimensión
La causa investigada por la Audiencia Nacional aborda presuntas irregularidades relacionadas con contratación pública, ayudas y posibles beneficios económicos obtenidos mediante influencias en la Administración, según la información publicada sobre las diligencias.
Uno de los nombres centrales es el de Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI. Junto a él aparecen Leire Díez y Antxon Alonso dentro de la investigación.
La incorporación del posible uso de criptomonedas introduce ahora una pregunta adicional sobre el eventual recorrido del patrimonio investigado.
Si finalmente se localizan criptoactivos, los investigadores tendrán que acreditar su titularidad, reconstruir los movimientos y determinar el origen de los fondos.
Si no aparecen, la petición contenida en el oficio permanecerá como lo que jurídicamente representa en este momento: una medida preventiva solicitada por la UCO ante una posibilidad contemplada durante los registros.
Santiago Pedraz dirige una investigación cada vez más compleja
La investigación se encuentra en manos del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El magistrado deberá valorar las pruebas obtenidas y las distintas diligencias solicitadas mientras avanza una causa que abarca numerosos elementos económicos, empresariales y tecnológicos.
La dimensión digital puede resultar especialmente importante si los investigadores consiguen relacionar dispositivos, cuentas, documentación alojada en la nube o billeteras virtuales con movimientos económicos relevantes para la causa.
Pero el principio sigue siendo el mismo: cada indicio deberá convertirse en prueba y vincularse de forma acreditada con las personas investigadas.
Las preguntas que deberá responder la investigación
El oficio de la UCO deja abiertas varias cuestiones fundamentales: si se encontraron realmente criptomonedas durante los registros; si existen wallets vinculadas a alguno de los investigados; qué volumen económico podrían contener; de dónde procedería ese patrimonio; y si guarda alguna relación con los hechos investigados alrededor de la SEPI.
Hasta que esas preguntas tengan respuesta judicial, conviene separar claramente la sospecha investigadora de los hechos acreditados.
Lo relevante conocido ahora es que la Guardia Civil se preparó para un escenario muy concreto: encontrar patrimonio digital y poder inmovilizarlo inmediatamente bajo control judicial.
La investigación de la trama SEPI entra así en un terreno cada vez más habitual en las grandes pesquisas económicas: seguir el dinero ya no significa únicamente localizar cuentas bancarias, sociedades o propiedades. También significa buscar claves, exchanges, wallets y movimientos registrados en blockchain.
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