El Colegio de Psicología denuncia recursos tensos, CIM desbordados y terapias limitadas ante casos de especial gravedad.
La violencia de género en Galicia vuelve a poner el foco en una carencia que rara vez ocupa el centro del debate público: no basta con denunciar si después faltan medios, continuidad asistencial y coordinación real entre servicios. Los psicólogos gallegos advierten de que el sistema llega con dificultades a los momentos más delicados.
Profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Galicia han reclamado reforzar la prevención, ampliar el acompañamiento psicológico a las víctimas y actuar también sobre los hombres que ejercen violencia. Lo hacen con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y con un mensaje claro: sin recursos suficientes, la respuesta institucional corre el riesgo de quedarse corta.
Según explica la entidad, la respuesta frente a la violencia de género en Galicia debe cubrir a la vez la protección de las víctimas, su atención psicológica y la intervención sobre las conductas violentas de los agresores. Los profesionales sostienen que trabajar sobre esas conductas es esencial si se quiere avanzar en prevención y no limitar la actuación al momento posterior al daño.
Los psicólogos piden más prevención y más medios
El Colegio Oficial de Psicología de Galicia, en colaboración con la Xunta, dispone en la actualidad de tres recursos de intervención: un programa para la recuperación de las víctimas, otro orientado a hombres que ejercen conductas violentas y un servicio de atención inmediata en situaciones de crisis.
Este último también atiende a hijos e hijas menores y a otras personas del entorno familiar afectadas. Se trata de un servicio permanente que, según la información facilitada por la entidad colegial, se activa a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a los protocolos vigentes.
La organización insiste en que la prevención no puede entenderse solo como campañas de sensibilización. A su juicio, prevenir también exige intervenir de forma específica con quienes ejercen la violencia. En esa línea, el programa dirigido a hombres busca, mediante atención psicológica individualizada, favorecer la asunción de responsabilidad por los comportamientos violentos, enseñar estrategias de resolución de conflictos sin violencia y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
Ese acceso es, según el Colegio, voluntario, gratuito y anónimo. Además, precisan que este recurso está pensado para hombres sobre los que no pesa ninguna medida cautelar ni sentencia condenatoria. Es un matiz relevante, porque delimita qué tipo de perfiles pueden entrar en ese circuito de intervención.
El gran problema: apoyo desigual y acompañamiento incompleto
Uno de los puntos más sensibles señalados por los psicólogos afecta al recorrido judicial de las víctimas. La entidad admite que lo ideal sería que estuvieran acompañadas durante todo el proceso, pero reconoce que el sistema no está diseñado así en la práctica.
Desde su punto de vista, resulta fundamental que las mujeres cuenten con apoyo psicológico en todos los momentos de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando se produce la interposición de la denuncia. Es justamente ahí donde muchas víctimas se enfrentan a una enorme carga emocional, incertidumbre y miedo a las consecuencias personales, familiares y judiciales.
En ese contexto, el Colegio subraya la importancia de reforzar y dar a conocer A Quenda, el servicio de atención psicológica de guardia. Este recurso permite prestar asistencia especializada cuando no hay profesionales de la psicología disponibles en las oficinas de atención a las víctimas de los juzgados o cuando la situación ocurre fuera del horario habitual.
La propia entidad remarca otro problema de fondo: no siempre las mujeres conocen la existencia de este recurso ni saben que pueden solicitar su intervención. La carencia puede notarse todavía más en los juzgados pequeños, donde la disponibilidad de profesionales especializados es más limitada.
Qué recursos existen hoy en los juzgados gallegos
El Colegio recuerda que en los juzgados de Galicia operan dos recursos diferenciados para la atención a víctimas:
- Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, con profesionales de psicología y trabajo social especializados.
- Equipos psicosociales y Unidades de Valoración Forense Integral, cuya función es pericial.
Las oficinas de asistencia están presentes en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Sin embargo, el Colegio introduce una precisión importante para evitar equívocos: el protocolo gallego contempla apoyo psicológico, pero no garantiza que una misma profesional acompañe físicamente a la víctima en cada actuación judicial.
En otras palabras, una cosa es tener derecho a recibir atención y otra muy distinta disponer de un acompañamiento presencial individualizado en todas las fases del proceso. Esa diferencia, que puede parecer técnica, tiene un impacto real sobre la experiencia de la víctima y sobre la sensación de respaldo efectivo que recibe del sistema.
CIM desbordados y sesiones insuficientes
Uno de los diagnósticos más duros del Colegio afecta a los Centros de Información a la Mujer. Según trasladan los profesionales, los CIM están desbordados por la elevada demanda asistencial, pese a desempeñar una labor considerada fundamental en la red de atención.
Ese atasco obliga, en determinados casos, a derivar a las mujeres a programas especializados de atención psicológica. El problema es que esos programas arrastran a su vez una limitación que el Colegio considera seria: el número de sesiones suele fijarse en diez, con un máximo de quince.
Para los psicólogos, esa intervención puede ser suficiente en muchos supuestos, pero resulta insuficiente en los casos más graves, especialmente cuando existen situaciones asociadas al trauma complejo. En esos escenarios, sostienen, se necesitan tratamientos más prolongados y seguimiento continuado.
La crítica no cuestiona la existencia de recursos, sino su capacidad real para responder a la complejidad de los casos. El mensaje de fondo es incómodo para cualquier administración: abrir servicios no basta si luego la intensidad o la duración de la atención no se ajustan a la necesidad clínica.
Coordinación entre recursos: la asignatura pendiente
Otro de los ejes del pronunciamiento del Colegio Oficial de Psicología de Galicia es la falta de una coordinación más fuerte entre los distintos dispositivos de atención. Los profesionales defienden que los servicios no pueden funcionar de manera aislada si se quiere garantizar una atención integral.
Por ello, plantean varias necesidades concretas:
- Mejorar la coordinación entre todos los recursos existentes.
- Reforzar los medios humanos y asistenciales.
- Facilitar tratamientos psicológicos más largos cuando la situación lo requiera.
- Dar más visibilidad a los recursos de guardia y apoyo en sede judicial.
La advertencia tiene también una lectura política y de gestión pública. Si las profesionales de primera línea están saturadas y las sesiones no alcanzan en los casos severos, el debate ya no es solo sanitario o social, sino también de prioridades institucionales. El sistema puede proclamar derechos, pero su credibilidad se mide cuando esos derechos se traducen en acompañamiento real y sostenido.
Recuperar la vida tras la violencia
El Colegio sostiene que, en principio, es posible recuperar la normalidad después de vivir una situación de violencia de género. Ahora bien, precisa que ese proceso depende en buena medida de la capacidad de resiliencia de cada persona y del recorrido de recuperación que consiga desarrollar.
Los profesionales añaden que recuperar la normalidad no significa volver exactamente al punto anterior, sino reconstruir la vida incorporando aprendizajes y herramientas adquiridas durante la terapia. En la mayoría de los casos, señalan, las mujeres pueden retomar su actividad laboral, sus relaciones personales y su vida cotidiana.
Ese es, precisamente, uno de los grandes objetivos de la atención psicológica: recuperar bienestar, autonomía y una vida normalizada, además de dotar a las víctimas de instrumentos para detectar nuevas situaciones de violencia, protegerse y pedir ayuda o denunciar cuando sea necesario.
Violencia de género en Galicia: un debate que va más allá del titular
La advertencia del Colegio Oficial de Psicología de Galicia deja una conclusión difícil de esquivar: la violencia de género en Galicia no se combate solo con declaraciones institucionales ni con protocolos sobre el papel. Según los profesionales, hacen falta más medios, más continuidad terapéutica y una red menos fragmentada.
La cuestión de fondo es si las administraciones están respondiendo con la intensidad que exige la realidad asistencial. Cuando los CIM se ven desbordados, cuando el acompañamiento durante el proceso judicial no siempre está garantizado y cuando hay casos graves que superan el límite habitual de sesiones, el problema deja de ser abstracto. Se convierte en una prueba concreta sobre la eficacia de los recursos públicos y sobre la capacidad del sistema para proteger de verdad a las víctimas.
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