Las solicitudes admitidas pasan de más de 2,5 millones en 2023 a poco más de un millón en 2026. La caída reabre el debate sobre la transparencia electoral, la custodia de las papeletas y el acceso de los partidos a los datos del proceso.
El voto por correo ha experimentado un fuerte retroceso en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Según los datos atribuidos al Instituto Nacional de Estadística (INE) y facilitados a la Junta Electoral Central (JEC), Correos ha admitido 1 036 217 solicitudes, frente a las 2 505 492 contabilizadas en la comparación publicada con las elecciones generales de julio de 2023.
La diferencia representa un descenso aproximado del 58,6 %, prácticamente seis de cada diez solicitudes. El plazo para pedir esta modalidad de voto terminó el jueves 19 de noviembre, por lo que el dato permite conocer ya la dimensión de la demanda registrada para los próximos comicios.
La cifra llega en un contexto de controversia sobre las garantías del sistema electoral. El Partido Popular y Vox han reclamado más información sobre la evolución de las solicitudes, la entrega de documentación y la custodia de los sobres. El Gobierno, por su parte, sostiene que la información que recibe Interior sirve para supervisar el correcto funcionamiento del servicio postal.
El retroceso es significativo, pero no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad. Para entender su alcance hay que analizar el contexto de las elecciones de 2023, las diferencias entre solicitudes y votos efectivamente emitidos y las garantías que regulan el procedimiento.
El voto por correo pierde más de la mitad de las solicitudes de 2023
Los datos difundidos al cierre del plazo muestran una diferencia considerable entre las dos convocatorias:
| Indicador | Generales de 2023 | Generales de 2026 |
|---|---|---|
| Solicitudes admitidas en la comparación publicada | 2 505 492 | 1 036 217 |
| Diferencia absoluta | — | -1 469 275 |
| Variación porcentual | — | -58,6 % |
La comparación se refiere a las solicitudes admitidas, no al número de papeletas que finalmente llegaron a las mesas electorales. Son dos magnitudes distintas y no deben confundirse.
Además, existen diferentes cifras oficiales y estadísticas publicadas para 2023, dependiendo del momento del recuento y del indicador utilizado. El INE recoge 2 604 386 solicitudes aceptadas, mientras que Correos comunicó 2 622 808 solicitudes y 2 471 935 votos efectivamente entregados en el proceso del 23 de julio.
Por tanto, la comparación debe realizarse siempre con la misma metodología. La caída de 2026 resulta evidente, pero conviene no mezclar cifras de solicitudes, peticiones admitidas y sobres finalmente depositados.
El verano de 2023 explica parte del récord del voto postal
Una de las diferencias más importantes entre ambas convocatorias está en el calendario electoral.
Las elecciones generales de 2023 se celebraron el 23 de julio, en pleno periodo vacacional. Millones de españoles tenían previsto desplazarse durante el verano, por lo que el voto postal se convirtió en una alternativa para quienes no podían acudir a su colegio electoral el día de los comicios.
La convocatoria de noviembre de 2026 presenta unas circunstancias diferentes. La jornada electoral tendrá lugar el día 29, fuera del periodo tradicional de vacaciones estivales.
Este factor resulta relevante para interpretar las cifras. No sería correcto atribuir automáticamente toda la caída a una pérdida de confianza en Correos o en el sistema electoral. El calendario, los hábitos de desplazamiento y las preferencias personales también influyen en la elección de la modalidad de voto.
De hecho, el volumen de solicitudes de voto postal ha variado históricamente entre elecciones. La convocatoria de julio de 2023 registró un récord que no puede utilizarse como referencia neutral sin tener en cuenta el contexto.
La falta de información diaria sobre el voto por correo alimenta la controversia
Más allá del número final de solicitudes, uno de los asuntos que ha generado debate es la publicación de los datos durante el periodo de solicitud.
En las elecciones de 2023, la evolución del voto por correo fue comunicándose progresivamente. En cambio, en la convocatoria de 2026 la información agregada no se hizo pública con la misma antelación, según las informaciones difundidas durante la campaña.
La cuestión tiene relevancia porque existe una disposición oficial que regula la información que Correos debe facilitar al Ministerio del Interior.
La Orden PJC/1461/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece que Correos debe informar diariamente a Interior sobre la evolución de las solicitudes, la entrega de documentación a los electores y los envíos recibidos con destino a las mesas electorales. También contempla la comparación con procesos anteriores.
El texto oficial establece que esa información se facilita al Ministerio del Interior. No determina que los datos deban publicarse diariamente para toda la ciudadanía ni que deban remitirse automáticamente a todas las candidaturas.
Esta diferencia es importante. La existencia de información en poder de la Administración no significa que esté disponible públicamente en tiempo real. Pero también plantea una cuestión legítima sobre la transparencia: ¿deberían conocer la Junta Electoral Central y todas las candidaturas los mismos datos agregados y con la misma periodicidad?
El PP reclama igualdad de acceso a los datos y el Gobierno defiende el procedimiento
El Partido Popular ha solicitado a la Junta Electoral Central que la información que Correos facilita a Interior se comparta en las mismas condiciones con el órgano electoral y con todas las formaciones políticas.
Los populares sostienen que los datos sobre solicitudes, documentación entregada y votos recibidos son especialmente relevantes durante una campaña electoral. Su argumento es que ninguna candidatura debería disponer de información privilegiada sobre la evolución del voto postal.
Desde el Ministerio del Interior se ha defendido que Correos remite esos datos para que el departamento pueda comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones del servicio postal durante el proceso electoral.
La controversia no se limita, por tanto, a la cantidad de solicitudes. También afecta a la transparencia institucional y a la igualdad de acceso a la información electoral.
La Junta Electoral Central tiene un papel fundamental en la supervisión del proceso y en la resolución de las reclamaciones que se presenten. Sin embargo, no debe confundirse una petición de información con la constatación de una irregularidad: para adoptar medidas extraordinarias hacen falta elementos concretos que las justifiquen.
Qué controles existen para impedir manipulaciones del voto postal
El procedimiento del voto por correo incluye distintas comprobaciones destinadas a garantizar que la documentación corresponde al elector y que el sufragio llega a la mesa electoral correspondiente.
Uno de los cambios más importantes se produjo en junio de 2023, cuando la Junta Electoral Central aprobó la Instrucción 5/2023, que reforzó la identificación del votante al entregar el sobre con su papeleta en Correos.
Desde entonces, el elector debe identificarse al depositar el voto postal. Si no puede acudir personalmente, puede autorizar a otra persona en las condiciones establecidas por la normativa.
Entre las principales garantías figuran:
- Identificación del solicitante: el elector debe acreditar su identidad cuando solicita presencialmente el voto por correo.
- Entrega de la documentación: la documentación electoral se remite mediante los procedimientos establecidos por la Oficina del Censo Electoral.
- Identificación al depositar el voto: Correos debe comprobar la identidad de quien entrega el sobre electoral.
- Custodia de los sobres: Correos debe adoptar medidas para conservar la documentación hasta su entrega a las mesas electorales.
- Entrega a las mesas: los votos se remiten a la mesa correspondiente para su incorporación al escrutinio.
El depósito del sobre en un buzón ordinario no sustituye el procedimiento de entrega en una oficina postal. La identificación es una garantía esencial del sistema.
La OSCE pidió incorporar las garantías del voto postal a la ley
El debate sobre la seguridad del voto por correo también llegó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que analizó las elecciones generales españolas del 23 de julio de 2023.
En su informe final, publicado el 26 de febrero de 2024, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos reconoció que el voto postal constituye un mecanismo alternativo eficaz y que la Administración electoral gestionó correctamente el procedimiento.
Sin embargo, el organismo señaló una cuestión jurídica relevante: la exigencia de identificación al entregar el voto se había introducido mediante una instrucción de la Junta Electoral Central, no mediante una modificación expresa de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
La OSCE consideró que la medida reforzaba las garantías y la confianza en el procedimiento, pero advirtió de que su incorporación mediante una instrucción podía perjudicar la seguridad jurídica.
Por ello recomendó que las salvaguardias, incluido el requisito de identificación del elector al entregar el voto, quedaran recogidas en la legislación electoral.
La recomendación no equivale a afirmar que las elecciones generales de 2023 fueran fraudulentas. El mismo informe describió aquellos comicios como competitivos y pluralistas y consideró que los organismos electorales habían gestionado eficazmente el proceso.
Los casos de presunta compra de votos de 2023 aumentaron la vigilancia
La preocupación por el voto postal también tiene antecedentes concretos. Durante las elecciones municipales de mayo de 2023 se investigaron presuntas irregularidades relacionadas con la compra de votos en distintas localidades.
Uno de los casos más conocidos se produjo en Melilla, donde las investigaciones por una posible compra de votos llevaron a reforzar las medidas de identificación para la entrega de papeletas.
La Junta Electoral Central extendió posteriormente el control de identidad a las oficinas de Correos de todo el país mediante la Instrucción 5/2023.
Estos antecedentes explican por qué el voto postal ha adquirido una dimensión política especialmente sensible. Sin embargo, es imprescindible distinguir entre investigaciones sobre presuntas irregularidades en elecciones municipales y el funcionamiento de las elecciones generales.
Las investigaciones de casos concretos no permiten afirmar que el conjunto del sistema de voto por correo esté manipulado ni que las elecciones generales de 2023 estuvieran afectadas por un fraude generalizado.
Cuándo termina el voto por correo para las elecciones del 29-N
El cierre del plazo de solicitud no significa que el procedimiento haya terminado. Los electores que ya solicitaron esta modalidad deben completar los pasos pendientes dentro del calendario electoral.
Para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, las fechas principales son:
- 19 de noviembre: último día para solicitar el voto por correo.
- 25 de noviembre: fecha límite prevista para depositar el sobre electoral en Correos.
- 29 de noviembre: jornada de votación y entrega de los sobres a las mesas electorales.
Quienes hayan solicitado el voto postal no pueden acudir después a votar presencialmente en su mesa electoral como si no hubieran iniciado el procedimiento. Por eso resulta importante completar correctamente la tramitación y respetar los plazos.
Menos solicitudes, pero ninguna conclusión automática sobre el resultado electoral
El descenso del voto por correo en las elecciones generales de 2026 es un dato relevante. La diferencia respecto a 2023 obliga a analizar las razones del cambio, el efecto del calendario electoral y la confianza de los ciudadanos en los distintos mecanismos de participación.
También deja sobre la mesa una cuestión institucional: la conveniencia de que la información agregada sobre el voto postal se comunique con suficiente transparencia y en condiciones de igualdad para los órganos electorales y las candidaturas.
Pero hay un límite que debe respetarse: el número de solicitudes no revela a quién votan los electores ni permite demostrar un fraude. El voto postal se incorpora al escrutinio general y se mantiene el secreto del sufragio.
La prioridad debe ser garantizar que cada voto válido llegue a su mesa, que la custodia de la documentación sea verificable y que las reglas sean claras para todos. La confianza electoral no se construye con acusaciones sin pruebas, pero tampoco con opacidad innecesaria.
La caída del 58,6 % es un hecho estadístico; la transparencia y las garantías del voto por correo son el verdadero debate institucional que dejan estas elecciones.


