El presidente catalán Salvador Illa presiona a Pedro Sánchez para que la futura ley que limita la colaboración privada en la sanidad pública no afecte al modelo catalán. La Moncloa intenta calmar la tensión mientras Mónica García señala a Madrid y Valencia.
Cataluña planta cara al Gobierno por la sanidad privada
El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, ha provocado una auténtica tormenta política interna en el propio bloque socialista.
El texto impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, pretende restringir drásticamente la colaboración entre el sector público y el privado en la sanidad española. Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat, presidido por el socialista Salvador Illa, ha reaccionado con contundencia: Cataluña exige quedar fuera de la aplicación de la norma.
Desde el Palau de la Generalitat se trasladó de inmediato a la Moncloa un mensaje claro: la ley “no puede afectar al SISCAT”, el modelo sanitario catalán que combina red pública y conciertos con centros privados desde hace más de cuatro décadas.
¿Qué es el SISCAT y por qué preocupa en Cataluña?
El SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya) se basa en una estructura mixta donde hospitales y centros privados concertados forman parte estable del sistema público de atención.
Este modelo quedó consolidado en el Decreto 196/2010, aunque sus raíces se remontan a 1981, cuando Cataluña asumió las competencias sanitarias. En aquel momento, los hospitales transferidos por el Estado eran insuficientes para atender a la población, lo que obligó a integrar centros concertados de forma permanente.
Desde entonces, los conciertos sanitarios han sido una pieza estructural del modelo catalán, no una excepción temporal. De hecho, Cataluña fue la primera comunidad en asumir las competencias en Sanidad, culminando el proceso en 1986.
La alarma saltó tras una lectura inicial del anteproyecto. Según fuentes del socialismo catalán, el texto “nos puso los pelos de punta”. El temor era evidente: que en el intento de frenar a la Comunidad de Madrid, el Gobierno terminara dinamitando su propio modelo en Cataluña.
Mónica García señala a Madrid y Valencia
En una entrevista en RNE, la ministra Mónica García fue explícita al fijar el objetivo político de la norma. Aseguró que quiere acabar con el “chollo” que, a su juicio, existe en la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y denunció lo que calificó como “malversación de caudales públicos”.
Además, citó como ejemplo el Hospital de Alzira, en la Comunidad Valenciana, vinculado históricamente al modelo de concesión administrativa sanitaria.
Sin embargo, no mencionó en ningún momento los conciertos sanitarios catalanes. Un silencio que en el Govern se interpreta como una señal de que Cataluña podría quedar al margen de las restricciones más severas.
¿Ley ideológica o reforma estructural?
El conflicto deja en evidencia una contradicción política de fondo: mientras el Gobierno central presenta la ley como una defensa de la sanidad pública frente a la privatización, Cataluña sostiene uno de los modelos más consolidados de colaboración público-privada en España.
La pregunta es inevitable:
¿Es la norma una reforma estructural coherente para todo el país o una herramienta de confrontación política dirigida contra gobiernos autonómicos del Partido Popular?
Si finalmente Cataluña queda exenta, el Ejecutivo de Sánchez tendrá que explicar por qué un modelo es “malversación” en Madrid pero “estructura histórica” en Barcelona.
El equilibrio imposible de Sánchez
La situación coloca a Pedro Sánchez en una posición incómoda. Por un lado, necesita mantener la cohesión de su discurso contra la “privatización”. Por otro, no puede permitirse un choque frontal con el presidente catalán, pieza clave en la estabilidad parlamentaria.
Desde la Generalitat aseguran estar “satisfechos” con las explicaciones ofrecidas por la ministra y las garantías transmitidas desde Moncloa. No obstante, la redacción final de la ley será determinante.
Lo que está en juego no es solo un modelo sanitario, sino la coherencia política del Ejecutivo.
Porque si Cataluña queda blindada mientras se endurecen las restricciones en otras comunidades, el debate ya no será sanitario, sino territorial.