Una grabación contradice elementos de la primera versión sobre la intervención policial y vuelve a poner bajo el foco el uso de una pistola táser y la asistencia recibida por el joven antes de morir.
El caso de Ander Sáenz, un vecino de Santurtzi de 30 años, vuelve a generar polémica después de que un vídeo haya mostrado imágenes de su reducción por agentes de la Policía Local que no encajaban con algunos elementos de la primera reconstrucción pública de los hechos.
La intervención tuvo lugar el 22 de junio. Ander falleció dos días después en el Hospital de Cruces. La investigación judicial continúa abierta y trata de determinar qué ocurrió exactamente, cómo se desarrolló la intervención y si existe alguna responsabilidad relacionada con la actuación policial o con la asistencia posterior.
El vídeo que cambia el foco sobre el caso Ander Sáenz
Las imágenes fueron grabadas desde un edificio próximo al lugar de los hechos y posteriormente difundidas por la plataforma Justizia Anderrentzat, creada por familiares y allegados del joven.
En ellas se observa a tres agentes reduciendo a Ander en el suelo y, posteriormente, el empleo de una pistola táser. El vídeo ha adquirido especial relevancia porque introduce elementos que no aparecían con el mismo detalle en la primera explicación pública ofrecida por las autoridades municipales.
La existencia de la grabación no permite, por sí sola, establecer una relación causal entre la descarga eléctrica y el fallecimiento. Esa cuestión corresponde a la investigación judicial y médica.
Pero sí plantea una pregunta relevante: ¿por qué determinados elementos de la intervención no aparecieron inicialmente en la información trasladada públicamente?
Ese es precisamente uno de los puntos que ahora deberá aclararse.
Qué ocurrió el 22 de junio
Según la reconstrucción inicial difundida por el Ayuntamiento de Santurtzi, Ander había acudido a la comisaría de la Policía Local.
Tras llamar al timbre, salió corriendo. Poco después, según esa versión, arrebató un bastón a una persona mayor, que cayó al suelo, lo que desencadenó la persecución de los agentes. La Policía Local consiguió alcanzarlo aproximadamente a 200 metros de la comisaría.
Fue entonces cuando se produjo la reducción.
Posteriormente se solicitó una ambulancia para trasladarlo a un centro sanitario. Ander murió el 24 de junio, dos días después de la intervención.
Con el paso de las semanas aparecieron nuevos datos que han complicado la reconstrucción inicial.
La familia y la plataforma que reclama justicia sostienen que Ander había sufrido un brote psicótico y que acudir a la comisaría era una conducta que había realizado anteriormente. Este elemento resulta especialmente relevante para analizar qué protocolos debían aplicarse ante una persona que presentaba una alteración de su estado mental.
Una hora hasta la llegada de la ambulancia
Otro de los aspectos que ha adquirido protagonismo es el periodo transcurrido entre la intervención policial y la llegada de los servicios sanitarios.
Según la información difundida por EL PAÍS a partir de datos del Servicio Vasco de Salud, Ander quedó semiinconsciente y con respiración entrecortada después de la descarga.
La ambulancia tardó aproximadamente una hora en llegar, según esa reconstrucción. Además, los hechos ocurrieron durante una ola de calor que afectaba a Euskadi, con temperaturas próximas a los 40 grados en el momento de la intervención.
Los informes de Emergencias y Urgencias consultados por el medio no recogían inicialmente que los agentes hubieran utilizado una pistola táser.
Este punto resulta especialmente importante porque la información disponible sobre el estado del joven y la actuación policial forma ahora parte de las diligencias judiciales.
Que una circunstancia no aparezca inicialmente en un informe no demuestra por sí mismo que existiera una ocultación deliberada, pero sí justifica que se investigue por qué no quedó reflejada y qué información recibió el personal sanitario.
El Ayuntamiento pide ahora un nuevo informe
La difusión del vídeo ha obligado al Ayuntamiento de Santurtzi a revisar su posición inicial.
La alcaldesa, Itziar Carrocera, del PNV, ha calificado las imágenes de «duras» y ha asegurado que determinados aspectos de la actuación resultan «difícilmente justificables». El consistorio ha solicitado un informe detallado a los responsables de la intervención.
El Ayuntamiento también ha afirmado que sus responsables no habían visto anteriormente las imágenes difundidas por la plataforma.
Carrocera ha reclamado además que cualquier persona que disponga de vídeos o fotografías los entregue a quienes investigan el caso y no se limite a difundirlos en redes sociales.
La petición tiene una importancia especial en una investigación en la que las imágenes pueden convertirse en una prueba fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos.
EH Bildu exige responsabilidades
La oposición municipal ha elevado todavía más la presión sobre el Gobierno local.
EH Bildu considera que el vídeo muestra un uso de la fuerza que califica de desproporcionado una vez que Ander se encontraba reducido en el suelo. Su portavoz, Beñat Goikoetxea, ha reclamado una rectificación pública de la alcaldesa y ha pedido responsabilidades para los agentes implicados.
La formación también ha planteado la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión cautelar de los policías mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, estas son peticiones políticas, no resoluciones judiciales. Los agentes no han sido declarados responsables de ningún delito y la investigación continúa abierta.
Esta distinción es fundamental para evitar convertir una controversia política y policial en una condena anticipada.
La investigación judicial sigue abierta
El caso ya se encuentra en los tribunales.
El procedimiento está todavía en fase de investigación, por lo que el juez está recopilando declaraciones, documentación y otras pruebas antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual fase de juicio.
Entre las diligencias se encuentran:
- Fotografías y vídeos de la intervención.
- Documentación sobre los protocolos policiales para el uso de pistolas táser.
- La reconstrucción de la actuación de los agentes.
- Los procedimientos establecidos ante personas que sufren un brote psicótico o una alteración del estado mental.
- La documentación sanitaria relacionada con el estado de Ander después de la intervención.
La abogada de la familia, Irati Agirre, ha confirmado que estas diligencias forman parte de la investigación judicial.
Por tanto, todavía quedan cuestiones esenciales por resolver.
El vídeo no demuestra por sí solo la causa de la muerte
Este es probablemente el punto que más rigor exige en el tratamiento del caso.
Las imágenes pueden demostrar cómo se desarrolló una parte de la intervención, pero no determinan automáticamente por qué murió Ander dos días después.
Para establecer una eventual relación causal sería necesario analizar conjuntamente la actuación policial, las lesiones, el estado previo del joven, la asistencia sanitaria recibida, la evolución clínica y las conclusiones médico-forenses.
La propia existencia de una investigación judicial responde precisamente a esa necesidad.
Una actuación policial puede ser cuestionada sin que esté demostrada todavía una relación causal con un fallecimiento. Del mismo modo, si una investigación acredita irregularidades, estas deberán depurarse con todas las consecuencias que correspondan.
Una movilización de más de 10 000 personas
La controversia ha provocado una importante reacción social en Santurtzi.
El 3 de octubre, miles de personas participaron en una manifestación convocada por Justizia Anderrentzat para reclamar el esclarecimiento de la muerte y responsabilidades. La plataforma cifró la asistencia en más de 10 000 personas.
La marcha estuvo encabezada por familiares y amigos de Ander.
Los convocantes reclaman que el joven sea reconocido como víctima de violencia policial y exigen que se depuren responsabilidades. También han planteado una revisión del uso de las pistolas táser.
La dimensión de la protesta muestra que el caso ha dejado de ser únicamente un asunto policial o judicial y se ha convertido en un problema político y social de primer orden en Santurtzi.
También se han producido amenazas contra la alcaldesa
La tensión alrededor del caso ha alcanzado igualmente a la política municipal.
El PNV de Santurtzi denunció ante la Ertzaintza amenazas, insultos y coacciones contra la alcaldesa Itziar Carrocera. Entre las imágenes difundidas en redes sociales había una en la que el rostro de la regidora aparecía dentro de una diana.
La formación nacionalista condenó estas amenazas y pidió que se investigaran.
El episodio evidencia que la polémica ha alcanzado un nivel de confrontación preocupante.
Exigir explicaciones a las instituciones es legítimo; amenazar a representantes públicos no lo es. La investigación de la actuación policial y la investigación de las amenazas deben desarrollarse por separado y con las mismas garantías.
El antecedente de las oposiciones a la Policía Local
El caso ha adquirido todavía mayor dimensión porque Santurtzi ya se encontraba bajo el foco por otra investigación relacionada con su Policía Local.
Según EL PAÍS, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en unas oposiciones al cuerpo policial, después de que algunos aspirantes sospecharan que el examen teórico pudo filtrarse antes de su celebración.
Uno de los aspirantes que consiguió plaza sería, según esas informaciones, una persona próxima a la entonces concejala de Seguridad. EL PAÍS señala que se trataría de su pareja, aunque precisa que esa relación sentimental no fue comunicada oficialmente.
Se trata, nuevamente, de una investigación sobre presuntas irregularidades, no de hechos judicialmente probados.
La coincidencia temporal de ambos asuntos ha contribuido a aumentar la presión sobre el Ayuntamiento, aunque no existe base para afirmar que ambas investigaciones estén relacionadas.
Un debate que va más allá de la táser
El caso Ander plantea una discusión más amplia sobre el uso de la fuerza policial ante personas con problemas de salud mental o en estados de alteración.
Una pistola táser está diseñada para permitir a los agentes controlar determinadas situaciones a distancia y reducir riesgos en intervenciones potencialmente peligrosas. Pero su utilización debe estar sometida a protocolos y criterios de proporcionalidad.
Por eso, la investigación deberá determinar no solamente si se utilizó la táser, algo que el vídeo permite observar, sino en qué momento se utilizó, cuál era la situación concreta, qué alternativas existían y si el empleo del dispositivo se ajustó a los protocolos vigentes.
También tendrá que esclarecerse qué ocurrió después.
La actuación policial no termina necesariamente en el momento de la reducción. Cuando una persona presenta signos de alteración grave de su estado físico o mental, la asistencia posterior puede resultar determinante.
Las preguntas que siguen sin respuesta
La aparición del vídeo permite avanzar en la reconstrucción, pero también abre nuevas preguntas.
Entre las principales están:
- ¿Por qué no aparecía inicialmente el uso de la táser en los informes sanitarios citados?
- ¿En qué momento exacto se produjo la descarga?
- ¿Cuántas descargas se realizaron y durante cuánto tiempo?
- ¿Qué estado presentaba Ander inmediatamente después?
- ¿Por qué transcurrió aproximadamente una hora hasta la llegada de la ambulancia?
- ¿Qué protocolos tenía establecidos la Policía Local para intervenir ante un posible brote psicótico?
- ¿Se siguieron esos protocolos?
- ¿Existe una relación médica entre la intervención y el fallecimiento?
- ¿Hubo errores individuales, fallos de procedimiento o una combinación de circunstancias?
- ¿Qué conclusiones adoptará finalmente el juez?
Responder a estas cuestiones exige pruebas, informes médicos, documentación policial y testimonios, no únicamente interpretaciones políticas o vídeos difundidos en redes.
El reto para las instituciones
El Ayuntamiento de Santurtzi tiene ahora una responsabilidad evidente: facilitar toda la información necesaria para que la investigación avance con transparencia.
Si se detectan irregularidades, deberán depurarse responsabilidades. Si la actuación fue conforme a la normativa, también será necesario explicarlo con claridad.
Lo que no puede sustituir a una investigación es la presión política, independientemente de quién la ejerza.
El caso de Ander Sáenz ha provocado una movilización social extraordinaria y ha puesto bajo el foco el funcionamiento de la Policía Local, el uso de las pistolas táser y la respuesta ante personas en crisis.
La investigación judicial tendrá que determinar dónde están las responsabilidades, si las hubo.
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