La empresa propietaria de la vivienda ha planteado al Ayuntamiento de Madrid que gestione el inmueble mediante un alquiler social o asequible para Maricarmen, de 87 años, desalojada esta semana de la casa en la que vivía desde 1956.
El Ayuntamiento debe decidir ahora sobre la propuesta
Urbagestión, propietaria del inmueble, ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que la vivienda pueda ser gestionada por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y destinada nuevamente a Maricarmen mediante un alquiler asequible.
La propuesta llega pocos días después de que la mujer, de 87 años, fuera desalojada de la vivienda en la que residía desde que tenía 17 años. Según la información publicada el 25 de septiembre de 2026 por elDiario.es, el Consistorio ya ha recibido la oferta y debe estudiar ahora sus condiciones.
La abogada de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas aseguraron a ese medio que no tenían constancia de la propuesta en el momento de publicarse la información. elDiario.es también señaló que había consultado a Urbagestión, sin obtener respuesta.
Un desahucio después de 70 años en la vivienda
El desalojo se ejecutó esta semana por orden judicial. Maricarmen había llegado al inmueble en 1956, cuando tenía 17 años, y permaneció allí durante aproximadamente siete décadas.
La operación terminó con la mujer saliendo de la vivienda en camilla, en un contexto marcado por su delicado estado de salud y por las protestas de personas concentradas ante el inmueble.
El procedimiento había sido promovido por Urbagestión, según la información publicada por elDiario.es. La ejecución judicial abrió un amplio debate sobre las alternativas habitacionales disponibles para una persona de edad avanzada que llevaba décadas residiendo en el mismo domicilio.
Distintas propuestas antes del desalojo
La nueva oferta de Urbagestión se produce después de que durante las semanas anteriores se plantearan distintas alternativas para evitar que Maricarmen perdiera su vivienda.
Entre ellas figuraron:
- Una propuesta del músico James Rhodes para asumir el alquiler o adquirir la vivienda.
- La posibilidad planteada por el Ministerio de Vivienda de estudiar la compra del inmueble a través de la empresa pública Casa 47.
- El ofrecimiento de una particular que se mostró dispuesta a pagar el alquiler reclamado por la propiedad.
Según la información difundida, ninguna de esas alternativas evitó finalmente la ejecución del desahucio.
¿Cómo funcionaría el alquiler a través de la EMVS?
Una de las posibilidades mencionadas es recurrir al programa Reviva, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid destinada a incorporar viviendas privadas al mercado del alquiler mediante la gestión municipal.
El programa ofrece a los propietarios determinadas garantías y servicios a cambio de ceder la gestión del alquiler. Entre las prestaciones contempladas figuran la cobertura del seguro del hogar, determinadas reparaciones ordinarias, el pago del IBI y otros gastos asociados a la vivienda, según las condiciones del programa.
La EMVS se encarga de la gestión de los inmuebles incorporados y de la selección de los perfiles que pueden acceder a ellos conforme a los criterios establecidos.
La eventual utilización de este mecanismo para el caso de Maricarmen requeriría, por tanto, que el Ayuntamiento aceptase la propuesta y concretase las condiciones del alquiler.
La respuesta municipal, pendiente
El caso sitúa ahora al Ayuntamiento de Madrid ante una decisión diferente de la que se planteaba antes del desalojo.
Hasta este momento, según la información publicada, las alternativas ofrecidas por los servicios municipales no habían permitido que Maricarmen permaneciera en su vivienda. Entre las opciones mencionadas se encontraba una plaza residencial que, según el relato publicado, resultaba económicamente difícil de asumir con sus ingresos.
La nueva propuesta permitiría estudiar una solución que mantuviera a la mujer en el mismo inmueble, aunque dependerá de las condiciones que establezcan la propiedad y el Ayuntamiento.
El caso vuelve a abrir el debate sobre vivienda y personas mayores
El caso de Maricarmen se ha convertido en un ejemplo del conflicto que puede surgir cuando coinciden derecho de propiedad, protección de personas vulnerables y políticas públicas de vivienda.
También plantea una cuestión práctica: qué mecanismos deben utilizar las administraciones cuando una persona de edad avanzada afronta la pérdida de su vivienda habitual después de varias décadas de residencia.
La respuesta municipal determinará ahora si el inmueble puede incorporarse a un sistema de alquiler gestionado por la EMVS y si Maricarmen puede regresar a la vivienda en la que residió durante la mayor parte de su vida.
La situación permanece abierta y las condiciones concretas de la propuesta de Urbagestión todavía deben ser conocidas y valoradas por el Ayuntamiento de Madrid y por la propia afectada.
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