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    Inicio»Internacional»La UE estrecha lazos con Reino Unido mientras gira hacia la deportación de migrantes
    Internacional

    La UE estrecha lazos con Reino Unido mientras gira hacia la deportación de migrantes

    noviembre 20, 2026No hay comentarios10 minutos
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    La cumbre de Bruselas reúne a Andy Burnham, António Costa y Ursula von der Leyen en un momento de acercamiento pos-Brexit. Al mismo tiempo, cinco países europeos impulsan con Ruanda un centro para migrantes sin derecho a permanecer en la UE.

    Bruselas quiere recuperar a Reino Unido como socio estratégico, pero la política migratoria amenaza con convertirse en uno de los grandes puntos de fricción del nuevo escenario europeo. La reunión de este viernes, 20 de noviembre, refleja dos movimientos simultáneos: el intento de recomponer la relación con Londres y el endurecimiento de las medidas para ejecutar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular.

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    La segunda cumbre entre la Unión Europea y Reino Unido se celebra en Bruselas con el primer ministro británico, Andy Burnham, y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, António Costa y Ursula von der Leyen. El encuentro pretende concretar avances en comercio, seguridad, energía, cooperación y control migratorio.

    La paradoja política es evidente: mientras Londres busca acercarse de nuevo al bloque comunitario tras reconocer el coste del Brexit, varios gobiernos europeos apuestan por fórmulas de externalización migratoria que recuerdan al controvertido proyecto británico de Ruanda.

    Burnham carga contra el Brexit y plantea una relación más estrecha con Bruselas

    Andy Burnham ha convertido la revisión de la relación con la UE en una de las prioridades de su Gobierno. El primer ministro sostiene que el Brexit aplicado por los anteriores ejecutivos conservadores fue más duro de lo que muchos ciudadanos esperaban cuando votaron en el referéndum de 2016.

    «Hemos perdido más de lo que hemos ganado», ha reiterado Burnham en las últimas semanas, según las declaraciones recogidas en la información de partida. El dirigente considera que la salida de la Unión ha perjudicado a la economía británica y defiende que el país debe revisar el alcance de su relación con sus antiguos socios.

    El debate no se limita a recuperar acuerdos comerciales. En el horizonte aparecen distintos grados de acercamiento:

    • Reducir las barreras comerciales y administrativas entre Reino Unido y los Veintisiete.
    • Recuperar una participación más amplia en programas comunitarios.
    • Explorar una relación más próxima al mercado único.
    • Abrir, a más largo plazo, el debate sobre una eventual reincorporación a la UE.

    Burnham ha expresado su preferencia por volver al proyecto europeo, aunque sostiene que no quiere imponer esa opción a la sociedad británica. También ha afirmado que alrededor del 60 % de los británicos comparte la idea de que el Brexit ha causado más perjuicios que beneficios. Esa cifra debe entenderse como una afirmación atribuida al primer ministro: para valorar su alcance sería necesario conocer la encuesta, la fecha del trabajo de campo y la formulación exacta de la pregunta.

    La posición del Gobierno británico supone un cambio de tono respecto a la etapa en la que el Brexit se presentó como una recuperación plena de soberanía. Sin embargo, una cosa es reconocer sus costes y otra muy distinta acordar el camino institucional para revertirlos.

    Qué se juega Reino Unido en la cumbre de Bruselas

    La reunión de este 20 de noviembre es la segunda cumbre bilateral desde la celebrada en Londres en mayo de 2025. Los líderes pretenden revisar los compromisos alcanzados entonces y fijar nuevas medidas de cooperación.

    Entre las prioridades figuran el comercio de bienes y servicios, la participación británica en programas europeos, la energía, la pesca, el transporte, las normas agroalimentarias y la seguridad. El Gobierno británico también ha señalado que quiere reducir trámites y costes para agricultores, productores y empresas.

    La dimensión estratégica es especialmente importante. Reino Unido continúa siendo una potencia militar europea, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un aliado fundamental de los países comunitarios dentro de la OTAN.

    La guerra de Ucrania, la presión de Rusia y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la seguridad europea refuerzan el interés de ambas partes por mantener una cooperación estrecha. La relación con Londres ya no puede analizarse únicamente desde el prisma comercial: también afecta a la defensa, los servicios de inteligencia y la estabilidad del continente.

    No obstante, la reconciliación política no equivale a una vuelta automática al mercado único ni a la readmisión británica en la UE. Bruselas ha mantenido que cualquier retorno pleno tendría que seguir los procedimientos de adhesión previstos para los países candidatos. No existe, por tanto, un atajo institucional para revertir el Brexit.

    Cinco países europeos negocian con Ruanda un centro de retorno migratorio

    El otro gran asunto que planea sobre la cumbre es el endurecimiento de la política migratoria europea. Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos han anunciado que trabajan con Ruanda para establecer un centro de retorno destinado a personas que carecen de derecho a permanecer en sus respectivos territorios y que ya han agotado las vías legales para recurrir su expulsión.

    La iniciativa fue presentada el 16 de noviembre y contempla que los cinco Estados financien el proyecto junto con el Gobierno ruandés. La Comisión Europea ha participado como observadora en las conversaciones, mientras que organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR han aportado asesoramiento.

    El planteamiento oficial es que el centro no se utilizaría para tramitar solicitudes de asilo. Su objetivo sería recibir a personas con una decisión de retorno ejecutable cuando no resulte posible materializar su expulsión al país de origen.

    Los gobiernos implicados sostienen que quienes sean trasladados podrán integrarse en Ruanda si cumplen los requisitos para residir allí o abandonar voluntariamente el país hacia otro destino en el que puedan establecerse legalmente.

    El Ejecutivo neerlandés ha explicado que la primera fase se centraría en hombres adultos, con exclusión de menores no acompañados. Los detalles sobre selección, alojamiento, garantías y funcionamiento todavía deben concretarse.

    La previsión de los países participantes es alcanzar un acuerdo operativo y comenzar los primeros traslados en 2027. El proyecto se plantea inicialmente como una experiencia piloto, no como un sistema de deportaciones masivas ya en funcionamiento.

    El plan británico de Ruanda fracasó tras años de batalla judicial

    La nueva iniciativa europea recuerda inevitablemente al acuerdo que Reino Unido firmó con Ruanda durante el Gobierno conservador. Aquel proyecto pretendía enviar al país africano a solicitantes de asilo para que sus peticiones fueran tramitadas allí, en lugar de hacerlo en territorio británico.

    La propuesta se convirtió en uno de los símbolos de la política migratoria impulsada por el Ejecutivo de Boris Johnson. Sin embargo, nunca llegó a funcionar como estaba previsto.

    El plan se encontró con una fuerte oposición política y judicial. El Tribunal Supremo británico declaró ilegal la política en noviembre de 2023, al considerar que existía un riesgo real de que algunas personas enviadas a Ruanda acabaran siendo devueltas a países donde podían sufrir persecución o malos tratos. También hubo obstáculos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

    El Gobierno laborista que llegó al poder en 2024 decidió cancelar definitivamente el proyecto. La factura económica fue muy elevada y el número de personas trasladadas resultó insignificante frente a los objetivos anunciados. La información publicada por 20minutos cifra el gasto en 850 millones de libras y señala que únicamente cuatro personas viajaron a Ruanda de forma voluntaria.

    La diferencia que subrayan ahora los gobiernos europeos es relevante: el plan británico pretendía trasladar a solicitantes de asilo mientras se examinaban sus solicitudes; el nuevo modelo se dirige a personas cuyas vías legales para permanecer en la UE ya se han agotado.

    Esa distinción modifica el diseño de la iniciativa, pero no elimina las preguntas jurídicas y humanitarias. El traslado de una persona a un tercer país exige garantías efectivas de protección, respeto al principio de no devolución y mecanismos para comprobar que no se vulneran sus derechos.

    Ruanda rechaza convertirse en destino de asentamientos masivos

    El Gobierno ruandés ha presentado la iniciativa como una asociación con varios Estados europeos y no como un simple acuerdo para recibir deportados. El ministro del Interior, Vincent Biruta, ha defendido que su país puede ofrecer una alternativa legal y segura a personas que ya no tienen derecho a permanecer en Europa.

    Sin embargo, Kigali también ha querido marcar límites. Biruta ha rechazado la idea de que Ruanda vaya a convertirse en el destino de miles de personas trasladadas desde Europa. La integración dependerá de las condiciones que se pacten y de la capacidad del país para asumir el proyecto.

    Los países participantes aseguran que las instalaciones serán abiertas y temporales, pero esa descripción no resuelve por sí sola cuestiones esenciales: cuánto tiempo podrán permanecer allí los migrantes, qué derechos tendrán, quién supervisará las condiciones de alojamiento y qué ocurrirá si no pueden regresar a sus países de origen ni establecerse legalmente en Ruanda.

    La financiación también será determinante. Los gobiernos europeos han asumido que deberán sufragar los costes del dispositivo, aunque todavía quedan aspectos económicos y operativos por cerrar.

    El debate europeo: control de fronteras frente a garantías jurídicas

    La creación de centros de retorno fuera de la UE refleja un cambio de orientación en el debate migratorio europeo. Durante años, las políticas comunitarias se han enfrentado a una dificultad persistente: conseguir que las decisiones de expulsión se ejecuten cuando las personas afectadas no tienen derecho a permanecer en territorio europeo.

    Los gobiernos partidarios de los centros externos argumentan que un sistema de asilo pierde credibilidad si las resoluciones de retorno no se cumplen. También sostienen que una mayor capacidad de expulsión puede reducir los incentivos de las redes de tráfico de personas y desincentivar las entradas irregulares.

    Pero la externalización no está exenta de riesgos. Organizaciones humanitarias y expertos en derecho migratorio cuestionan que un país tercero pueda garantizar siempre la protección de las personas trasladadas. También advierten de que los Estados europeos no pueden eludir sus obligaciones legales mediante acuerdos con gobiernos extranjeros.

    El principio de no devolución prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves. Por ello, el diseño del centro, la supervisión independiente y el acceso a recursos efectivos serán elementos decisivos para determinar si el proyecto puede superar el control judicial.

    La Comisión Europea ha participado en las conversaciones como observadora, pero eso no significa que todos los detalles del mecanismo estén aprobados ni que cualquier traslado futuro vaya a quedar automáticamente avalado por las instituciones comunitarias.

    Una Europa que busca aliados y endurece su política migratoria

    La cumbre entre la UE y Reino Unido llega en un momento de reajuste político. Bruselas quiere recuperar la cooperación con un socio estratégico que abandonó el bloque, mientras varios gobiernos comunitarios reclaman instrumentos más contundentes para ejecutar las expulsiones de inmigrantes sin derecho de residencia.

    Ambos movimientos responden a una misma preocupación: la capacidad de Europa para defender sus intereses y hacer cumplir sus decisiones en un contexto internacional cada vez más complejo.

    El acercamiento con Londres puede reforzar la seguridad y la economía europeas, pero no borra las consecuencias del Brexit ni garantiza una futura reincorporación británica. Del mismo modo, el centro de retorno en Ruanda puede convertirse en un precedente para la política migratoria, pero su eficacia dependerá de que funcione y supere las exigencias legales.

    La cuestión de fondo es si Europa será capaz de combinar el control efectivo de sus fronteras con el respeto a sus propias normas. La cumbre de Bruselas y el proyecto de Ruanda muestran que el debate migratorio y el futuro de la relación con Reino Unido forman ya parte de una misma discusión sobre el rumbo político del continente.

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